Sin apertura al diálogo y con proyectos polémicos, el oficialismo confía en forzar su agenda legislativa mientras crecen los cruces con la oposición y los sindicatos.
El Poder Ejecutivo dispuso la convocatoria a un nuevo período de sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollará entre el 2 y el 27 de febrero próximo. Luego de la sanción del Presupuesto 2025 en diciembre, la administración nacional buscará impulsar ahora dos iniciativas centrales de su programa: una reforma laboral que, según sus críticos, recorta derechos históricos de los trabajadores, y una modificación de la Ley de Glaciares que facilitaría la explotación de recursos naturales en áreas protegidas.
Desde la sede gubernamental manifestaron un alto grado de confianza en la aprobación parlamentaria de todos los proyectos enviados, descartando de plano la posibilidad de introducir cambios en su contenido. Fuentes allegadas al Presidente señalaron que, pese a los encuentros técnicos ya iniciados en el Senado –particularmente en la Comisión de Trabajo, a cargo de Patricia Bullrich–, la propuesta laboral mantendrá su redacción original. “Ya hemos cedido demasiado y no estamos dispuestos a hacer más nada”, afirmaron con dureza.
La reforma laboral, que ya obtuvo dictamen en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, está siendo coordinada por la abogada Josefina Tajes, designada por Bullrich, con el objetivo declarado de recoger aportes y sumar apoyos. Sin embargo, desde el círculo íntimo del mandatario aclararon que cualquier escucha será meramente protocolaria: “Los proyectos que envía el Ejecutivo los decide el Ejecutivo. Lo de Patricia es para escuchar. Alguna vez ha pasado que algún aporte tiene valor, pero no va a haber cambios”.
Con tono desafiante, las mismas fuentes aseguraron no anticipar votos en contra de ninguna de las iniciativas y enfatizaron que no retirarán el capítulo referido al impuesto a las Ganancias, aún a costa de perder adhesiones. En una explicación sumaria de su visión económica, definieron el mecanismo que, a su juicio, garantizaría el éxito de la reforma: “Ponemos reglas claras, permitimos a los empresarios contratar y despedir libremente, el capital fluye sin restricciones, se respeta la propiedad privada y, mágicamente, los empresarios invierten, generan empleo y todos somos felices”.
Mientras tanto, el vínculo con la CGT atraviesa una ruptura total. La relación se quebró definitivamente a fines del año pasado, tras las duras críticas del sindicalismo al DNU que reformó la Ley de Inteligencia. En aquel momento, la central obrera emitió un comunicado expresando su “más absoluta oposición y rechazo” a la medida, subrayando que cambios de esa envergadura debían ser discutidos en el ámbito legislativo. Desde el Gobierno respondieron con ironía: “Se hubieran portado mejor. Ahora que se jodan”, y bromearon con que “cuando los chicos se portan mal hay que pegarles”. Actualmente, según admitieron en el oficialismo, la CGT solicita reuniones que son sistemáticamente denegadas.
Respecto al DNU de Inteligencia, allegados al Presidente defendieron su contenido, argumentando que busca “reordenar competencias” en materia de defensa y seguridad, y adelantaron que formará parte de un “paquete de seguridad nacional” que será enviado al Congreso en las sesiones ordinarias de marzo. Aclararon que la normativa no requiere tratamiento parlamentario, pues “ya es ley desde que está publicada”.
En el frente político, los diputados Martín y Lule Menem, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, despliegan una intensa gestión para asegurar los votos necesarios. Santilli mantuvo este lunes un encuentro con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, calificado desde el oficialismo como “muy positivo”. Con este respaldo, ya son cuatro los mandatarios provinciales que públicamente han expresado su acompañamiento a la reforma laboral, sumándose a Leandro Zdero, Ignacio Torres y Alfredo Cornejo.
El primer punto del temario oficial es la llamada “adecuación” de la Ley de Glaciares, una modificación que, según expertos ambientales, representa un retroceso en los estándares de protección al transferir a las provincias la facultad de definir los criterios de preservación, allanando el camino para la explotación minera en zonas actualmente protegidas.
La agenda también incluye la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado recientemente en Paraguay, y la designación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador ante ese bloque.
Quedó excluido, en cambio, el proyecto de reforma del Código Penal, que la exministra Bullrich había esbozado públicamente antes de dejar su cargo. Desde el entorno presidencial admitieron que la demora se debe a la complejidad de reescribir cerca de 900 artículos, postergando su tratamiento para marzo. Asimismo, descartaron por ahora cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia.
Internamente, persisten tensiones en la mesa chica del Gobierno. En la última reunión, el viernes pasado, se enfrentaron posturas entre el ala intransigente –liderada por Federico Sturzenegger, partidaria de no ceder en ningún punto– y sectores más dispuestos al diálogo. Hasta ahora, los primeros llevan la ventaja, aunque la definición final podría depender de las negociaciones de última hora.
