El Ministerio de Defensa colocó al frente de la inteligencia militar a un oficial formado en Estados Unidos, en el marco de la polémica reforma que concentra el control en el ámbito castrense y reduce la injerencia civil.
El gobierno nacional avanza en la profunda transformación del sistema de inteligencia argentino, una metamorfosis que consolida el poder de las Fuerzas Armadas en el área sensible y aleja progresivamente la supervisión de manos civiles. En un movimiento significativo, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, designó al contraalmirante Pablo Javier Barbich como director general de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGI-EMCO), el organismo clave que ahora centralizará las tareas de inteligencia estratégica militar.
Esta decisión se inscribe dentro del extenso Decreto de Necesidad y Urgencia 941, rubricado por el presidente Javier Milei el último día del año pasado. La normativa, de alcance controversial, eliminó de un plumazo la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), una dependencia que respondía directamente al ministro de Defensa y cuya conducción podía estar a cargo de personal civil. El Ejecutivo justificó la medida arguyendo una superposición de funciones con la DGI-EMCO, aunque analistas y exfuncionarios interpretan el paso como una concesión a los históricos reclamos de la corporación castrense para incrementar su autonomía y dominio sobre el sector. En la práctica, esta reestructuración priva al titular de la cartera de Defensa de un órgano de inteligencia propio, diluyendo el control político y administrativo que ejerció durante años la autoridad civil.
La reciente resolución ministerial, firmada por Presti, establece que la DGI-EMCO, pese a mantener su dependencia orgánica dentro del Estado Mayor Conjunto, reportará de forma directa al ministro. Este cambio institucional ocurre en paralelo a los primeros pasos de la flamante Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), un consejo que aglutina a los principales organismos del sector, como la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el Ministerio de Seguridad y la Unidad de Información Financiera, y del cual Barbich será un participante central en su rol de enlace con el ámbito castrense.
El perfil del nuevo jefe de la inteligencia militar no pasa desapercibido. Pablo Javier Barbich, de 56 años y una carrera desarrollada íntegramente en democracia dentro de la Armada, posee un capital político-internacional considerado crucial para la actual administración: un vínculo estrecho y de larga data con los Estados Unidos. Este rasgo se alinea con la prioridad geopolítica declarada del gobierno de Milei. Barbich fungió como enlace de la extinta DNIEM en Washington durante la gestión de Mauricio Macri y se formó en prestigiosas instituciones de estudios hemisféricos en territorio norteamericano, un espacio académico que también frecuentaron figuras prominentes de La Libertad Avanza.
No obstante, el DNU 941, piedra angular de esta reestructuración, navega en aguas turbulentas. Se acumulan los desafíos judiciales, con al menos cinco presentaciones ante la Justicia que impugnan su constitucionalidad. Los críticos focalizan sus objeciones en los amplísimos poderes otorgados a la SIDE, que ahora podría proceder a detenciones sin orden judicial e incluso requerir el auxilio de las Fuerzas Armadas para misiones de inteligencia interior, un punto que genera alarma entre defensores de las garantías civiles. Mientras los tribunales pospusieron el análisis argumentando el receso estival, en el recinto del Congreso Nacional la oposición evalúa sumar los votos necesarios para derribar el decreto, emulando el éxito logrado semanas atrás al rechazar la asignación de fondos reservados millonarios para el mismo organismo de inteligencia. El tablero de la inteligencia argentina, así, se redefine entre designaciones estratégicas, resistencias políticas y un profundo debate sobre los límites del poder estatal.
