Documentos presentados por efectivos ante los Ministerios de Seguridad revelan un cuadro de abandono institucional, maniobras para falsear resultados, maltrato generalizado y un alarmante deterioro de las condiciones laborales y psíquicas del personal.
Un conjunto de graves acusaciones, formalizadas por miembros de la Policía Federal ante las autoridades nacionales, pinta un panorama desolador al interior de la fuerza. Las denuncias, presentadas a fines de 2025 ante Patricia Bullrich y en los primeros meses de 2026 ante su sucesora, Alejandra Monteoliva, permanecen sin respuesta y exponen una trama que va más allá de los reclamos salariales, tocando la esencia misma de la función policial.
Según los documentos, comandantes de diversas superintendencias habrían ordenado el abandono de investigaciones complejas sobre narcotráfico, para concentrar recursos en operativos de narcomenudeo. El objetivo, según señalan los denunciantes, sería inflar estadísticas operativas y crear una falsa imagen de eficiencia ante el Ministerio de Seguridad, mientras casos federales de mayor envergadura quedan en el olvido.
El mecanismo de desvío incluiría, además, la utilización de efectivos de unidades especializadas para tareas de custodia en eventos privados, recitales y festivales, servicios por los cuales los jefes percibirían pagos. El cuadro de irregularidades administrativas se completa con la existencia de «destinos fantasmas»: personal que figura en planillas de servicios adicionales, no se presenta a trabajar, pero cobra su salario, del cual una parte sería derivada a superiores.
La crisis material es absoluta en numerosas dependencias. Las brigadas de investigación carecerían de computadoras, impresoras, cámaras y grabadoras, elementos básicos para su labor. Incluso los insumos mínimos, como bolsas para secuestro o precintos, serían adquiridos por los agentes con dinero propio. La situación llega al maltrato animal: los canes detectores de droga en Córdoba no reciben alimentación adecuada ni atención veterinaria por falta de presupuesto, al punto de que hubo que devolver un ejemplar donado ante sus pésimas condiciones.
Este contexto de descomposición institucional y precariedad extrema impacta de manera brutal en la salud mental del personal. Las denuncias registran un incremento descomunal de suicidios, accidentes por consumo de alcohol –que serían silenciados– y un clima de profunda desmotivación. Agentes y suboficiales, con salarios que rondan los $700.000 u $800.000, se ven forzados al pluriempleo, desempeñándose como albañiles, conductores de aplicaciones o vendedores ambulantes para subsistir, lo que los lleva al servicio «agotados, frustrados y desmotivados».
Dentro de este clima, se multiplican las acusaciones de abuso y acoso sexual contra mujeres de la fuerza. Los denunciantes afirman que las agentes que acceden a los requerimientos de superiores obtienen privilegios, como cobrar por servicios no realizados, mientras que quienes se niegan son perseguidas y hostigadas. El miedo a represalias sofocaría la mayoría de las quejas.
Las protestas, que comenzaron con el cabo Miguel Ángel Montiel encadenado en la Casa Rosada y se extendieron a Santa Fe con movilizaciones y quema de neumáticos, tienen su núcleo en la exigencia salarial. Un efectivo federal cobra hoy la mitad que un policía de la Ciudad de Buenos Aires y menos que uno bonaerense. Sin embargo, el malestar trasciende lo económico. La corrupción, el favoritismo y la falta de perspectivas alimentan una sangría constante: los miembros más capacitados y con mejor formación abandonan la fuerza federal en busca de oportunidades en otras jurisdicciones o en el sector privado.
El silencio de las máximas autoridades del área ante las denuncias presentadas, que incluso detallan nombres de presuntos responsables, contrasta con la urgencia de las medidas parche adoptadas en provincias como Santa Fe, donde el gobierno local debió anunciar bonos y mejoras logísticas ante el temor de un estallido mayor. El rumor de un aumento suplementario a nivel nacional busca apagar un incendio que, según los propios agentes, ya ha consumido la credibilidad y el espíritu de una institución clave para la seguridad de todos los argentinos.
