El tribunal consideró que no existe motivo para habilitar la feria judicial, mientras el gobierno provincial alega que la medida del Ejecutivo nacional vulnera la autonomía territorial y compromete la gestión de una infraestructura estratégica.
El Juzgado Federal con sede en Ushuaia desestimó la solicitud formulada por las autoridades fueguinas para obtener una medida cautelar inmediata que frenara la intervención del puerto local, dispuesta días atrás por el Poder Ejecutivo nacional. En su resolución, el magistrado a cargo sostuvo que no se advierten circunstancias excepcionales que justifiquen la apertura de la feria judicial, descartando así la urgencia reclamada por la provincia.
La polémica se desató la semana pasada, cuando el Gobierno central decretó la intervención administrativa de las instalaciones portuarias de Ushuaia por el término de un año. La decisión, formalizada mediante la Resolución 4/2026, se fundamentó en la presunta existencia de irregularidades de carácter financiero y deficiencias en la infraestructura.
Frente a esta determinación, el mandatario provincial Gustavo Melella expresó su enérgico rechazo e inició acciones legales para revertirla. Paralelamente, comenzó a articular respaldos tanto políticos como sindicales dentro de la jurisdicción. Tras un encuentro con representantes gremiales del puerto, el Gobernador afirmó que la intervención constituye un ataque directo a la autonomía de Tierra del Fuego y amenaza la administración de un enclave logístico de valor estratégico.
Desde el ámbito judicial, no solo se negó la procedencia de un tratamiento urgente del recurso presentado contra la firma del presidente Javier Milei, sino que además se requirió un pronunciamiento de la fiscalía respecto a la competencia del juzgado para dirimir el conflicto entre la administración nacional y la provincial. Asimismo, se solicitó a los fiscales que evalúen si el gobernador tiene legitimación para actuar en la causa, función que en principio correspondería a la Fiscalía de Estado fueguina.
En consecuencia, se instruyó al secretario Legal y Técnico de la provincia, Emiliano Fossatto, que tramite la matrícula federal necesaria para poder participar formalmente en el proceso ante la Justicia Federal. Fossatto, por su parte, reafirmó la denuncia por lo que calificó como “violación del convenio de cesión del puerto de la Nación a la provincia y la ausencia de transparencia en el uso de los recursos desde que se decretó la intervención”.
“Estamos agotando todas las instancias, tanto judiciales como políticas, para proteger la gestión provincial sobre un puerto clave, la autonomía de nuestro territorio y los puestos de trabajo de quienes garantizan su operatividad diaria”, aseguró Melella.
La medida adoptada por el Gobierno nacional ha generado inquietud en diversos sectores, en especial por la coincidencia con el estrechamiento de vínculos con Estados Unidos, la reciente llegada de una aeronave norteamericana a suelo fueguino y las reiteradas visitas de altos mandos del Comando Sur estadounidense a la zona, quienes han manifestado abiertamente su interés en establecer una base militar para vigilar el tráfico marítimo del Canal de Beagle.
