El ministro del Interior avanza en su gira provincial buscando respaldos clave. Mientras varios gobernadores muestran apoyo público, las negociaciones destapan grietas internas y condicionamientos que pondrán a prueba la estrategia oficialista en ambas cámaras.
El ministro del Interior, Diego Santilli, despliega una intensa agenda de consenso en las provincias, intentando allanar el camino para la polémica reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. A lo largo de enero, su itinerario ha cubierto seis jurisdicciones, obteniendo el respaldo explícito de cuatro gobernadores. Según fuentes oficialistas, el balance es alentador, ya que no se han registrado rechazos categóricos entre sus aliados habituales o los sectores dispuestos al diálogo, lo que alimenta la esperanza de que todo pueda ser objeto de negociación.
El último jueves, en Entre Ríos, Santilli y el gobernador Rogelio Frigerio aparecieron juntos en conferencia de prensa. Frigerio no solo ofreció un “apoyo contundente” al proyecto, sino que lo defendió como una herramienta para “incluir y dar derechos a los trabajadores que no los tienen”. Sin embargo, no todas las escalas han sido tan claras. En Neuquén, el mandatario Rolando Figueroa se mostró ambivalente: si bien prometió acompañar las iniciativas que impulsen el desarrollo y recordó el antecedente reformista de su provincia, condicionó su posición al impacto local de la ley y renovó un fuerte reclamo por una deuda histórica de la Nación. “Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén”, declaró, marcando la pauta de una negociación que irá más allá del texto laboral.
En cada parada, Santilli insiste en que “ningún gobernador puede estar en contra” de una norma que promete generar empleo privado y atraer inversiones. No obstante, una y otra vez se topa con una preocupación común: los artículos que reducen impuestos como Ganancias y que, según los cálculos provinciales, recortarían en aproximadamente un billón de pesos los recursos coparticipables. Desde el Gobierno central se argumenta que el costo fiscal de esta rebaja, estimado en un 0,65% del PBI, será compensado por el dinamismo económico y la formalización de cientos de miles de trabajadores.
Este debate fiscal expone también las tensiones dentro del propio oficialismo. Mientras algunas figuras, como Patricia Bullrich, se muestran proclives a realizar concesiones hacia las provincias, otras, como el ministro de Economía Luis Caputo, prefieren mantener el proyecto sin alteraciones.
El escenario clave es el Senado. El oficialismo cuenta con una base firme de 21 votos propios más tres del PRO. A estos se suman los diez senadores de la UCR, que ya acompañaron el dictamen en comisión y votaron el Presupuesto, aunque su bloque está dividido entre legisladores alineados con gobernadores y otros considerados “sin techo” político. Mandatarios como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco) han expresado públicamente su simpatía por la reforma, destacando la necesidad de previsibilidad y crecimiento.
Con 34 votos prácticamente asegurados, la administración necesita atraer a un puñado de senadores provinciales para alcanzar el quórum de 37. La mira está puesta en representantes de Chubut, Salta, Neuquén, Santa Cruz y Misiones, cuyos gobernadores mantienen un diálogo fluido con el Gobierno. El caso de Salta es emblemático: Gustavo Sáenz ha llamado a “no tenerle miedo al cambio”. Además, el oficialismo confía en sumar a peronistas disidentes de Catamarca y Tucumán, lo que podría elevar la cuenta final por encima de los 40 votos para la aprobación en general.
En la Cámara de Diputados, el camino también parece estrecho pero transitable. Partiendo de una base de 109 votos (oficialismo, PRO y MID), el Gobierno necesita llegar a 129. Los respaldos anunciados por gobernadores como los de Salta y San Juan, sumados al apoyo esperado del radicalismo y los peronistas disidentes, acercarían la cuenta a 121 votos. Las negociaciones con bloques provinciales clave de Misiones, Neuquén, Santa Cruz y San Luis podrían proporcionar los apoyos faltantes para cruzar la línea de meta.
Esta compleja pulseada legislativa se entrelaza con otros intereses provinciales. Las regiones mineras, por ejemplo, observan con atención el paralelo avance de un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, que promete mayor autonomía para habilitar emprendimientos. Así, el destino de la reforma laboral podría decidirse en un tablero más amplio, donde las lealtades se negocian en un intrincado intercambio de favores y concesiones. La gira de Santilli, más que un mero recorrido de cortesía, se revela como una pieza fundamental en este delicado rompecabezas político.
