Ante la afirmación de Javier Milei de que “Maquiavelo ha muerto”, surgen voces que advierten sobre un cambio de disfraz y no una superación: ¿Se está subordinando la justicia a la eficiencia, vaciando de sentido el principio moral mismo?
Desde hace un tiempo circula entre algunos sectores una convicción profunda: las actuales autoridades a cargo del destino nacional, junto a ciertos mandatarios que reciben un apoyo incondicional del presidente Javier Milei, no interpelan a la ciudadanía desde la política en su sentido más clásico, sino desde una esfera que atañe a los valores fundamentales: la ética. Recientemente, el discurso pronunciado por el líder argentino en el Foro Económico Mundial de Davos ofrece material más que suficiente para sustentar dicha apreciación.
En un entorno globalizado, Milei lanzó una frase que rápidamente dio la vuelta al planeta: “Maquiavelo ha muerto”. Con ella, pretendió anunciar el ocaso de una antigua concepción según la cual, en el ámbito de lo público, debe optarse entre la eficacia y la equidad. Para el mandatario, tal disyuntiva representa un “falso dilema”. Su propuesta se resume en una máxima aparentemente conciliadora: “lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”. Según su visión, justicia y eficiencia constituyen dos facetas inseparables de una misma realidad.
La formulación, en una primera lectura, resulta atractiva. Sugiere la posibilidad de harmonizar dos dimensiones que históricamente han mostrado tensiones. Sin embargo, una reflexión más detenida suscita interrogantes incómodos. ¿Acaso no nos encontramos, en verdad, frente a una versión renovada y acaso más sofisticada del pensamiento maquiavélico?
El filósofo renacentista Nicolás Maquiavelo legó a la posteridad una idea considerada brutal: el fin justifica los medios. Bajo esta óptica, un gobernante puede —e incluso debe— emplear recursos moralmente reprobables si con ello alcanza un beneficio para el Estado. En tal esquema, la ética y la eficacia política entran en colisión, y esta última se erige en triunfadora.
Obsérvese ahora con detenimiento la formulación presidencial: “lo justo tiene que ser eficiente”. Ese “tiene que” no es una mera descripción, sino una condición ineludible. Se establece así que la justicia, para ser considerada legítima, debe demostrar previamente su eficacia. La eficiencia se transforma de este modo en el árbitro supremo que dictamina qué es justo y qué no lo es.
En este punto resulta inevitable evocar al filósofo Immanuel Kant. Su enseñanza fue crucial: para que una acción sea moral en sentido pleno, debe realizarse por puro deber, por respeto a la ley moral interior, y nunca en función de una recompensa o beneficio esperado. Para Kant, la auténtica ética implica cierta renuncia: a obrar solo por conveniencia, a poner precio a la conciencia. El valor moral reside en la intención pura, no en el resultado útil que pueda obtenerse.
A la luz de este pensamiento, la proposición de atar la validez de la justicia a su eficiencia representa exactamente lo opuesto al imperativo kantiano: se vincula el valor de un acto justo a una recompensa, a un resultado provechoso denominado “eficiencia”. Se le asigna un precio. Y, como señaló otro pensador fundamental, aquello que tiene precio pierde su dignidad intrínseca.
Surge entonces la pregunta crucial, aquella que con frecuencia elude toda respuesta clara: ¿eficiente para quién? ¿Para la totalidad de la sociedad, para los sectores más acaudalados, para los indicadores macroeconómicos abstractos? Cuando este interrogante permanece sin definición, el concepto de “eficiencia” deviene un recipiente vacío, susceptible de llenarse con cualquier contenido. Lo que resulta eficaz para un grupo reducido puede ser, al mismo tiempo, profundamente inequitativo para la mayoría.
Al final del análisis, el mecanismo subyacente parece idéntico al de Maquiavelo, aunque revestido con un lenguaje contemporáneo. En lugar de proclamar que “el fin (eficiente) justifica los medios (injustos)”, se afirma que “solo lo eficiente puede ser considerado justo”. En ambos casos, la brújula deja de ser un principio ético inquebrantable —como la dignidad humana, la igualdad o el deber puro— y se convierte en un mero cálculo de resultados y réditos.
Por ello, ante la declaración de la muerte de Maquiavelo, hay quienes perciben que solo ha fenecido la caricatura más tosca de su ideario. La esencia de subordinar el valor de las acciones a un resultado práctico permanece vigente, ahora oculta bajo el ropaje de un lenguaje técnico, económico y de una eficiencia que olvida que lo verdaderamente justo, en ocasiones, no se mide en ganancias materiales, sino en el cumplimiento de un deber que asumimos sin cuestionar su utilidad inmediata.
No caben equívocos: una comunidad que solo valora lo “eficiente” —sin debatir previamente su finalidad y sus beneficiarios— puede edificar autopistas veloces, pero no construye una nación justa. Puede generar riqueza, pero concentrada, no bienestar compartido.
La auténtica superación del legado maquiavélico no proviene de declarar su defunción, sino de reafirmar con contundencia que existen principios que trascienden cualquier cálculo. Que la justicia, la libertad y la dignidad humana son fines en sí mismos, no instrumentos al servicio de una eficiencia de contornos siempre difusos. Son, en palabras kantianas, un imperativo categórico: algo que debemos hacer, sencillamente porque es lo correcto.
