Un nuevo percance ferroviario reaviva el temor colectivo y reabre el debate sobre la capacidad del país para mantener una red de alta velocidad que creció a un ritmo vertiginoso.
La seguridad del sistema ferroviario español vuelve a ser puesta bajo una lupa implacable. Un violento impacto entre una grúa y un convoy de cercanías, ocurrido apenas noventa y seis horas después de la catástrofe que segó cuarenta y cinco vidas en Adamuz, ha encendido todas las alertas y sumido a la ciudadanía en un estado de profunda inquietud. El suceso, que por fortuna no dejó víctimas mortales, dispara de manera urgente la discusión en torno al mantenimiento de las infraestructuras y la sostenibilidad de una red que se expandió de forma extraordinaria.
España ocupa el segundo lugar a nivel mundial, únicamente superada por China, en extensión de trazados destinados a trenes de alta velocidad. Este hito, antaño motivo de orgullo y símbolo de modernidad, comienza a ser objeto de un escrutinio severo. Analistas y expertos se preguntan ahora si una economía de dimensiones medias dentro del contexto europeo posee la solvencia necesaria para sustentar y conservar de manera óptima semejante entramado.
La hecatombe del pasado domingo en la provincia de Córdoba, que este jueves concluyó su doloroso balance con la recuperación de los dos últimos cuerpos, había ya colocado el tema en el centro de la actualidad. No obstante, su eco se ve amplificado por una serie de contratiempos previos —continuados retrasos, descarrilamientos y diversos incidentes de menor gravedad— que fueron deteriorando progresivamente la reputación de un servicio ejemplar durante décadas.
El sistema, inaugurado en 1992 con el corredor que unió Madrid y Sevilla, se erigió en un estandarte tecnológico y de eficacia. Su imagen traspasó fronteras, culminando con la adjudicación del millonario contrato para construir la línea saudí entre La Meca y Medina, un proyecto que años después salpicaría al emérito rey Juan Carlos por unas presuntas comisiones. Aquel éxito internacional parecía consolidar un modelo impecable.
Sin embargo, la rápida expansión de la red, que hoy comunica las principales urbes del país, parece mostrar ahora su contracara. La psicosis reinante tras el último choque evidencia una crisis de confianza. La pregunta que sobrevuela los despachos ministeriales y las mesas de los expertos es clara: ¿el sueño de la alta velocidad española ha crecido más rápido que la capacidad para garantizar su absoluta y permanente seguridad?
La polémica está servida, y las demandas de una investigación exhaustiva y de mayores inversiones en conservación ya resuenan con fuerza en el Congreso y en los medios de comunicación. La sociedad española, consternada, aguarda respuestas.
