La designación de Pablo Javier Barbich al frente de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto reaviva el debate sobre los vínculos entre funcionarios del gobierno actual y el terrorismo de Estado. Su padre, un ex alto mando naval, defendió públicamente los métodos de la última dictadura y negó el robo sistemático de bebés.
La sombra del terrorismo de Estado se proyecta sobre varios de los nombramientos clave del gobierno de La Libertad Avanza. Uno de los casos que genera mayor controversia es el del contralmirante Pablo Javier Barbich, designado para dirigir la inteligencia militar. Su figura trae consigo un apellido ligado a la defensa pública de los métodos represivos de la última dictadura cívico-militar.
El jueves pasado, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, rubricó una resolución que coloca a Barbich al mando de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Esta área será crucial, ya que, según los cambios introducidos por el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia, deberá coordinar sus acciones con la Secretaría de Inteligencia del Estado. El apellido Barbich ya había sonado con fuerza en octubre, cuando Marcelo Barbich, hermano mayor del ahora jefe de inteligencia, ascendió al grado de capitán de navío en una ceremonia realizada en el Edificio Libertador. En aquel momento, voces castrenses presentaron su promoción como una suerte de revancha histórica, argumentando que su carrera había sido obstaculizada durante los gobiernos kirchneristas debido a sus antecedentes familiares.
Tanto Pablo como Marcelo son hijos de Alberto César Barbich, oficial de la Armada Argentina entre 1946 y 1982, quien falleció en 2022. Durante la dictadura, el padre ocupó cargos de relevancia en la Secretaría General de la Marina y comandó el destructor Hércules. Entre febrero de 1980 y enero de 1981, asumió la Dirección de Instrucción Naval, posición desde la cual ejerció como jefe directo del director de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más emblemáticos, por el que se estima pasaron unos cinco mil detenidos-desaparecidos.
Fue el propio Alberto Barbich quien calificó para el cargo a Edgardo Otero, el hombre que reemplazó a Rubén Jacinto Chamorro al frente de la ESMA. Otero, ya fallecido, fue condenado posteriormente a largas penas de prisión por crímenes de lesa humanidad y por la apropiación de un bebé. El nombre del padre figura de manera prominente en el libro Culpables para la sociedad, impunes para la ley, publicado en 1988 por organismos de derechos humanos, donde se lo señalaba como corresponsable, por su cargo, de todos los centros clandestinos que dependían de la Armada.
Alberto Barbich no solo formó parte de la estructura de mando durante la represión, sino que luego se dedicó a abogar públicamente por la impunidad de sus camaradas. El 20 de marzo de 1987, fue uno de los ochenta y nueve almirantes firmantes de una solicitada publicada en el diario La Nación. En ella, el autodenominado Consejo de Almirantes, que incluía entre sus rúbricas al abuelo materno de la vicepresidenta Victoria Villarruel, defendía la actuación «institucional y orgánica» de la fuerza en lo que llamaban «la guerra legítima contra el terrorismo subversivo». Este argumento sería después desmentido por testimonios como el del represor Adolfo Scilingo, quien detalló la naturaleza sistemática y ordenada desde la cúpula de los vuelos de la muerte.
Su activismo a favor de la impunidad continuó en las décadas siguientes. Ya como presidente del Grupo de Almirantes Retirados, Barbich emitió en julio de 2000 una declaración iracunda contra la justicia, tildando de «inexistente» el plan sistemático de apropiación de menores y denunciando una «complicidad ideológica» en los poderes del Estado. La furia del grupo estallaba como respuesta a la confirmación judicial de los procesamientos de ex camaradas por el robo de bebés.
Alberto Barbich mantuvo siempre un perfil público elevado, incluso presidiendo la Sociedad Militar Seguro de Vida, una entidad señalada en múltiples causas por brindar apoyo logístico y económico a represores imputados. Con la reapertura de los juicios por lesa humanidad, su nombre reapareció cuando fue convocado como testigo de la defensa de Héctor Febres, el prefecto de la ESMA acusado de entregar bebés, quien apareció muerto antes de la sentencia. Además, en 2008, el juez federal Sergio Torres recibió denuncias anónimas que implicaban a Barbich en actividades represivas.
Un debate que persiste
Ninguna de las acciones del padre puede, ni debe, ser atribuida automáticamente a los hijos. Sin embargo, este nombramiento reabre un debate profundo sobre la memoria, la justicia y la simbología en los altos cargos del Estado. Colectivos como Historias Desobedientes, integrados por familiares de genocidas que repudian esos legados, vienen exigiendo que quienes ocupan funciones públicas se pronuncie con claridad sobre los crímenes de la dictadura. Esta demanda alcanzó el año pasado a la propia vicepresidenta Villarruel, por la actuación de sus familiares.
La polémica no se limita al nuevo jefe de inteligencia militar. El propio ministro de Defensa que lo designó, Carlos Presti, lleva su propia carga histórica familiar. Su padre, Roque Presti, llegó a estar procesado por crímenes de lesa humanidad como jefe del Regimiento 7 de La Plata, con intervención en casos emblemáticos como la Noche de los Lápices. Al ser consultado sobre las acusaciones que señalan a su progenitor como «genocida», el ministro se limitó a calificarlas como temas de «historia».
La designación de Pablo Barbich, en este contexto, trasciende la mera gestión administrativa. Se transforma en un gesto político que reaviva preguntas incómodas sobre la continuidad de ciertas lecturas del pasado en las estructuras de poder del presente, y sobre el mensaje que envía un gobierno al colocar en puestos sensibles a personas con estrechos vínculos familiares con quienes justificaron o negaron el terrorismo de Estado.
