El funcionario modificó su presentación ante la Oficina Anticorrupción luego de que se conociera la omisión de un inmueble clave, en medio de un escrutinio judicial que avanza sobre su patrimonio. Este miércoles declaran dos jubiladas que le vendieron un departamento en condiciones consideradas atípicas por el mercado inmobiliario porteño.
En un movimiento destinado a ordenar su situación patrimonial cuando el reloj judicial ya corría en su contra, Manuel Adorni decidió modificar su declaración jurada de bienes correspondiente al ejercicio 2024 ante la Oficina Anticorrupción (OA). El actual jefe de Gabinete incorporó a ese documento un inmueble de relevancia que había soslayado inicialmente: la vivienda adquirida a nombre de su cónyuge, Bettina Angeletti, en el exclusivo country Indio Cuá. La incorporación de esta propiedad ocurrió con un retraso de casi un año y cuando se aproxima el vencimiento del plazo, fijado para el 30 de mayo, para que presente la declaración del último ejercicio fiscal, en la que debería consignar además el departamento de la calle Miró al 500 donde reside actualmente.
Ese inmueble, adquirido a dos mujeres jubiladas que aceptaron una condición de pago inusual —apenas un quince por ciento del valor total al contado y una deuda remanente de 200.000 dólares sin intereses a saldar recién en noviembre próximo—, añade una capa más de controversia. Ambas vendedoras deberán prestar declaración testimonial este miércoles, y sus relatos podrían resultar determinantes para esclarecer los términos reales de esa operación.
La presentación original de Adorni había sido efectuada en agosto del año pasado. Se trata de un formulario de acceso público que detalla el patrimonio del funcionario y que incluye un anexo de carácter reservado donde, obligatoriamente, deben figurar los bienes pertenecientes a su esposa. La compra de la propiedad en Indio Cuá se concretó el 15 de noviembre de 2024 bajo el nombre de Angeletti, por lo que debió constar en ese anexo. Sin embargo, el funcionario omitió incluirla. Recién cuando la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito comenzaba a cobrar impulso, Adorni subsanó esa omisión. Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Pollicita había solicitado a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al caso, y el organismo remitió al juzgado de Ariel Lijo la rectificación realizada por el jefe de Gabinete.
En la escrituración de la casa ubicada en el country intervino la escribana Adriana Nechevenko, quien reveló que, hacia la misma fecha, facilitó a Adorni la obtención de un préstamo otorgado por dos mujeres: Graciela Molina de Cancio, una comisaria retirada de la Policía Federal, y su hija Victoria Cancio, contadora de la misma fuerza. Ambas declararon el lunes pasado y aseguraron que le prestaron 100.000 dólares al funcionario con un interés anual del once por ciento. Según su testimonio, nunca antes habían actuado como prestamistas, entregaron el dinero en efectivo y el funcionario comenzó a devolverlo también en efectivo, aunque todavía mantiene una deuda de 70.000 dólares que debió haber cancelado en noviembre de este año. Como garantía, Adorni constituyó una hipoteca sobre su inmueble del barrio de Parque Chacabuco, actualmente en venta. Según la escribana, esos fondos se destinaron a la compra del terreno en Exaltación de la Cruz, donde hasta ahora se habrían abonado 20.000 dólares más 5.000 correspondientes al ingreso al complejo.
La ley y sus exigencias
La normativa de Ética Pública obliga a los funcionarios a declarar no solo sus propios bienes sino también los de su cónyuge y los de sus hijos menores. Ocultar información en una declaración jurada puede constituir un delito si, pese a los requerimientos formales, la omisión se mantiene. Esta figura, conocida como “omisión maliciosa”, es una variante del enriquecimiento ilícito y prevé penas de hasta dos años de prisión. La Oficina Anticorrupción tiene facultades para intimar, sancionar y eventualmente denunciar al infractor. El enriquecimiento en sí mismo es un delito más grave, castigado con seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, cuando el investigado no logra justificar el origen de sus bienes y gastos. En ese eje se sostiene gran parte de la causa que analiza el patrimonio de Adorni y el ostensible cambio en su nivel de vida desde que asumió funciones públicas. Se examinan cada uno de los inmuebles adquiridos —entre ellos los de Caballito e Indio Cuá—, los pasajes en primera clase, como el regreso desde Nueva York junto a su esposa, las vacaciones en un resort todo incluido en Aruba y su estadía en Punta del Este, a donde viajó en un avión privado cuyo costo de ida y vuelta rondó los 9.000 dólares. Hasta el momento, todas las explicaciones ofrecidas le han resultado problemáticas: si abonó él mismo esos gastos, debe acreditar con qué fondos lo hizo; si en cambio lo invitó su amigo Marcelo Grandio —quien obtuvo al menos seis contratos con los medios públicos bajo la esfera de decisiones de Adorni—, esa invitación podría ser interpretada como una dádiva.
La paciencia de Bullrich
La semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a Adorni con una frase que no pasó inadvertida. Al ser consultada sobre la situación del jefe de Gabinete, deslizó que carecía de vasta experiencia política y sugirió que todavía no ha aprendido a moverse en ese terreno. “Quizá no tenga el cuero tan duro como yo”, comentó con un dejo de desdén. Lo cierto es que ni Adorni ni su esposa provienen de un entorno de opulencia. Ella, coach ontológica de profesión, había obtenido en 2008 un crédito estatal del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) para comprar un departamento en Parque Avellaneda, por 104.000 dólares a pagar en 360 cuotas. La transformación de su tren de vida resulta innegable. Bullrich, visiblemente cansada de las preguntas, respondió este martes con fastidio: “No voy a hablar de nuevo. Es un tema que lo está llevando la justicia, no es un tema de discusión. Punto, basta. ¿Vamos a hablar de Adorni o de las inversiones?”.
La jornada decisiva de los testimonios
Este miércoles se presentarán ante el fiscal Pollicita Clauda Sbabo y Beatriz Viegas, las dos jubiladas que le transfirieron el departamento de 200 metros cuadrados ubicado en la calle Miró al 500. Ellas habían adquirido esa misma propiedad apenas cinco meses antes, comprándosela al exfutbolista Hugo Morales. Sin embargo, la operación presenta múltiples aristas anómalas, en particular que hayan aceptado un pago inicial de apenas 30.000 dólares sobre un valor declarado de 230.000. La escribana Nechevenko sostuvo que el saldo sería abonado recién en noviembre de 2026, tal como se acordó. Esa modalidad, según pudo constatar este diario, resulta totalmente inusual en el mercado inmobiliario porteño y podría incluso comprometer a la propia escribana por no haber exigido documentación respaldatoria ni verificado el origen de los fondos. Ante la prensa, las dos mujeres manifestaron no conocer a Adorni, pero el contenido de su declaración bajo juramento podría revelar aspectos hasta ahora desconocidos.
El otro elemento que complica el panorama del jefe de Gabinete es la aritmética patrimonial. Solo contabilizando los desembolsos vinculados a las dos propiedades adquiridas durante el actual gobierno y el pago parcial de la hipoteca a las policías, se acumulan 85.000 dólares, sin considerar gastos de refacciones, expensas, servicios y honorarios notariales. El año pasado, el entonces vocero presidencial había declarado poseer 43.000 dólares en efectivo. Ante esa realidad surge una pregunta inevitable: ¿con qué recursos pensaba cancelar los 200.000 dólares adeudados a las jubiladas y los 70.000 restantes a las prestamistas, si su ingreso mensual asciende a 7 millones de pesos?
