Tras una tensa reunión de su Consejo Directivo, la central obrera convocó a una movilización multitudinaria para el próximo miércoles. Si bien las posiciones más combativas abogaban por un paro nacional de 48 horas, prevaleció una postura de acción escalonada, reservando medidas de fuerza más duras para el tratamiento en Diputados.
El escenario sindical ha comenzado a tomar forma definida frente al impulso gubernamental de modificar la legislación del trabajo. Este viernes, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) sesionó en un clima de deliberación intensa para establecer su respuesta colectiva al proyecto enviado por la administración de Javier Milei. Tras el cónclave, la conducción triunvirata confirmó, a través de Jorge Sola, su primer medida: una concentración pública masiva el próximo miércoles a las 15 horas en la Plaza de los Dos Congresos, descartando por el momento la realización de un paro general.
La decisión final no fue unánime y surgió de un debate donde coexistieron diversas estrategias. Según pudo conocer este medio, dentro del amplio espectro gremial se confrontaron al menos cuatro líneas de acción, que iban desde la merma manifestación hasta un cese de actividades nacional por dos días combinado con movilizaciones. La facción identificada como más dialoguista, que abogaba únicamente por la marcha, logró imponer su criterio al reunir el mayor consenso interno. No obstante, fuentes sindicales admitieron que el conflicto podría radicalizarse la próxima semana, si la iniciativa oficial obtiene media sanción en el Senado y pasa a ser debatida en la Cámara de Diputados.
En una conferencia de prensa cargada de mensajes políticos, Sola expresó el rechazo categórico de la central al proyecto de ley, considerándolo lesivo para los derechos de los trabajadores. El dirigente destacó la amplia concurrencia de representantes de todos los sectores al encuentro y precisó que la protesta del miércoles iniciará a partir del mediodía, con columnas que confluirán en el Congreso de la Nación. Además, anunció que en diversas provincias se replicarán acciones similares frente a las casas de gobierno locales, en una demostración federal de descontento.
El tono desafiante hacia el poder legislativo fue una constante. «Los senadores tendrán que defender, en el Parlamento, el compromiso con los trabajadores a los que representan», lanzó Sola, en un claro llamado de atención a los representantes que definirán el destino de la polémica reforma. Otro de los oradores, Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), profundizó esta línea al prometer una «movilización masiva» para respaldar a los legisladores afines y presionar a los opositores. Rodríguez adelantó que, de avanzar el trámite parlamentario, la batalla se trasladará al detalle del articulado, con el objetivo de «neutralizar toda cláusula que atente contra los derechos del trabajo».
Paralelamente, las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) avanzan con un cronograma de protestas independiente y más contundente en lo inmediato. Ambas organizaciones ya realizaron acciones de difusión en estaciones ferroviarias y convocaron a un paro con movilización para el mismo 11 de febrero, además de una protesta en la ciudad de Rosario el martes anterior. Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, afirmó que las medidas buscan alertar a la ciudadanía, ya que la reforma «es para ponernos de rodillas a quienes generamos la riqueza del país».
El amplio rechazo al proyecto se fundamenta en análisis críticos provenientes del ámbito académico. Especialistas del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín coinciden en que, si bien el sistema requiere actualizaciones, la propuesta oficial es equivocada. Señalan que, so pretexto de modernización y generación de empleo formal, la iniciativa habilita un deterioro aún mayor de los salarios y las condiciones laborales, desarticula derechos históricos, debilita la negociación colectiva y compromete el financiamiento de la seguridad social. Entre sus aspectos más alarmantes, destacan la institucionalización de topes a las paritarias, la legalización de fraudes laborales, la consagración de la precariedad en trabajos de plataforma y la ampliación de facultades empresariales para flexibilizar las jornadas, configurando un escenario de profunda desprotección para los asalariados.
