A través de una nueva apelación, el Gobierno intenta eludir el mandato de la justicia mientras se agota el plazo para ejecutar la ley sancionada por el Congreso. Las multas y sanciones contra los funcionarios comenzarán a regir a partir de mañana.
La Administración nacional enfrenta un nuevo límite judicial para poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma de carácter urgente sancionada y ratificada por el Congreso, pero cuyo cumplimiento ha sido postergado de manera sistemática. En cuestión de horas, vence el plazo establecido por la justicia para que el Ejecutivo concrete las medidas que la legislación demanda, sin que hasta el momento se haya evidenciado avance alguno en su implementación ni se haya definido el origen de los fondos necesarios para sostenerla.
Frente a este escenario, y lejos de acatar la orden judicial, la Procuración del Tesoro presentó este lunes una apelación una vez finalizada la feria judicial. Con este recurso, el Gobierno busca revertir la sentencia emitida en diciembre por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había hecho lugar al reclamo de las familias que integran el colectivo de personas con discapacidad y había fallado a favor de la aplicación inmediata de la ley.
La presentación de la apelación, sin embargo, no altera los términos del último dictamen del magistrado, que establece con firmeza que a partir del próximo 4 de febrero los funcionarios públicos deberán dar cumplimiento efectivo a la normativa “bajo apercibimiento de sanciones”. Estas incluyen tanto multas económicas como posibles responsabilidades penales para aquellos que no ejecuten lo ordenado en tiempo y forma.
La decisión de apelar, interpretada por las organizaciones que representan a las personas con discapacidad como una nueva estrategia dilatoria, consolida un patrón de resistencia por parte del Estado frente a un fallo que ya había adquirido carácter firme. La justicia, en su resolución, no solo reconoció la legitimidad del reclamo colectivo sino que además impuso sanciones progresivas ante eventuales incumplimientos, subrayando la obligación indelegable del Gobierno de garantizar los derechos contemplados en la ley.
Mientras tanto, las familias afectadas aguardan con expectativa y desconfianza el desenlace de esta pulseada institucional, en la que una vez más el tiempo juega en su contra. La postura oficial, lejos de allanar el camino para la plena vigencia de la Emergencia en Discapacidad, parece prolongar una demora que vulnera derechos esenciales y mantiene en situación de desamparo a un sector históricamente postergado.
