Mientras las llamas consumen miles de hectáreas y amenazan directamente a localidades como Cholila y Esquel, los gobernadores de la región reclaman al Congreso y al Ejecutivo nacional la declaración de una emergencia ígnea que destrabe fondos y recursos críticos para enfrentar la catástrofe.
Un manto de humo y cenizas cubre extensas porciones de la Patagonia, donde los incendios forestales persisten sin clemencia, desatando una crisis de dimensiones colosales. Autoridades provinciales confirmaron este martes que las llamas han devorado una superficie equivalente a veinte veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un saldo preliminar que supera las doscientas veinte mil hectáreas arrasadas en toda la región. El fuego, alimentado por condiciones climáticas adversas, no cede en su avance implacable.
La situación adquiere un cariz particularmente dramático en la provincia de Chubut. Allí, tres grandes focos de incendio mantienen en vilo a poblaciones enteras. Las llamas se aproximan peligrosamente al ejido urbano de Cholila, encontrándose a menos de dos kilómetros, mientras avanzan también en dirección a la ciudad de Esquel. Más de seiscientos combatientes, entre brigadistas estatales y voluntarios, libran una batalla titánica contra los elementos, con el apoyo reciente de refuerzos llegados desde Chile.
Desde el terreno, la descripción es de extrema gravedad. Laura Mirantes, coordinadora del Comité de Operaciones de Emergencia de Chubut, explicó que la principal amenaza reside en la volubilidad de los vientos, que obliga a reevaluar la estrategia de combate minuto a minuto. En Cholila y en Villa Lago Rivadavia, los vecinos, además de enfrentar las llamas, padecen la falta de agua. Muchos realizan tareas desesperadas de defensa de sus hogares, desmalezando y humedeciendo sus propiedades, mientras otros han debido evacuar sus viviendas.
La voz de los afectados resuena con un mix de angustia y reclamo. Pobladores como Daniel Nataine, cuyo camping sirve ahora de base operativa, reconocen el esfuerzo heroico de los brigadistas pero alertan sobre las consecuencias a largo plazo: la devastación total del forraje y el monte bajo condena a una lenta agonía invernal al ganado sobreviviente. Desde su perspectiva, la catástrofe es también el fruto de políticas de desregulación y de una mirada estatal que, afirman, minimizó los riesgos.
Frente a esta escalada, los mandatarios patagónicos cerraron filas en un pedido unánime y urgente al poder nacional. Los gobernadores de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz exigieron al Congreso el tratamiento inmediato de la Ley de Emergencia Ígnea. Esta legislación es vista como un instrumento fundamental para liberar partidas presupuestarias extraordinarias, agilizar la incorporación de medios aéreos y de equipamiento especializado, y establecer un marco de colaboración ágil entre la Nación y las provincias.
Ignacio Torres, gobernador de Chubut, subrayó con firmeza la necesidad de contar con herramientas excepcionales para una coyuntura climática que calificó de extraordinaria. Su par de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aunque no directamente afectado por estos focos, respaldó la iniciativa enfatizando la premura de disponer de fondos para la prevención y el combate. A su vez, Claudio Vidal, de Santa Cruz, criticó los obstáculos burocráticos y abogó por mecanismos de intervención rápida y coordinada que trasciendan jurisdicciones, especialmente cuando hay vidas y poblaciones en riesgo.
El reclamo político pone el foco en la administración del Presidente Javier Milei, cuestionada por los gobernadores por una respuesta considerada insuficiente ante la magnitud del desastre. La exigencia de celeridad y recursos choca contra un escenario donde, según denuncian desde la zona, la negación del cambio climático y ciertas políticas de ajuste habrían debilitado la capacidad de prevención y respuesta del Estado. La Patagonia arde, y sus llamas iluminan una crisis que es, a la vez, ambiental, social y profundamente política.
