Guillermo Madero, jefe de Gabinete de Carlos Presti, reaviva la polémica con ataques públicos contra los procesos por crímenes de lesa humanidad, en un contexto marcado por el ascenso de figuras vinculadas al pasado represivo dentro del ministerio.
Desde las entrañas del Ministerio de Defensa, una voz oficial lanza un nuevo embate contra los pilares de la memoria colectiva. Guillermo Madero, recientemente confirmado como jefe de Gabinete del ministro Carlos Presti, utilizó su plataforma en redes sociales para cuestionar con vehemencia la continuidad de los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. El funcionario manifestó su malestar al sostener que los tribunales federales, abocados también a delitos complejos como el narcotráfico y la corrupción, se encontrarían supuestamente sobrecargados por causas de hechos ocurridos hace cinco décadas.
En la mañana de este lunes, con la reactivación de la actividad judicial tras el receso estival, Madero decidió plasmar una provocación en su cuenta de la red social X. Allí, reprodujo y avaló conceptos de un editorial periodístico que calificaba estos procesos como una obstrucción, argumentando una presunta violación al derecho a un juicio en plazo razonable y señalando, de manera engañosa, la negación de beneficios carcelarios para los condenados. Esta afirmación choca de frente con los registros oficiales de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, los cuales evidencian que la amplia mayoría de los detenidos por estos delitos cumple su condena bajo arresto domiciliario, existiendo incluso casos recientes de libertades condicionales otorgadas.
La postura de Madero no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una trayectoria personal de cuestionamientos hacia estos procesos judiciales. Ya durante su gestión previa en la cartera de Defensa bajo la órbita de Luis Petri, se distinguió por ser el primero en obstruir el flujo de información hacia la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, organismo clave que colabora con Abuelas de Plaza de Mayo. Además, según revelaciones periodísticas, Madero protagonizó una visita anticipada y no aclarada a la Unidad 34 de Campo de Mayo, un penal que alberga a condenados por delitos de lesa humanidad, encuentro que, según se supo, generó entusiasmo entre los represores detenidos.
Esta línea de acción se vio acompañada por decisiones administrativas controvertidas. Poco después de aquella visita, se procedió al despido de los equipos técnicos del ministerio dedicados a relevar y analizar documentación esencial para el avance de las causas por lesa humanidad, grupos tildados de «nefastos» por la entonces autoridad. La intervención de un fiscal para intentar preservar ese acervo documental fue respondida con una severa observación administrativa por parte del propio Madero, quien impidió la comunicación directa.
La cosmovisión que sustenta estas acciones quedó expuesta en una columna pública del funcionario, donde fustigó lo que denominó la «industria» de los derechos humanos y abogó por una «memoria completa», un concepto que, en su interpretación, parece buscar equiparar la violencia ejercida por el terrorismo de Estado con la de las organizaciones guerrilleras, relegando la especificidad del genocidio.
El actual escenario adquiere una gravedad singular. Estos episodios ocurren a escasas semanas de cumplirse el quincuagésimo aniversario del golpe de Estado de 1976 y bajo la órbita de un ministro, Carlos Presti, hijo de un exjefe represor. Presti ha conformado su gabinete incluyendo a Daniel Martella, quien estará al frente de Asuntos Internacionales y es hijo de un condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Martella, activo en redes sociales, ha exteriorizado abiertamente su rechazo a lo que califica como una justicia que mira «con un solo ojo». La suma de estos elementos configura un panorama donde las críticas a los juicios por la verdad ya no provienen solo de declaraciones aisladas, sino que parecen articularse desde sectores con influencia institucional dentro del gobierno, desafiando consensos sociales y jurídicos de larga data.
