Mientras el vocero presidencial aseguraba que su única escapada había sido un fin de semana en Punta del Este con sus hijos, la fiscalía ya tenía en su poder los comprobantes de un costoso periplo familiar al Caribe, con pasajes pagados en efectivo y una escala que desnuda las contradicciones entre el discurso de austeridad y la realidad de sus vacaciones.
En una entrevista brindada el marzo pasado, cuando comenzaba a gestarse el revuelo por su viaje a Punta del Este en un vuelo privado durante el fin de semana de Carnaval, Manuel Adorni se mostró desafiante y categórico: “No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes”. Luego, como para sellar su defensa, agregó: “En el tiempo que les he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcionado”. Sin embargo, esa versión de funcionario sacrificado y de agenda vacacional acotada se desmorona ante la evidencia que ya reposa en el despacho del fiscal Gerardo Pollicita. Resulta difícil creer que Adorni hubiera olvidado por completo otra excursión familiar de alto poder adquisitivo: una estadía en Aruba que se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, con pasajes adquiridos en clase ejecutiva y un itinerario que revela una planificación cuidadosa y millonaria.
Los documentos a los que accedió la fiscalía son elocuentes. El vocero desembolsó en efectivo la suma de 1.440,60 dólares por cada boleto aéreo, lo que arroja un total cercano a los 5.762 dólares solo para los traslados. Con una previsión que contrasta con su supuesta falta de memoria, gestionó la compra a través de una agencia de viajes el 15 de octubre de 2024. Fuentes vinculadas al sector turístico señalaron que el valor de esos pasajes —especialmente en temporada alta y con la empresa Latam, reconocida por sus tarifas elevadas— suele ser incluso superior al abonado. El trayecto elegido distó de ser directo: la familia Adorni partió del aeropuerto de Ezeiza el 29 de diciembre con destino a Lima, Perú, y desde allí abordaron el vuelo 2440 rumbo a Aruba. El regreso, iniciado el 9 de enero de 2025, replicó la escala inversa: vuelo 2441 desde Aruba hasta Lima y, finalmente, el vuelo 1437 de regreso a Ezeiza. Como una pincelada de ironía, Adorni compartió en sus redes una fotografía junto a su esposa, pero colocó como “ubicación” la ciudad de Vancouver, deseando que “todos tengan el mejor de los años por delante, rodeado de sus seres queridos. Fin”.
Esta revelación cobra una dimensión aún más compleja cuando se confronta con las declaraciones que el propio funcionario vertió en una conferencia de prensa el 17 de diciembre de 2024, apenas doce días antes de emprender su viaje a Aruba. En aquella ocasión, Adorni sostuvo: “El Presidente no prohibió que viajemos al exterior, no sé de dónde sacaron la información incorrecta o incompleta o falsa”. Y continuó con un discurso que pretendía conciliar la libertad individual con la exigencia de mesura: “El Presidente lo que nos pidió es lógica austeridad y razonabilidad y es lo que vamos a hacer todos. Los que se queden dentro del país, los que viajen a países limítrofes o los que se vayan al Congo Belga, no sé, todos van a seguir la línea del Presidente”. Sin embargo, la seguridad inicial dio paso a un titubeo revelador cuando intentó ejemplificar con lugares “que no revistan carácter de austeridad”, para terminar admitiendo que, al no haber una prohibición explícita, “varios funcionarios se van al exterior”. Entre ellos, claro, se encontraba él mismo.
A los pasajes aéreos habrá que sumar una factura igualmente abultada correspondiente al alojamiento. Todo indica que la familia se hospedó en un complejo turístico con la modalidad “todo incluido”, lo que implica desembolsar varios miles de dólares adicionales en un período —las fiestas de fin de año— donde las tarifas se disparan por la alta demanda. Este nuevo episodio se suma a una cadena de controversias que ya se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el jefe de Gabinete. La causa judicial que investiga su patrimonio creció como una bola de nieve desde que se supo que su cónyuge, Bettina Angeletti, lo acompañó a Nueva York en el avión oficial —una práctica no permitida— y retornó en un vuelo de línea en primera clase junto a él, con pasajes que habrían sido gestionados desde la propia jefatura de gabinete y cuya financiación aún se desconoce.
Poco antes de esa polémica, Adorni se había escapado a Punta del Este como invitado de su amigo, el conductor televisivo Marcelo Grandio. En ese tramo de la pesquisa, los pesquisas intentan determinar si se trató de una dádiva, ya que tanto el piloto y bróker Agustín Issin Hansen como una empleada de este, Vanesa Tossi, declararon que los pasajes —por un valor global que ronda los 9.000 dólares— fueron sufragados por Grandio. La mujer añadió un dato aún más sensible: el anfitrión le habría especificado que la invitación era para una familia, y luego supo que se trataba de la de Adorni. Como corolario, precisó que en el aeropuerto de San Fernando se aplicó un procedimiento excepcional, con menores controles que los habituales.
Llegado este punto, la pregunta que resuena es ineludible: ¿podrá Adorni justificar todos estos despliegues? El fiscal Pollicita analiza minuciosamente cada uno de los viajes realizados por el funcionario, cotejando cuáles tuvieron carácter “oficial” y si desde estos se desvió hacia otros destinos. El objetivo es recomponer la totalidad de sus erogaciones, porque deberá explicar con qué fondos las afrontó. Ni sus ingresos declarados, ni sus ahorros —43.000 dólares el año pasado—, ni el nivel de vida que ostentaba anteriormente —alejado de quien posee grandes reservas o respaldo económico— parecen cerrar la ecuación. El levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero se perfila como la herramienta clave para despejar las incógnitas sobre sus cuentas.
Finalmente, todo este entramado contrasta de manera frontal con el discurso anticasta que el gobierno pregonó desde su primer día de gestión. El argumento de que se trata de asuntos pertenecientes a la esfera privada no resulta admisible cuando quien los protagoniza es un funcionario público obligado a rendir cuentas como cualquier otro. La moral de Estado que pregona el libertarismo parece, en los hechos, exhibir una grieta insoslayable entre la prédica y la práctica. Y mientras Adorni sigue acumulando preguntas sin respuesta, la Justicia avanza con un expediente que amenaza con desnudar mucho más que unas vacaciones en el Caribe.
