La Justicia de Río de Janeiro dispuso el encarcelamiento de Agostina Páez, quien está acusada de injurias raciales a empleados de un bar. La defensa alega colaboración y vulneración de derechos, mientras la fiscalía sostiene que hay riesgo de fuga e intimidación a testigos.
Un fallo judicial conmocionó este jueves el caso de la abogada argentina Agostina Páez. Los tribunales de Río de Janeiro decretaron su prisión preventiva, resolviendo que su permanencia en libertad representaba un peligro para el normal desarrollo de la causa en su contra, imputada por la comisión de actos racistas.
La determinación judicial, emitida por el Juzgado Penal N°37, acogió los argumentos de la fiscalía, la cual había solicitado la medida cautelar fundamentándose en un presunto riesgo de fuga y en la posibilidad de que la imputada intimidara a los testigos y a las propias víctimas. El documento oficial subraya que su libertad comprometería gravemente la investigación, obstaculizando la obtención de testimonios imparciales, y añade que una eventual huida del país perjudicaría de manera severa la búsqueda de la verdad.
La reacción de la profesional del derecho, oriunda de Santiago del Estero, no se hizo esperar. A través de un video difundido en su perfil de TikTok, Páez se mostró profundamente angustiada y aterrada. “Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo”, manifestó con visible conmoción, en un intento por visibilizar la difícil situación que asegura atravesar. En su mensaje, hizo hincapié en su disposición a colaborar, recordando que porta una tobillera electrónica y que se ha presentado ante las autoridades brasileñas desde el primer momento.
Los hechos que desencadenaron este proceso judicial se remontan al pasado 14 de enero, durante una salida nocturna con amigas en el barrio de Ipanema. Tras un desacuerdo relacionado con el pago de la consumición, la abogada protagonizó un altercado en el que, según las acusaciones, dirigió expresiones vejatorias a los camareros, acompañadas de gestos que imitaban a un mono. En versiones anteriores, Páez había admitido que su conducta fue incorrecta, aunque la atribuyó a una reacción provocada por supuestos gestos obscenos y burlas por parte del personal del establecimiento hacia su grupo.
La investigación de la Policía Civil, que consideró concluida a fines de enero al reunir evidencia considerada suficiente, detalla que los insultos de carácter racista persistieron incluso fuera del local. Los empleados agraviados llegaron a advertirle que su comportamiento constituía un delito en Brasil, sin que esto, según la denuncia, detuviera a la acusada, quien habría reincidido al dirigirse a la cajera con la misma ofensa y los mismos gestos.
Los fiscales encargados del caso han sido contundentes en su evaluación, afirmando que las acciones de la imputada “extrapolaron cualquier contexto de discusión o malentendido”, afectando directamente a las víctimas de manera peyorativa y discriminatoria. Asimismo, destacaron la actitud de una de las acompañantes de Páez, quien habría intentado disuadirla de continuar con sus gestos, un elemento que refuerza la conciencia del carácter reprochable de los actos.
El caso continúa su curso, marcado ahora por la reclusión de la acusada, en un proceso que pone de relieve la severidad con la que el sistema judicial brasileño aborda los delitos de injuria racial.
