La coalición oficialista enfrenta resistencias inesperadas en la Cámara Baja mientras busca acelerar la sanción de la ley antes de marzo. Legisladores clave advierten sobre la necesidad de un debate profundo y reclaman modificaciones al proyecto.
Con el reinicio de las sesiones legislativas, los focos se concentran en el controversial proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Tras un período de descanso, los parlamentarios retoman sus actividades en un clima de negociaciones tensas y plazos ajustados. La iniciativa, que ya cuenta con dictamen de comisión, tendría su debate inicial en el Senado durante la segunda semana de febrero, con el objetivo declarado de convertirse en ley antes del inicio de marzo. Sin embargo, lo que parecía un camino expedito comienza a mostrar obstáculos significativos.
Desde el espacio liderado por Cristian Ritondo, integrante del PRO, expresaron serias reservas respecto a la celeridad del proceso. Aseguran que modificaciones de esta envergadura no pueden tratarse de manera apresurada y demandan un análisis exhaustivo, artículo por artículo, para discernir qué herramientas efectivamente fomentarán el empleo registrado y cuáles requieren perfeccionamiento. Subrayan que su posición definitiva dependerá del texto que finalmente emane de la Cámara Alta.
La postura crítica encuentra eco en Oscar Zago, diputado aliado del oficialismo, quien cuestionó abiertamente los términos y la premura del debate. En declaraciones a este medio, Zago manifestó su descontento al ser incluido en los cálculos de apoyo gubernamental sin un diálogo previo. “No tenemos posición, está todo a discutir”, afirmó, remarcando que una transformación de las normas laborales no puede realizarse de un día para el otro. El legislador insistió en la necesidad de escuchar a todos los sectores involucrados –empresarios, trabajadores y pymes– para lograr una reforma con vocación de permanencia.
Estas voces disonantes, agrupadas en el interbloque “Fuerzas del Cambio” junto a la UCR, chocan frontalmente con la estrategia del Ejecutivo, que aspiraba a un tratamiento exprés en respuesta a las presiones de los sectores empresariales y sindicales, críticos del texto denominado de “modernización”. El PRO y el MID suman catorce votos que La Libertad Avanza consideraba cautivos, basándose en su condición de aliados y en declaraciones previas a favor de una actualización laboral. Con esos apoyos y sus noventa y cinco propios, el oficialismo proyectaba comenzar febrero con ciento nueve votos asegurados, a solo veinte del quórum necesario.
Desde el macrismo, si bien valoraron que el proyecto oficial tome como base una iniciativa propia sobre trabajo en plataformas, reiteraron que su acompañamiento no es automático. Enfatizaron su compromiso con una modernización laboral responsable, dialogada y sin atajos, dejando en claro que su voto final dependerá de que la reforma promueva genuinamente más empleo formal, previsibilidad y desarrollo.
La incertidumbre se potencia por el rol que jugará la Cámara de Diputados. Al ser el Senado el que tratará primero la iniciativa, la Cámara Baja quedará en posición de revisora, lo que, según analistas, limitará drásticamente las posibilidades de introducir modificaciones sustanciales y frustrará las aspiraciones de los bloques de dejar su marca en el texto final.
La agenda que impulsan la ministra Patricia Bullrich y el presidente del Senado, Martín Menem, es extremadamente ajustada: prevén la aprobación definitiva en la última semana de febrero, sorteando incluso los feriados de carnaval. Un cronograma que, a la luz de las recientes objeciones, parece cada vez más ambicioso y susceptible de generar nuevas fracturas en el ya complejo mapa político que rodea a esta reforma clave.
