La modificación en la tabla de evaluación de incapacidades, impulsada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, recorta los porcentajes de lesiones frecuentes y excluye patologías comunes, generando críticas entre especialistas y un aumento en la litigiosidad.
Una reforma en la tabla médica utilizada para cuantificar las incapacidades laborales ha generado un fuerte rechazo entre abogados especializados y organizaciones de trabajadores. El decreto 549/2025, que actualiza un baremo vigente desde 1996, reduce significativamente los porcentajes de incapacidad reconocidos para diversas enfermedades profesionales y lesiones, lo que se traduce en una merma directa en el monto de las indemnizaciones. La normativa excluye además dolencias frecuentes, como los dolores lumbares y cervicales, y limita el reconocimiento de afecciones psicosociales.
La nueva tabla fue elaborada por el Comité Consultivo Permanente, un organismo dependiente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a cargo de Gustavo Morón. Este mismo funcionario ocupó el puesto durante la administración de Mauricio Macri, período en el que se impulsó una modificación legal para obligar a los reclamos a pasar primero por una instancia administrativa, antes de llegar a la justicia. Si bien el argumento oficial fue la descongestión judicial, los resultados apuntan en dirección contraria, dado el abismo entre lo que ofrece la SRT y lo que suele fallar un juez.
Expertos en derecho laboral advierten que el cambio agravará aún más la conflictividad. Señalan que la reforma carece de fundamentos técnicos, médicos o económicos demostrables y responde principalmente a intereses de las aseguradoras de riesgo de trabajo, muchas de ellas vinculadas a grandes grupos de medicina prepaga. “Se aprecia a simple vista una alteración económico-financiera del sistema”, afirma Gastón Valente, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de La Plata. “Las aseguradoras seguirán cobrando la misma cuota, pero pagarán menos”, agrega.
Entre los ejemplos más destacados de reducción se encuentran la hipoacusia, las lesiones de rodilla y las hernias de disco, cuyos porcentajes máximos de incapacidad han sido recortados de manera sensible. Patologías como la osteomielitis, que en el ámbito previsional puede alcanzar el 70%, ahora se evalúan con un mísero 1% o 2%. Tampoco se contemplan las cervicalgias, lumbalgias, ni secuelas por violencia laboral, mientras que los trastornos psiquiátricos solo se reconocen si derivan de un “evento impactante aterrador”.
Otro punto polémico es el carácter retroactivo de la norma. Esta se aplicará a todos los casos en los que, al momento de su vigencia, no se hubiera firmado un dictamen de incapacidad, sin importar cuándo ocurrió el accidente o enfermedad. Esta cláusula explica, según los letrados, la marcada demora que se observa desde hace meses en las resoluciones de los cuerpos médicos de la SRT, que habrían postergado evaluaciones a la espera de la nueva tabla.
“El decreto es completamente perjudicial para los trabajadores”, sostiene María Agustina Elías, secretaria general de la Asociación de Abogados del Fuero. “Se habla de industria del juicio, pero lo que existe es una industria del incumplimiento por parte de las ART, que fuerza a la gente a judicializar sus reclamos”, remarca. En la misma línea, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, calificó al sistema como “perverso” y afirmó que la reforma lo hace “aún más perverso”.
La aprobación del baremo en el Comité Consultivo Permanente, ocurrida el 3 de diciembre de 2024, contó con el único voto en contra de la CTA de los Trabajadores. Los representantes empresariales apoyaron la modificación, mientras que la CGT se limitó a pedir un “seguimiento permanente” de su aplicación. La medida, que ya está en vigencia, profundiza la desprotección de los trabajadores y augura un incremento en los conflictos legales en un sistema que, según los especialistas, prioriza los números fríos sobre la salud de las personas.
