La declaración de Emergencia Ígnea para la Patagonia llega con extrema tardanza, sin recursos concretos ni asistencia para damnificados. La oposición denuncia que el decreto es una maniobra para presionar a gobernadores y asegurar votos para la reforma laboral, mientras bomberos advierten que los fondos prometidos son deudas preexistentes y no priorizan las zonas devastadas.
La respuesta oficial a la catástrofe ambiental que consume la Patagonia llegó con una demora que ha generado indignación generalizada. Luego de más de cincuenta días de desidia estatal frente al avance implacable de las llamas, el Gobierno nacional optó por decretar la Emergencia Ígnea en cuatro provincias, una medida que es ampliamente cuestionada por su carácter administrativo y su falta de contenido sustancial.
La declaración, emitida mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, se produce en un contexto de presión social y política creciente, luego de que los incendios arrasaran con una superficie estimada en 230.000 hectáreas, un área que supera diez veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. La devastación no solo ha consumido bosques nativos, sino también vastas zonas ganaderas y agrícolas, con Chubut y La Pampa como los distritos más golpeados. Resulta llamativa la exclusión de la provincia de Santa Cruz del decreto presidencial, una omisión que ha generado más interrogantes sobre los criterios utilizados.
Lejos de constituir un plan integral de combate contra el fuego y asistencia a las comunidades afectadas, el texto oficial se limita a enunciados genéricos. Promete una coordinación logística, la simplificación de trámites y la asignación de fondos extraordinarios, pero sin especificar montos, plazos ni mecanismos de ejecución inmediata. Esta vaguedad ha sido señalada como la prueba de que la medida busca, ante todo, apaciguar temporalmente el reclamo público sin comprometer recursos específicos.
Paralelamente, el anuncio de una transferencia de 100.000 millones de pesos al sistema de Bomberos Voluntarios ha sido rápidamente desmitificado por los propios actores en el terreno. Desde la Federación de Bomberos de Chubut aclararon que se trata de fondos legalmente destinados al sistema desde 2001, correspondientes a ejercicios anteriores e incluso a la primera cuota del año próximo. Este dinero, que proviene de un porcentaje de las pólizas de seguros pagadas por la ciudadanía, se distribuirá de manera uniforme en todo el país, sin priorizar a las provincias que están en la primera línea del desastre. Presentarlo como una ayuda extraordinaria, señalaron, desinforma a la población.
En el ámbito legislativo, la reacción ha sido de profundo escepticismo y crítica. Voces de la oposición coinciden en calificar el decreto como un “acto administrativo vacío”, carente de herramientas reales para paliar la emergencia. Legisladores como Sabrina Selva han denunciado que la medida “no resuelve ni contempla a la gente” y omite cualquier reconocimiento o apoyo concreto a brigadistas y rescatistas, quienes han trabajado en condiciones límite durante semanas.
El trasfondo político de la decisión gubernamental aparece como el elemento más alarmante para los críticos. Según señalan varios diputados, la emergencia decretada funciona como un instrumento de negociación. Al habilitar teóricamente la ayuda financiera sin definir sus montos, el Ejecutivo Nacional se reserva la capacidad de negociar caso por caso con los gobernadores, condicionando el envío efectivo de recursos al apoyo político de sus bloques legislativos a iniciativas clave del oficialismo, como la reforma laboral. De este modo, la tragedia ambiental se transforma en moneda de cambio dentro de una pulseada política más amplia.
La declaración de emergencia llega, por lo tanto, marcada por la sospecha y la insuficiencia. Mientras las cenizas aún cubren extensas áreas de la Patagonia y las comunidades evalúan pérdidas irreparables, la acción estatal se percibe como un gesto tardío y calculado, más interesado en garantizar réditos parlamentarios que en extinguir el fuego y reconstruir lo perdido. La ayuda prometida, hasta ahora, es solo humo en el papel.
