La protesta solitaria de un suboficial frente a la Casa Rosada reveló el malestar generalizado por los sueldos de hambre, los “destinos fantasmas” y el colapso de la obra social. La amenaza de un acuartelamiento planea sobre el Ministerio de Seguridad.
Un cabo armado que se encadenó a las rejas de la Casa Rosada dejó al descubierto la profunda crisis que atraviesa el Ministerio de Seguridad, aún bajo la influencia de Patricia Bullrich y su segunda, Alejandra Monteoliva. Miguel Ángel Montiel, el uniformado que protagonizó esta dramática escena, evidenció una realidad oculta: entre la mitad y el setenta por ciento de los suboficiales debe trabajar como conductores de aplicaciones al finalizar su servicio, apenas se quitan el uniforme.
Los ingresos, que oscilan entre los setecientos mil y ochocientos cincuenta mil pesos, contrastan de manera brutal con los salarios del doble que perciben los agentes de la Ciudad de Buenos Aires y aún con los mejores haberes de la policía bonaerense. Esta brecha, impensada años atrás, aviva la indignación entre los efectivos federales, quienes se sienten degradados y traicionados.
Pero el descontento no se limita a lo salarial. En el seno de la fuerza circulan denuncias sobre niveles descomunales de corrupción entre los mandos superiores. Se habla de “destinos fantasmas”: puestos asignados en comisarías o estaciones de tren donde, por ejemplo, figuran diez agentes pero solo se presentan cinco. La diferencia, según relatan los suboficiales, es apropiada por los jefes en un esquema de complicidad silenciosa y difícil de probar.
A esta situación se suma el colapso de la obra social Bienestar, cuyo buque insignia, el Hospital Churruca, se encuentra en una situación crítica. La pérdida de profesionales y el deterioro de los equipos han convertido la atención médica en un servicio casi inaccesible para los uniformados y sus familias.
Paralelamente, crece el enojo por una iniciativa considerada pura escenografía: la Dirección Federal de Investigaciones (DFI), promovida por Bullrich como un equivalente al FBI estadounidense. Los agentes denuncian que se trata de una estructura vacía, sin efectivos reales, donde solo cambian los chalecos y el ploteo de los vehículos. Un “show” —aseguran— que busca tapar la falta de recursos básicos, desde móviles hasta chalecos antibalas, mientras solo parece haber fondos para munición antidisturbios.
Horas después de la protesta del cabo, otros efectivos de la Federal —muchos de ellos en condiciones económicas similares a las de los jubilados— fueron vistos reprimiendo manifestantes frente al Congreso. Una imagen que resume la contradicción de una fuerza que debe mantener el orden mientras su propio personal vive al borde del colapso.
Frente a esto, voceros oficiales intentaron desacreditar a Montiel, señalando que tuvo intervenciones psiquiátricas hace dos meses y que su carrera “está terminada”. Sin embargo, ninguno desmintió los graves señalamientos que hizo frente a la Casa de Gobierno.
Su gesto no es aislado. Desde hace veinte días circulan en redes sociales convocatorias a un acuartelamiento para el 15 de marzo, de duración indeterminada, exigiendo un salario digno, el funcionamiento de la obra social y herramientas para trabajar. Incluso se difunde una imagen digital que muestra a integrantes de distintas fuerzas de seguridad —Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y Servicio Penitenciario—, sugiriendo que el malestar podría extenderse.
Al interior de la fuerza, los mandos ya comenzaron a amenazar con pasar a disponibilidad a quienes se plieguen a la medida. Por eso, se especula que tal vez no sean los uniformados, sino sus familiares, quienes se movilicen ese día.
Detrás de todo está el dato económico: los últimos aumentos salariales, del 1,9%, quedaron muy por debajo de cualquier índice inflacionario, incluyendo el oficial. El incremento de diciembre, que recién se abona ahora, solo profundizó la bronca, ya que desde agosto no había habido ninguna mejora.
Los que portan armas suelen tener adicionales, lo que eleva sus ingresos a alrededor de millón y medio de pesos, pero a cambio de jornadas extenuantes de diez a doce horas. Aun así, la mayoría debe recurrir a trabajos extras para subsistir.
Para muchos agentes, la comparación con otras fuerzas resulta un insulto. Los federales se consideraban una élite, y hoy ven cómo sus pares de la Ciudad y la provincia ganan significativamente más, lo que acelera la fuga de los más capacitados hacia otras policías o al sector privado.
“El ambiente es muy malo”, confió un suboficial retirado. “Les pides que combatan el narcotráfico o que repriman protestas, mientras les pagas menos que a un empleado de limpieza. Esto puede que no estalle el 15 de marzo, pero es insostenible”.
La cadena del cabo Montiel parece ser solo el primer eslabón de un conflicto que amenaza con expandirse, tensionando aún más los cimientos de una fuerza de seguridad en estado de emergencia.
