Una investigación judicial reveló una trama de ex empleados de una planta verificadora que, presuntamente en connivencia con personal interno, habrían expedido y vendido a elevados precios obleas a vehículos en pésimo estado. Hubo allanamientos en tres ciudades y siete personas fueron imputadas.
Una compleja trama de tráfico de certificaciones automotrices fraudulentas fue desbaratada este lunes en la provincia de Tierra del Fuego luego de una extensa investigación judicial. La red, según las autoridades, se dedicaba a proveer obleas de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a vehículos que, por sus graves deficiencias mecánicas, no podían obtener el permiso de circulación de manera legal.
El origen de la causa se remonta a una denuncia presentada en 2024 por la empresa Controles del Sur, concesionaria del servicio de verificación técnica en Río Grande. La firma alertó a la Justicia sobre la aparición de sus propias obleas, supuestamente legítimas, adheridas en automóviles que evidentemente no se encontraban en condiciones de transitar por la vía pública. Este hallazgo inicial, corroborado por controles de tránsito, encendió las alarmas y dio pie a la pesquisa.
La investigación, que había permanecido en un impasse, tomó un nuevo impulso tras una querella formal de la empresa afectada. Las pesquisas condujeron a la hipótesis de que un grupo de ex empleados del taller verificador, manteniendo presuntos vínculos con personal al interior de la compañía, habrían continuado accediendo de manera irregular a los certificados oficiales. Estos documentos eran posteriormente comercializados a precios que superaban ampliamente su valor reglamentario, dirigiendo su oferta específicamente a conductores cuyos vehículos presentaban fallas insalvables para aprobar la revisión técnica.
Ante la evidencia recolectada, el Juzgado de Instrucción Número Tres, a cargo de la doctora Cecilia Cataldo, ordenó una serie de ocho allanamientos simultáneos desarrollados en las ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Los operativos se centraron en domicilios particulares, incluyendo residencias de los antiguos trabajadores de la firma concesionaria sospechados de orquestar el ilícito.
Durante los registros, las fuerzas policiales incautaron equipos informáticos, teléfonos celulares y diversos elementos considerados de valor probatorio. Todos estos objetos serán sometidos a pericias forenses con el objetivo preciso de delimitar la magnitud de la organización criminal y esclarecer sus modalidades operativas, las cuales, según las fuentes judiciales, persistían en el tiempo pese a que los implicados ya no tenían una relación laboral formal con la planta verificadora.
Como resultado directo de estos procedimientos, siete personas fueron notificadas de sus derechos constitucionales y quedaron formalmente imputadas. Entre ellas se encuentra un ex empleado de apellido Barría, señalado por la investigación como el presunto cabecilla de la maniobra delictiva. Además, la lista de imputados incluye a conductores particulares que, según la Justicia, habrían adquirido a sabiendas las obleas fraudulentas.
Por el momento, ninguno de los sospechosos fue privado de su libertad, pero todos enfrentan cargos por el delito de “falsificación de instrumento público”. La pesquisa continúa abierta para determinar el alcance total de las operaciones ilícitas, el volumen de certificados falsificados distribuidos y la posible existencia de más personas involucradas dentro o fuera de la empresa concesionaria.
