Un dirigente empresarial acusa al gobierno provincial de demoras crónicas y negligencia, vinculando problemas estructurales con graves consecuencias sociales y cuestionando el destino de fondos públicos.
El presidente de la Cámara de Comercio local, José Luis Iglesias, denunció en términos contundentes lo que describió como una “postergación permanente” por parte del Estado provincial hacia la ciudad. Durante una entrevista en el programa El Delivery TDF, el referente del sector productivo expuso una serie de reclamos históricos que, según su visión, permanecen sin respuesta efectiva desde hace décadas.
Iglesias enfatizó el papel del gobierno fueguino en lo que calificó como una práctica institucionalizada de dilaciones. “La postergación es la moneda corriente con que nos paga el gobierno de Tierra del Fuego a Río Grande”, manifestó, aludiendo a una falta de voluntad política para revertir problemas estructurales que afectan a la comunidad.
La eterna espera portuaria
Uno de los ejes centrales de su crítica fue la situación portuaria. Frente a la reciente intervención del puerto de Ushuaia, Iglesias mostró escepticismo sobre su impacto real y contrastó la realidad de ambas ciudades. “Nosotros estamos esperando el puerto desde hace setenta años”, recordó con ironía.
Explicó que aproximadamente el sesenta por ciento de la mercadería que arriba a Río Grande lo hace a través de la terminal ushuaiense, lo que convierte cualquier decisión sobre su operatoria en un asunto de importancia estratégica. No obstante, el dirigente dudó de que los cambios anunciados representen una verdadera transformación. “No veo que haya cambiado nada. Cambiaron las figuritas que están al frente”, afirmó.
Para Iglesias, el inconveniente trasciende lo meramente administrativo y se relaciona con la ausencia de responsabilidad política. “Si viene mal el puerto, nosotros lo tenemos que arreglar”, ilustró, cuestionando una cultura de gestión que, a su juicio, prioriza las excusas sobre las soluciones de fondo.
Impacto en la vida cotidiana
El empresario vinculó estas demoras con severas consecuencias sociales, agravadas por la condición insular del territorio. Relató experiencias personales y colectivas para graficar fallas sistémicas. “Todos hemos perdido amigos por falta de atención médica, porque la barcaza no pasaba o porque el avión no bajaba”, confesó con emotividad.
Esos episodios, según su perspectiva, reflejan un Estado ineficaz y una lógica circular en la cual “nadie se hace cargo”, derivando responsabilidades sin alcanzar nunca resoluciones concretas.
Fondos públicos en la mira
Finalmente, el titular de la Cámara de Comercio dirigió sus cuestionamientos hacia la administración del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP). Sostuvo que los recursos no siempre se aplican a los objetivos originales y puso en duda la transparencia de su distribución.
“Si los mismos que ponen la plata la usan para financiar sus empresas, evidentemente el fondo no cumple su función”, señaló, remarcando la necesidad de que Río Grande tenga una participación más activa en las definiciones estratégicas provinciales.
La intervención de Iglesias reavivó un debate histórico sobre la distribución de recursos y atención estatal en Tierra del Fuego, poniendo en evidencia tensiones que, según los actores locales, continúan sin resolverse.
