El Gobierno justificó la elección de una empresa india por sobre el grupo que lidera Paolo Rocca, al que acusó de un sobreprecio inicial del 40%. La amenaza de cierre de una planta local intensificó la disputa.
Un profundo desacuerdo enfrenta al gobierno nacional con el conglomerado industrial Techint, luego de que el consorcio Southern Energy adjudicara un contrato crucial para el gasoducto troncal de Vaca Muerta a la firma india Welspun, desplazando a la oferta local. La decisión, lejos de pasar desapercibida, desató una agria controversia pública que obligó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a fundamentar públicamente los motivos del rechazo a la empresa de Paolo Rocca.
Según explicó el funcionario a través de sus redes sociales, la propuesta inicial de Techint presentaba un sobreprecio cercano al cuarenta por ciento en comparación con la oferta ganadora. Sturzenegger argumentó con firmeza que homologar esa diferencia hubiera tenido consecuencias económicas negativas de amplio espectro. Tubos más onerosos, sostuvo, se traducirían directamente en una merma en la rentabilidad del estratégico proyecto de exportación de gas, lo que recortaría inversiones futuras, afectaría la creación de empleo y limitaría el volumen de ventas al exterior.
El ministro amplió el razonamiento al señalar que, con un precio internacional del gas establecido, ese costo adicional inevitablemente se trasladaría al valor final de la energía, gravando así a numerosas compañías, incluidas las pequeñas y medianas, y a los consumidores residenciales. Para Sturzenegger, la elección del insumo más económico es un principio fundamental de la apertura comercial que impulsa la administración de Javier Milei, ya que abaratar importaciones mejora el tipo de cambio real y beneficia a otros sectores exportadores.
La polémica adquirió un nuevo matiz cuando, según versiones, Techint habría manifestado su disposición a igualar el precio de la firma india una vez abiertas las ofertas, e incluso reclamó un supuesto derecho de preferencia para mejorar cualquier propuesta de la competencia. El ministro rechazó de plano esta posibilidad, advirtiendo que semejante mecanismo destruiría la credibilidad de los procesos licitatorios. Si los oferentes supieran que una empresa puede superar sus posturas al final del proceso, simplemente dejarían de presentarse, erosionando la competencia y garantizando costos más elevados a largo plazo.
El conflicto se enmarca en el ambicioso proyecto de Southern Energy para licuar y exportar gas desde Vaca Muerta hacia Alemania, un plan considerado vital para la entrada de divisas. La provisión de los tubos para el gasoducto de casi quinientos kilómetros constituye uno de los contratos de mayor envergadura dentro de ese esquema.
La tensión política escaló notablemente con la filtración de una advertencia del lado de Techint, que dejó entrever la posibilidad de clausurar su planta de Tenaris en Valentín Alsina de no resultar adjudicataria. Esta movida, interpretada en el gobierno como una presión extrema, no fue bien recibida por una administración que busca redefinir su vínculo con los grandes grupos económicos, promoviendo la competencia y habilitando importaciones para abaratar insumos clave en el sector energético. La pulseada expone así la compleja transición que pretende imponer el oficialismo en la tradicional dinámica entre el Estado y la poderosa industria nacional.
