Tras una reunión en Salta, los mandatarios del NOA mostraron una tibia disposición a acompañar la iniciativa del Gobierno nacional, pero exigieron compensaciones por la pérdida de fondos. La interna oficialista entre la negociación y la intransigencia tensa la cuerda a menos de dos semanas del debate en el Senado.
Un clima de cordialidad aparente, plasmado en fotografías con sonrisas, encubrió las profundas tensiones y los condicionamientos que marcaron el encuentro entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y los gobernadores del noroeste argentino. La cita, celebrada en la Casa de la Provincia de Salta, tuvo como escenario central la crucial reforma laboral que el oficialismo pretende sancionar el próximo 11 de febrero. Sin embargo, el núcleo del debate se desplazó rápidamente de los efectos sobre los trabajadores al impacto en las debilitadas arcas fiscales provinciales.
Los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) expresaron de manera unánime una retórica comprensiva hacia «la necesidad de una reforma». No obstante, advirtieron con firmeza que cualquier avance debe contemplar «la realidad fiscal de las provincias», haciendo alusión directa al polémico artículo 191, que reduce ingresos coparticipables. Esta disposición, según alertó Jaldo en sus redes sociales, podría profundizar la crítica situación financiera que atraviesan los estados provinciales, ya golpeados por la caída en la recaudación.
La visita del ministro Santilli, presentada como sorpresiva, operó como un intento del Ejecutivo nacional por contener los reclamos y asegurar los votos indispensables en la Cámara alta. Sin embargo, el mensaje que trasladó desde Balcarce 50 no ofreció garantías concretas. Fuentes cercanas a la negociación revelaron que la postura oficial supedita cualquier compensación económica a un previo acompañamiento parlamentario a la reforma íntegra, una suerte de cheque en blanco que generó resquemor entre los jefes provinciales. Esta dinámica, percibida como un sistema de premios y castigos, comenzó a resquebrajar la estrategia de negociación individual.
Ante la inflexibilidad de los sectores más duros del Gobierno, comandados por el ministro de Economía, Luis Caputo –quien se niega a modificar el artículo referido a Ganancias–, los gobernadores dialoguistas iniciaron movimientos para forjar un frente común. Coordinan una reunión en el Consejo Federal de Inversiones para la próxima semana, buscando replicar la experiencia de presión colectiva que en el pasado les permitió avanzar con la transferencia de fondos nacionales. «Empiezan a entender la necesidad de tener una postura común para ganar fuerza», señaló una fuente con conocimiento de las tratativas.
Mientras tanto, la interna gubernamental exhibe sus contradicciones. Santilli, actuando como catalizador de reclamos pero con limitado poder de decisión, calificó el encuentro como «positivo» y enfatizó el deseo de «formalización laboral». No obstante, en la Casa Rosada conviven dos líneas enfrentadas: la que promueve una apertura negociadora y la encabezada por Caputo, que se muestra reacia a todo concessión. Esta pugna podría tener un costo político severo, arriesgando la pérdida de artículos clave durante la votación particular en el Senado.
El oficialismo mantiene una frágil confianza en sus números, proyectando alrededor de 44 apoyos. Sin embargo, ese cálculo se ve amenazado por las tensiones latentes dentro del interbloque justicialista, donde ya se escuchan voces que hablan de posibles «fugas» de votos. En este contexto de incertidumbre, cada gesto adquiere relevancia. La gira federal de Santilli continuará en Corrientes y Misiones, buscando asegurar el apoyo de otros gobernadores con escaños cruciales. En un tablero donde las negociaciones están más abiertas que nunca, la unidad de los mandatarios podría convertirse en el factor decisivo para torcer el brazo de un Gobierno que juega sus cartas entre la persuasión y la imposición.
