Mientras los incendios forestales avanzan en la Comarca Andina, una investigación judicial apunta a un conflicto interno mapuche como posible origen. Habitantes de la región denuncian criminalización y un trasfondo discriminatorio en las actuaciones de la justicia, en sintonía con señalamientos políticos nacionales.
Un manto de cenizas y desconfianza cubre la zona de El Hoyo y Puerto Patriada, en la provincia de Chubut, donde la tragedia de los incendios forestales se entrelaza con acusaciones de persecución y prejuicio contra comunidades ancestrales. Este martes, miembros de la comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel revelaron haber sido objeto de allanamientos judiciales ordenados por el fiscal Carlos Díaz Mayer, de la Fiscalía de Lago Puelo, mientras aún enfrentaban las consecuencias de las llamas que consumieron al menos cinco de sus viviendas.
La paradójica situación coloca a las propias víctimas del siniestro bajo la lupa de la sospecha. La línea de investigación sugiere que el fuego podría haberse originado a raíz de una disputa territorial interna dentro de la comunidad, una hipótesis que ha generado indignación y rechazo entre los afectados y referentes de los pueblos originarios. Carina Carriqueo, escritora, cantante y activista cultural, expresó con contundencia su desacuerdo: “Siempre recurren al mismo guion, responsabilizan a los integrantes de la comunidad de incendiar sus propios hogares, una idea completamente ilógica. Es la salida más expedita para mostrar una falsa actividad”. Carriqueo, sobrina de Margarita Muñoz, una de las personas allanadas, destacó además el compromiso ambiental de su pueblo: “Las familias mapuches son quienes se dedican a la recuperación del monte nativo después de cada incendio, replantando especies como cipreses y radales que fueron arrasadas”.
Estas acciones judiciales contrastan marcadamente con las declaraciones públicas del propio fiscal Díaz Mayer. En una entrevista radial reciente, el magistrado desestimó categóricamente las teorías promovidas desde el Gobierno Nacional que vinculan a grupos mapuches con una supuesta campaña de incendios intencionales. Calificó esas imputaciones como “lo más alejado de la realidad en la que vivimos” y afirmó que están “totalmente descartadas”. Esta contradicción entre su discurso público y su accionar legal profundiza la percepción de una investigación forzada y selectiva.
El escenario que se despliega en la cordillera chubutense excede, según los denunciantes, la búsqueda de un responsable puntual para los incendios. Para ellos, se trata de un capítulo más de un patrón de criminalización y racismo ambiental, donde la estigmatización histórica hacia los pueblos mapuche y tehuelche encuentra un nuevo pretexto en la catástrofe ecológica. La búsqueda de chivos expiatorios, alegan, opaca la investigación de otras posibles causas y desvía la atención de políticas preventivas y de auxilio efectivo.
Así, la emergencia del fuego en Chubut deja al descubierto una herida social aún más profunda y añeja. Junto a la lucha contra las llamas, las comunidades originarias libran una batalla paralela contra los prejuicios y la discriminación, resistiendo una narrativa que, aseguran, los señala injustamente mientras intentan reconstruir, una vez más, lo que el incendio destruyó.
