Dos artículos ocultos en la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional buscan desfinanciar al INCAA, la TV Pública y Radio Nacional. El sector audiovisual advierte sobre una catástrofe cultural, económica y laboral, y exige a los legisladores que rechacen las medidas.
Un clima de profunda inquietud y movilización recorre el universo del cine y la producción audiovisual argentina. La causa radica en dos disposiciones insertas en el extenso proyecto de Ley de Modernización Laboral, que de ser aprobadas desmantelarían el sistema de financiamiento que sostiene desde hace décadas a la industria cultural. Los artículos 210 y 211, ubicados al final del texto bajo el título “Derogaciones”, han encendido todas las alarmas.
Este miércoles, en el Congreso de la Nación, el Espacio Nacional Audiovisual (EAN) –una amplia coalición que reúne a las entidades más representativas del sector– realizó una conferencia de prensa para exponer las gravísimas consecuencias que acarrearía la sanción de estas cláusulas. Con la presencia de diputados y la voz unánime de creadores, técnicos y productores, el mensaje fue claro y contundente: se trata de un ataque directo a la soberanía cultural y a una industria generadora de riqueza y empleo.
La advertencia del sector contrasta con los beneficios económicos que, según organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, genera la inversión audiovisual. Cada peso destinado a este rubro se multiplica, impulsando una cadena de valor que incluye hotelería, gastronomía y turismo, además de exportar servicios y atraer divisas. Argumentos que, según señalaron los expositores, han sido ignorados de manera sistemática por las actuales autoridades.
El desfinanciamiento encubierto
El núcleo del conflicto reside en lo que proponen los polémicos artículos. El 210 elimina dos fuentes vitales para el Fondo de Fomento Cinematográfico que administra el INCAA: el porcentaje correspondiente sobre el precio de las entradas de cine y una parte sustancial del impuesto que abonan las empresas de comunicación por el uso del espectro radioeléctrico. Paralelamente, el artículo 211 suprime la asignación específica de ese mismo impuesto para el sostenimiento del INCAA y de Radio y Televisión Argentina, organismo que gestiona la TV Pública y Radio Nacional.
Representantes de las distintas entidades leyeron un documento dirigido a los legisladores, donde destacaron una llamativa contradicción. Mientras el gobierno nacional ha criticado en repetidas ocasiones los impuestos con asignación específica, el dictamen de la reforma laboral preserva otros fondos similares –como los del tabaco o los combustibles– y elige desfinanciar exclusivamente a estas instituciones culturales con décadas de trayectoria. Inés de Oliveira Cézar, de la Asociación de Directores, subrayó el carácter histórico de estos organismos, cuya existencia se remonta a la segunda mitad del siglo pasado.
Las repercusiones de su desmantelamiento serían devastadoras. Se anticipa una pérdida masiva de empleo registrado, un retroceso en las políticas federales que permiten el desarrollo del cine en todas las regiones del país y la dependencia cultural frente a las grandes plataformas de streaming extranjeras. Desde el punto de vista económico, el daño sería cuantificable: por cada peso que se deje de invertir en el Fondo de Fomento, la economía argentina perdería más de cinco pesos en Valor Bruto de Producción.
Un llamado a la defensa de la industria y la memoria
Durante la conferencia, las intervenciones reflejaron tanto la desesperación por el presente como el temor por el futuro. Amparo Aguilar, del Proyecto Cine Independiente y egresada de la ENERC –la escuela pública de cine que también depende del fondo amenazado–, puso el acento en las nuevas generaciones. “Lo que está en peligro es el porvenir de un montón de pibes y pibas que están fantaseando con poder contar las historias de nuestro país”, afirmó, desmintiendo el estereotipo del artista que vive a costa del Estado. “Somos gente que trabaja, que paga cuentas, que alquila. Desde hace dos años estamos sin trabajo”, añadió.
Virna Molina, de Realizadores Integrales de Cine Documental, apeló a la memoria y citó un emotivo recuerdo de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien alguna vez confesó haberse conmovido profundamente con La hora de los hornos, de Pino Solanas. La anécdota sirvió para subrayar el poder del cine como transmisor de identidad e historia.
Desde la óptica de la producción, Vanessa Ragone, ganadora del Oscar por El secreto de sus ojos, fue taxativa: “No hay película en el mundo que yo conozca que no tenga la participación de algún ente estatal”. Explicó que el modelo de financiación mixta –con un impulso inicial público que luego atrae capital privado– es la norma en todas las cinematografías desarrolladas. Por su parte, Miguel Ángel Diani, presidente de ARGENTORES, pintó un panorama desolador para los guionistas: “La actividad está frenada. Antes teníamos 100 películas por año y hoy hay 0. Nuestra gente está desesperada”.
La actriz Mercedes Morán, en declaraciones a este diario, hizo hincapié en la necesidad de llevar el debate al terreno que el gobierno privilegia: los números. “Acá se dejó muy claro que el cine no es un gasto sino todo lo contrario; es una inversión económica que da ganancias y es federal”, sostuvo. Mientras, su colega Diego Velázquez interpretó la inclusión de estos artículos en una reforma laboral como una muestra de “la saña con la que este gobierno quiere destruir la cultura que no le favorece”.
El encuentro concluyó con un llamado unánime a los legisladores para que, al momento de votar, sean conscientes del “golpe letal” que significaría para una industria ya golpeada la aprobación de los artículos 210 y 211. La advertencia del sector es que, más allá de la batalla por estos puntos específicos, se libra una lucha más amplia por la defensa del trabajo, la cultura nacional y la pluralidad de voces.
