En un año marcado por la conmemoración del medio siglo del último golpe de Estado, el Poder Judicial retoma sus actividades con una agenda cargada de procesos sensibles que buscan profundizar el juzgamiento por el terrorismo de Estado. Tras el receso estival, los tribunales federales se preparan para enfrentar causas emblemáticas que involucran a la cúpula represiva, su engranaje económico y el sufrimiento específico de las víctimas más jóvenes.
La próxima semana darán inicio dos juicios de alta significación. El miércoles 11 de febrero comenzará el debate por la denominada Masacre de la calle Corro, donde en 1976 fueron asesinados cinco integrantes de la conducción de Montoneros. Dos días después, el viernes 13, se examinarán por primera vez de manera judicial los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Base Pomar, bajo órbita de la extinta Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En este proceso se sentará en el banquillo, entre otros, el exjerarca de inteligencia Patricio Finnen, ya condenado en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA.
Paralelamente, en la ciudad de La Plata, el lunes 23 de febrero está previsto el comienzo de un nuevo juicio contra integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). No obstante, desde los organismos de derechos humanos se manifiesta preocupación por el ritmo de los procesos. La abogada querellante Guadalupe Godoy advirtió sobre las dificultades logísticas y la lentitud en los tribunales platenses, un problema que se agrava en un año cargado de efemérides locales y nacionales. “Es cada vez más difícil sostener un proceso abierto hace 20 años”, afirmó.
Uno de los ejes que promete avanzar este año es el de la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad. Se espera la fijación de fecha para el juicio por los sucesos en el ingenio La Fronterita, en Tucumán, mientras que en La Plata se llevará adelante el proceso contra un exgerente de Molinos Río de la Plata. El fiscal Pablo Camuña calificó de “inaceptable” la demora en estos casos, destacando que muchas víctimas y testigos son personas de edad avanzada. Por otro lado, la próxima semana el Tribunal Oral Federal de Rosario dará a conocer los fundamentos de una polémica absolución en el caso de la represión en la siderúrgica Acindar.
Otro capítulo que gana espacio en los estrados es el de las infancias robadas y violentadas. En Mendoza avanzan las indagatorias por los delitos sufridos por 56 niños y niñas, mientras que en San Martín la fiscalía amplió la acusación para incluir estos crímenes en el juicio por la represión en la Subzona 16. Un colectivo de hijos e hijas sobrevivientes de los centros clandestinos Atlético-Banco-Olimpo espera que sus reclamos obtengan mayor impulso judicial durante el presente año.
Sin embargo, una sombra de incertidumbre planea sobre el conjunto del proceso. La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si convalida una maniobra jurídica, respaldada por el gobierno nacional, que busca revisar los fundamentos del juzgamiento y podría, en la práctica, colocar en el banquillo a sobrevivientes de la década del setenta. Esta iniciativa fue impulsada por el represor Eduardo Emilio Kalinec, recientemente liberado. La diputada nacional Myriam Bregman, quien actúa en la causa, reclamó una “pronta resolución” para que el aniversario “no nos encuentre revisando lo que se construyó con una lucha implacable”.
En este contexto, los desafíos son múltiples. El abogado querellante Pablo Llonto subrayó la necesidad imperiosa de que los jueces de instrucción agilicen las pesquisas pendientes, donde permanecen cientos de imputados sin juicio. “A 50 años del golpe –señaló– es importante que se conozca que hay miles de casos de víctimas que aún no tienen respuesta”. El año del cincuentenario se presenta, así, como un escenario judicial complejo y definitorio para la memoria y la justicia argentinas.
