Aunque el gobierno cuenta con el guiño de Donald Trump, la principal opositora tras las rejas y un peronismo sumido en una crisis existencial, la solidez de su modelo de déficit cero comienza a resquebrajarse. Mientras la Corte Suprema se pliega a sus designios y el Parlamento le otorga las herramientas necesarias, la realidad económica muestra un cuadro de estabilidad quebrada, con un consumo en caída libre y una inflación que no cesa.
El escenario luce, en apariencia, inmejorable. El oficialismo navega con un viento de cola pocas veces registrado en la historia reciente del país: cuenta con la simpatía manifiesta del expresidente estadounidense Donald Trump, mantiene en prisión a la principal referente de la oposición y observa cómo el peronismo se debate en un laberinto ontológico, desordenado y sin brújula. Su arquitectura de poder se sostiene sobre una Corte Suprema funcionalmente subordinada y un Congreso que no escatima en sancionar las leyes requeridas. Incluso, a pesar de haber desviado de las arcas provinciales un monto cercano a los 17 mil millones de dólares en un bienio, los gobernadores cuestionan las formas, pero jamás osan replicar la política de déficit fiscal cero. Es tal la sintonía con los organismos multilaterales de crédito que cada exención solicitada es, por el momento, una exención concedida por el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, la calma cambiaria —con un dólar inusualmente quieto— y los salarios clavados como estacas a la intemperie esconden un malestar profundo. Un sector del sindicalismo, identificado con el diálogo como bandera, se manifiesta más inquieto por la evolución de la inversión extranjera que por los preocupantes índices de desocupación, que no dejan de trepar. La guerra en curso ha disparado los precios internacionales de la energía, los combustibles y los alimentos, lo que impulsa las exportaciones y eleva las ganancias de esos sectores a niveles extraordinarios. Por caso, la comercialización del complejo sojero proyecta ingresos por 34.530 millones de dólares.
En el plano judicial externo, las novedades son favorables. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de la Justicia de Nueva York ha dictaminado a favor del Estado argentino en el litigio que mantenía con el Fondo Burford, eludiendo así un desembolso cercano a los 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF, revirtiendo la resolución previa de la jueza Loretta Preska. Esta misma semana, el tribunal bloqueó cualquier intento de apelación posterior. Además, la administración coexiste con un vecindario regional ideológicamente dócil, donde imperan gobiernos de derecha y ultraderecha neoliberal, siendo las excepciones progresistas tan escasas que sobran los dedos de una mano para contarlas.
Pero el talón de Aquiles del gobierno se llama inflación. El pilar central de su legitimidad social —la promesa de estabilidad— se ha fracturado. El índice de precios acumula once meses consecutivos de ascenso, y la medición de marzo, situada en el 3,4 por ciento, convive con indicadores de consumo popular que se precipitan por un tobogán sin encontrar un colchón de contención. La demanda agoniza. Así, el experimento de “los especialistas en el crecimiento con o sin recursos” revela su faz más deslucida: un enjambre de funcionarios ineficaces, hábiles para disimular calvicies con peluquines, enderezar dentaduras con aparatos, conseguir insolventes que presten sus nombres y otorgarse créditos preferenciales para adquirir viviendas en countries.
Los escándalos de corrupción dominan ahora la agenda que maneja la verdadera casta: viejos socios de Javier Milei que, desde sus tribunas mediáticas, se complacen en humillar al “desvencijado” jefe de Gabinete, un exvocero con perfil de personaje cómico que sería descalificado en cualquier certamen de torpezas por incompetente. Quizás esto sea un adelanto de lo que le espera al presidente dentro de un año y medio, cuando deba despedirse del cargo y de su lapicera para retornar al temible llano, esa metáfora del desamparo equiparable a los infiernos dantescos para cierta política que aún lee libros. Cada jornada resulta más evidente que, si Milei no logra la reelección, su futuro será penoso.
Por ahora, los sondeos pronostican que no la pasará bien. Aunque nada es más falaz que una encuesta electoral a tan largo plazo —el año pasado, el peronismo bonaerense pasó de ganar por 13 puntos en la elección provincial a una derrota exigua frente a la ola violeta que llevaba como abanderado al impresentable José Luis Espert—, el desgaste se nota. Y debe dolerle al mandatario confirmar, como se murmura en los quinchos más exclusivos del conurbano norte, que don “Chatarrín de los tubitos”, “Gomita alumínica” y sus socios de la Asociación Empresaria Argentina son seres sensibles. Detrás de la coraza de empresarios recios, sus corazas ceden ante las punzantes descalificaciones presidenciales, sobre todo cuando se realizan en público y de manera reiterada. Decir que le bajaron el pulgar es exagerado; afirmar que seguirán apoyándolo como hasta ahora también es un exceso. La ojeriza, una vez enquistada en el corazón de los millonarios, es endemoniadamente difícil de erradicar. El tiempo todo lo cura, pero a Milei se le acaba: en ocho meses sonarán los cohetes para recibir el 2027, su último año de mandato.
Con casi dos años y medio de gestión, todo indica que nunca encontró el agujero al mate. Detrás del catálogo de daños —cuantiosos para un lapso tan breve— asoman las recetas recesivas del FMI, el mesianismo de mercado que profesa y la ejecución de teorías descabelladas sobre la destrucción del Estado y sus capacidades de arbitraje. Algo acongojado, Milei aceptó finalmente que la inflación se desboca por el “aumento de los precios”, en especial “la carne” y “los combustibles”. Para un candidato al Premio Nobel de Economía parece una perogrullada; para un presidente libertario que sentenciaba que la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, resulta un auténtico Waterloo conceptual.
Sin embargo, de esos dos fenómenos —el precio de la carne y el de los combustibles— su administración es la única responsable. Las expectativas generadas entre los productores locales por un acuerdo con Trump para elevar el cupo exportable a Estados Unidos en unas 80 millones de toneladas redujeron la oferta en el mercado interno y dispararon el precio de la carne muy por encima del alcance de los bolsillos populares. En cuanto a los combustibles, cuando el barril de petróleo se disparó por la guerra contra Irán, el valor en los surtidores locales replicó la escalada de manera calcada porque este gobierno había internacionalizado previamente el costo del litro. El impacto de las tarifas en el índice de marzo, que el presidente evitó profundizar en su autocrítica ante los CEO de las empresas estadounidenses en la Argentina, también le pertenece: los aumentos responden a la feroz eliminación de subsidios decidida para satisfacer las demandas astringentes del FMI en su delirio superavitario.
Manuel Adorni escribió en 2016, con aires de axioma teológico: “El único responsable real de la inflación es el Gobierno. Sea éste, el anterior o el que vendrá. Ni los empresarios, ni los comercios”. Es una pena coincidir parcialmente con él ahora que los viejos amigos ya no llaman ni para saludar. Después de haber desplegado tanta soberbia, convertirse en el fusible ético de un gobierno ineficiente en lo económico y en lo moral, derrotado por la inflación y el deseo de sus propios funcionarios por ser casta, debe ser un suplicio silencioso. Como único consuelo, le aguarda una confortable residencia en el Indio Cua Country Club y promisorias charlas almodovarianas con la escribana Nechevenko.
