En el centro de una pulseada entre el Gobierno y el gigante Techint, el mote lanzado por Milei a Paolo Rocca trascendió las fronteras y puso al descubierto las entrañas de un conflicto que mezcla licitaciones fallidas, una industria en crisis y tácticas corporativas históricas para eliminar competidores.
Mientras el presidente Javier Milei encuentra en la ópera y en las extensas conversaciones con su ministro Federico Sturzenegger algunos de sus momentos de distensión, fue precisamente en uno de esos diálogos donde surgió un epíteto que reverbera en los pasillos del poder económico. El mandatario bautizó al magnate Paolo Rocca como «Don Chatarrín», una expresión cargada de ironía que dejó al descubierto una tensión latente. Este apodo, difundido públicamente, representó un impacto inesperado para el líder de Techint, cuya exposición ante la opinión pública nunca había alcanzado tal grado de visceralidad. Según allegados al empresario, la humillación simbólica dolió más que la pérdida concreta de una licitación de caños, adjudicada a una firma india.
El origen del choque se remonta a una disputa por la chatarra, insumo vital para la producción siderúrgica. A fines de 2024, la decisión oficial de levantar la prohibición para exportar este material significó un golpe severo para empresas como Ternium y Acindar, pertenecientes al grupo Techint. Este escenario se desarrolla en un marco de caída industrial, agravada por las políticas gubernamentales. La respuesta corporativa no se hizo esperar: Techint evalúa presentar una denuncia por dumping contra la empresa india Welspun Trading Limited. Sin embargo, esta maniobra no es novedosa dentro del historial del holding, reconocido por emplear un sofisticado aparato legal y de lobby para enfrentar a sus competidores en todo el mundo, una unidad que sus adversarios suelen denominar «la oficina de guerra».
La colisión pública, no obstante, va más allá de un simple cruce retórico o comercial. Por un lado, se observa un gobierno que avanza con una desregulación que impacta de lleno en el sector fabril. Por el otro, un conglomerado empresarial cuyos intereses específicos parecen, en ocasiones, anteponerse a una visión industrial colectiva. En este forcejeo, Milei ha demostrado una frialdad particular, mostrándose inmune a las advertencias sobre el costo social, como la posible afectación a empleos en las pymes proveedoras, información que la propia empresa filtró como argumento emotivo.
La situación ha generado fracturas incluso en el ámbito gremial empresarial. Paolo Rocca, quien inicialmente apoyó al gobierno libertario en su línea aperturista, hoy ve afectados sus negocios por la misma competencia internacional que promovió. En una jugada reveladora, presionó para que el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, saliera públicamente en su defensa a través de un artículo periodístico. Más elocuente aún fue la posterior visita de Rappallini a la Secretaría de Comercio, donde, en lugar de plantear la crisis industrial general, centró el diálogo en los problemas de importaciones que afectan particularmente a Techint, especialmente las provenientes de China, rival histórico del grupo.
Paralelamente, en una movida de alcance político, Rocca habilitó el envío de un destacado contingente de la UIA para reunirse con la senadora Patricia Bullrich. El objetivo declarado era conversar sobre la reforma laboral, pero, según versiones cercanas a la legisladora, el verdadero núcleo de la solicitud fue solicitar un control más estricto sobre las importaciones chinas. El episodio dejó en evidencia que, para el holding, la reforma laboral es un tema secundario, mientras que la defensa de sus mercados es prioritaria.
Internamente, dentro de la UIA, el malestar por la exposición y las tácticas de Techint también se hizo sentir. En una reunión tensa, ejecutivos del grupo no pudieron explicar satisfactoriamente por qué su oferta en la licitación de caños había sido inicialmente un cuarenta por ciento más cara que la de la competencia, un dato que el propio Presidente utilizó para su descalificación. El silencio fue la respuesta a la pregunta incómoda sobre la falta de realismo en aquella propuesta.
La figura de Fernando Landa, antiguo «sherpa» del G-20 y hoy presidente de la Cámara de Exportadores, emerge como ejemplo del modus operandi histórico de Techint. Landa, quien dirigió lo que muchos competidores identifican como la mencionada «oficina de guerra», personifica la estrategia legal agresiva y el lobby especializado que el grupo ha desplegado por décadas en distintos países, desde Brasil hasta México y Guatemala, siempre con el fin de contener a sus rivales mediante denuncias comerciales o presión política.
Este entramado de desencuentros, estrategias corporativas y decisiones gubernamentales pinta un cuadro complejo. Lejos de ser una épica batalla entre el Estado y el poder económico, el conflicto revela las contradicciones de un empresariado que apoyó políticas que ahora lo perjudican, la fragmentación de la representación industrial y la determinación de un gobierno que, en su cruzada desreguladora, no duda en enfrentarse con uno de los actores más poderosos del país, utilizando para ello todas las armas a su alcance, incluso las más burdas y personales. La guerra del acero, con «Don Chatarrín» en el centro de la escena, sigue su curso, y sus repercusiones seguirán moldeando el convulsionado panorama industrial argentino.
