Tras una presentación judicial por demoras en el cumplimiento de la normativa, la justicia intimó al gobierno nacional a demostrar avances efectivos en un plazo perentorio. Familias y referentes celebran la medida y advierten sobre sanciones a funcionarios si no hay respuestas.
El Juzgado Federal de Campana, a cargo del magistrado Adrián González Charvay, emplazó de manera urgente al Estado nacional a exhibir pruebas fehacientes de avances sustanciales en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión se adoptó en el marco de una acción colectiva que denuncia retrasos persistentes en la aplicación de la normativa. El tribunal otorgó un plazo de cinco días hábiles para que el gobierno presente documentación que certifique cumplimientos reales, dejando atrás informes vagos o promesas genéricas.
La causa judicial fue iniciada por un padre en representación de sus hijos, dirigida contra el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud. En este contexto, organizaciones vinculadas a la discapacidad destacaron que, a partir de esta resolución, las autoridades deberán aportar “documentos reales” que evidencien el acatamiento de lo dispuesto por la justicia. El juzgado subrayó que no admitirá más reportes ambiguos fundados en “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos”, sino únicamente constancias materiales de progresos verificables.
La resolución judicial ha generado reacciones inmediatas entre familias y activistas. La actriz Valentina Bassi, madre de un niño con discapacidad, se pronunció públicamente respaldando el fallo. A través de sus redes sociales, afirmó con contundencia: «La ley debe cumplirse: si en diez días hábiles no lo hacen, comenzarán las multas para los funcionarios responsables». Sus palabras reflejan un reclamo extendido entre quienes esperan respuestas urgentes del Estado.
La medida judicial marca un punto de inflexión en el reclamo histórico por los derechos de las personas con discapacidad, al convertir exigencias abstractas en obligaciones concretas y sometidas a plazos estrictos. Se espera que, en los próximos días, el gobierno nacional dé señales claras sobre los pasos adoptados para aplicar la ley, bajo la advertencia de consecuencias legales en caso de inacción.
