Mientras incendios devastadores consumen el sur argentino, el Ejecutivo nacional responde con anuncios tardíos y fondos insuficientes. Tras fuertes críticas, evalúa un decreto de emergencia. En el corazón de la tragedia, bomberos y brigadistas luchan con precariedad, mientras crece la sospecha sobre intereses extractivistas y se priorizan reformas polémicas.
Desde los primeros días de enero, el fuego arrasa el territorio patagónico con una ferocidad inusitada, transformando bosques, parques nacionales y comunidades en un paisaje de cenizas. Las llamas, aún fuera de control, han devorado ya más de doscientas treinta mil hectáreas, provocando una pérdida ambiental irreversible y colocando a miles de habitantes ante el riesgo de perderlo todo.
Frente a esta catástrofe, la respuesta del Gobierno nacional ha estado marcada por la demora y la indecisión. Recién en las últimas horas, tras una semana de devastación creciente y bajo la presión de un coro de críticas que no cesa, la administración libertaria comenzó a movilizar gestos concretos. En un primer momento, desde la Casa Rosada solo se aventuró un “quizás” respecto a la declaración de una Emergencia Ígnea. No fue sino hasta el anochecer cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó a través de una red social la decisión de firmar el decreto, oficializado esta mañana.
El impacto social y mediático de la tragedia forzó una aceleración en los anuncios. Así, ayer se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Seguridad que destina alrededor de cien mil millones de pesos a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Según el texto, ese monto se repartirá entre más de mil entidades en todo el país. Sin embargo, tanto las agrupaciones ambientalistas como los pobladores afectados coinciden en que estos recursos son claramente insuficientes y, sobre todo, llegan con retraso, cuando el daño ecológico y humano ya es colossal.
La medida, según admiten fuentes gubernamentales, se concretó luego de que la cúpula oficial analizara el aumento de las críticas dirigidas al presidente Javier Milei, con el temor de que su imagen se vea severamente perjudicada. Mientras la discusión política ocupaba los despachos, las llamas continuaban su avance implacable en la provincia de Chubut, combatidas por brigadistas y bomberos exhaustos, con salarios ínfimos y medios materiales escasos, consecuencia de años de desinversión estatal.
El propio Presidente ha mantenido una distancia notable de la emergencia. Luego de agotadoras jornadas en Mar del Plata, donde participó de un evento público cerrado con gritos e insultos, Milei no asistió a la reunión de gabinete del jueves y descartó viajar a la zona afectada. Su única intervención directa se limitó a compartir en sus redes un gráfico que enuncia una “histórica lucha contra el fuego”, enumerando recursos cuya efectividad en el terreno es fuertemente cuestionada.
En la citada reunión en Balcarce 50, que se extendió por casi una hora, estuvieron presentes los principales funcionarios, incluidos los ministros de Economía e Interior, Luis Caputo y Diego Santilli, la secretaria general Karina Milei, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Allí se debatió el mecanismo para declarar la emergencia, optándose finalmente por la vía del decreto para evitar la lentitud del tratamiento legislativo. Paralelamente, desde la Casa Rosada confirmaron que el mandatario nunca tuvo previsto visitar las áreas devastadas.
Este martes, los gobernadores de las provincias impactadas –Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y La Pampa– se reunieron por primera vez desde el inicio de la calamidad y solicitaron al Ejecutivo que incluya el tema en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.
La precariedad en la que se desarrolla el combate contra las llamas no es casual. Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales señala que la disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego marcó un retroceso severo, al eliminar un financiamiento específico y automático. Para 2026, el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrirá una caída real del 71,6%, reduciendo drásticamente su participación en el gasto total del Estado.
Detrás de estos drásticos recortes, justificados bajo el mantra del “superávit fiscal”, asoman otros intereses. Diversas voces denuncian que el avance de las llamas resulta funcional a los proyectos de empresas mineras extranjeras que, desde hace años, pretenden explotar yacimientos de oro y uranio bajo los bosques de Chubut. Una tierra arrasada facilitaría enormemente el avance del extractivismo.
En medio de la emergencia, la mesa política gubernamental también dedicó tiempo a otros proyectos que sí prioriza para las sesiones extraordinarias: la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa polémica que relajaría las protecciones ambientales, y la reforma laboral. Sobre esta última, el oficialismo ha sido contundente: no habrá cambios trascendentales ni en el articulado referido al impuesto a las ganancias, pese a los reclamos de los gobernadores, quienes advierten un impacto negativo en la coparticipación de fondos. Desde el entorno más cercano al Presidente se desestiman las protestas de la central obrera con un cínico “no tienen senadores”.
La Patagonia arde, y en el corazón del poder las decisiones parecen responder a una lógica alejada de la urgencia y el dolor que se viven en el sur. Entre el humo, emerge un panorama desolador: un patrimonio natural que se consume, comunidades abandonadas a su suerte y una sospecha creciente de que, para algunos, las cenizas pueden ser el terreno perfecto para nuevos negocios.
