Un informe pericial de Gendarmería revela actividad del dispositivo en un centro comercial horas después del ataque. La Justicia busca determinar quién manejó el teléfono en un lapso clave, marcado por inconsistencias en la custodia y denuncias de intimidación a testigos.
Un descubrimiento forense introduce un nuevo y alarmante capítulo en la investigación del intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gendarmería Nacional estableció, mediante un análisis técnico, que el teléfono móvil del condenado Fernando Andrés Sabag Montiel registró actividad en el Shopping Abasto durante un período en el que el atacante ya se encontraba bajo custodia policial, en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria. Este dato crucial obliga a los magistrados a desentrañar en manos de quién estuvo realmente el dispositivo en momentos fundamentales para la pesquisa.
Ante estas revelaciones, la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso una serie de medidas orientadas a dilucidar las contradicciones que emergen. El estudio, realizado a partir de material remitido por el Tribunal Oral Federal, fue concretado por peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Ministerio Público Fiscal. Las conclusiones de su informe ya fueron incorporadas formalmente a la causa.
La crónica de los hechos evidencia una grave falla en el protocolo de preservación de evidencia. El jueves 1 de septiembre de 2022, cerca de las 21 horas, Sabag Montiel fue reducido por efectivos de la Policía Federal tras apuntar a la expresidenta con un arma y accionar el gatillo sin que se produjera el disparo. Sin embargo, el teléfono del implicado continuó operativo. A las 22:38, ya con Montiel detenido, el dispositivo se conectó a la red wifi del shopping Abasto y recibió un correo de validación. Cerca de la medianoche, además, se ejecutó la eliminación de información vinculada a la cuenta de Instagram del condenado.
Esta secuencia reconstruida por los peritos deja al descubierto que transcurrieron más de tres horas entre el atentado y la formalización de la custodia judicial del aparato, la cual se rubricó recién a las 00:23 de la madrugada del 2 de septiembre. Las deficiencias en el procedimiento inicial se acentúan con las versiones contradictorias de los propios testigos intervinientes, quienes no coinciden en aspectos elementales como si el teléfono permanecía encendido o apagado, si presentaba daños visibles o si estuvo en poder del detenido. Estas incongruencias comprometen la integridad del análisis forense.
Agravando el cuadro, algunos de los testigos que participaron en la custodia inicial del dispositivo, junto a personal de Gendarmería vinculado al caso, han formulado denuncias por haber recibido amenazas, según consta en la causa.
En el plano de las condenas, Sabag Montiel cumple una pena de 14 años de prisión, impuesta en octubre pasado, por el intento de homicidio agravado con empleo de arma de fuego no autorizada, sumado a delitos por tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil. Su expareja, Brenda Elizabeth Uliarte, fue sentenciada a 8 años de cárcel por su participación necesaria en el atentado, más una condena adicional por tenencia ilegítima de un documento ajeno. El Tribunal Oral Federal n° 6, en tanto, absolvió al tercer imputado, Nicolás Carrizo.
El reciente hallazgo sobre la ubicación del teléfono no solo reabre interrogantes sobre la cadena de custodia, sino que proyecta sombras sobre la posibilidad de que existieran cómplices activos tras la detención del atacante, un aspecto que la Justicia federal ahora tiene la imperiosa tarea de esclarecer.
