Un documento de casi 60 páginas elaborado por los ministerios de Trabajo y Gobierno advierte que el proyecto de “Modernización Laboral” que se trata esta semana en el Senado reedita recetas flexibilizadoras fracasadas y forma parte de una ofensiva sistemática iniciada en la dictadura de 1976. Walter Correa y Carlos Bianco presentaron el informe que será utilizado como herramienta parlamentaria para impugnar la iniciativa.
A escasas horas de que la Cámara alta nacional dé inicio al debate en torno a la iniciativa oficialista en materia de relaciones laborales, la administración que conduce Axel Kicillof definió con contundencia su posicionamiento y dejó establecida una postura política e institucional carente de matices: rechazo absoluto al texto promovido por el Poder Ejecutivo nacional y por la bancada de La Libertad Avanza. Lejos de tratarse de una objeción acotada o de una disidencia técnica de carácter parcial, el pronunciamiento bonaerense asume la forma de una impugnación de raíz que cuestiona la totalidad del entramado conceptual, los basamentos ideológicos y las consecuencias previsibles que la normativa proyecta sobre la población trabajadora, el tejido económico y la organización federal del país.
En una conferencia desarrollada en el corazón administrativo de la capital provincial, los titulares de las carteras laboral y política, Walter Correa y Carlos Bianco respectivamente, pusieron en conocimiento público un exhaustivo análisis técnico-político que lleva por título “Razones por las cuales la provincia de Buenos Aires rechaza este proyecto de Modernización Laboral”. Se trata de un volumen de cerca de sesenta páginas gestado en el seno de la dependencia conducida por Correa, aunque con significativos aportes provenientes de otras áreas del gabinete, de especialistas convocados y de asesores legislativos. El material, cargado de densidad conceptual y respaldo documental, será empleado como insumo estratégico en la discusión parlamentaria prevista para este miércoles y también como pieza comunicacional orientada a interpelar a la ciudadanía y a los representantes populares.
Desde la perspectiva del gobierno provincial, la denominada modernización laboral constituye cualquier cosa menos un avance civilizatorio. El pronunciamiento oficial califica al proyecto como un retroceso de carácter histórico que importa la reedición de fórmulas flexibilizadoras ensayadas en el país durante las últimas décadas del siglo pasado y comienzos del presente, con resultados catastróficos en términos de empleo genuino, condiciones de trabajo y distribución del ingreso. La mirada que propone el texto no se agota en el análisis coyuntural sino que ensaya una interpretación de largo aliento. Sostiene que la iniciativa libertaria no puede ser comprendida como un hecho aislado sino como eslabón contemporáneo de una cadena regresiva que reconoce antecedentes en distintas experiencias neoliberales y que halla su instancia inaugural en el quiebre institucional perpetrado por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976.
El escrito oficial subraya que el proyecto oficialista exhibe sin disimulo alguno su verdadero cometido bajo el ropaje estetizante del vocabulario modernizador. Se trata, según la lectura bonaerense, de una embestida planificada contra la arquitectura sindical argentina concebida como espacio de resistencia colectiva. La organización gremial ha constituido históricamente el principal núcleo de oposición articulada frente a los designios de aquellos sectores que, en diferentes ciclos históricos, procuraron reducir al país a una condición satelital subordinada a los centros financieros internacionales y a las grandes corporaciones. Ese designio, advierte el documento, conlleva inexorablemente el vaciamiento de las capacidades soberanas y la expoliación de los recursos nacionales.
El informe advierte que el articulado distribuido a lo largo de veintiséis capítulos que contienen ciento noventa y siete disposiciones no porta originalidad alguna. Se inscribe, por el contrario, en una avanzada sistemática que persigue reformular las coordenadas regulatorias de los vínculos individuales entre capital y trabajo, las dinámicas colectivas y el entramado previsional. Esta ofensiva, lejos de haber comenzado con el texto actualmente en danza, se desplegó con inusitada celeridad tras la asunción del gobierno libertario. El documento enumera como hitos de ese plan el dictado del protocolo contra manifestaciones callejeras conocido como antipiquetes, la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 del año 2023 posteriormente declarado inconstitucional por la magistratura nacional del fuero laboral, la sanción de la Ley de Bases, y una constelación de normas de excepción vinculadas a propinas, desregulación de la marina mercante y restricciones al derecho de huelga en actividades consideradas esenciales.
Pero la lectura provincial se remonta más atrás en el tiempo y traza continuidades que exceden el período libertario. El texto señala que esta avanzada reformista reconoce antecedentes inmediatos en las políticas implementadas durante la presidencia de Mauricio Macri y su correlato provincial bajo la gestión de María Eugenia Vidal, así como en las experiencias de la Alianza encabezada por Fernando de la Rúa y los dos ciclos menemistas. Sin embargo, el informe no se detiene allí y fija un origen más remoto y fundacional. Identifica ese momento inaugural en la interrupción violenta del orden constitucional acaecida en marzo de 1976 cuando, a menos de treinta días de consumado el golpe, la dictadura produjo la más brutal reforma laboral conocida en el país simbolizada en el desmantelamiento sistemático del texto de la Ley de Contrato de Trabajo cuya autoría corresponde al jurista Norberto Centeno.
El documento bonaerense introduce allí una reflexión que adquiere densidad simbólica particular. Subraya que en pocas semanas se cumplirán cinco décadas del mensaje mediante el cual el general Horacio Tomás Liendo, en su carácter de usurpador del Ministerio de Trabajo, elevó al dictador Jorge Rafael Videla los fundamentos que justificaban la mutilación de aquella conquista normativa. Ese aniversario, sostiene el informe, resignifica por completo el debate actual y otorga una dimensión histórica ineludible al texto que hoy pretende aprobarse. La iniciativa libertaria, leída a la luz de esa conmemoración, se revela como un intento inocultable de arrasar con las conquistas trascendentales sedimentadas por el movimiento obrero organizado y por los gobiernos peronistas que otorgaron institucionalidad jurídica a dichos logros. El análisis provincial concluye que el proyecto en discusión no representa el inicio de una etapa sino el cierre simbólico de un ciclo de revancha social y política iniciado medio siglo atrás.
Uno de los núcleos argumentales más robustos del rechazo bonaerense se asienta en la afectación que la iniciativa produciría sobre el principio protectorio característico del derecho laboral. El análisis oficial sostiene que el texto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional desarticula columnas vertebrales de la doctrina jurídica argentina entre las cuales menciona la noción de justicia social con jerarquía constitucional y la regla interpretativa del in dubio pro operario. Sobre este punto el documento es terminante al advertir que el proyecto concibe a la fuerza de trabajo como una mercancía sujeta a las oscilaciones del mercado, ruptura radical con la tradición jurídica vernácula que ha entendido al trabajo como actividad humana merecedora de tutela preferente.
El informe somete a severo cuestionamiento la premisa oficial según la cual la legislación protectoria constituye un obstáculo para la creación de empleo formal. Sostiene enfáticamente que no existe evidencia empírica que permita sostener que la disminución de derechos genere nuevos puestos de trabajo. Muy por el contrario, el documento repasa distintas series históricas para demostrar que los ciclos caracterizados por la desregulación coincidieron con incrementos del desempleo, expansión del trabajo no registrado y profundización de la brecha distributiva. El texto afirma en tono concluyente que nunca el crecimiento económico dependió de las leyes laborales y que el auténtico motor de la ocupación reside en un modelo productivo dinámico impulsado por políticas activas y no en la flexibilización normativa.
Otro flanco del cuestionamiento provincial atañe a las implicancias federales de la iniciativa. La administración Kicillof denuncia que el proyecto nacional avanza indebidamente sobre competencias que corresponden a las jurisdicciones provinciales con especial énfasis en las funciones de fiscalización, registración laboral y ejercicio del poder de policía del trabajo. La transferencia de estas atribuciones hacia órganos nacionales bajo el expediente retórico de la simplificación administrativa es interpretada por el gobierno bonaerense como una vulneración palmaria del federalismo consagrado en la Carta Magna. Desde las oficinas platenses se advierte que esta recentralización no únicamente desguarnece a los estados provinciales sino que también erosiona la capacidad efectiva del Estado para verificar el cumplimiento de la normativa laboral.
El examen crítico bonaerense dedica además un segmento sustancial a desmontar la construcción discursiva en torno a la denominada industria del juicio. Con apelación a estadísticas judiciales y registros administrativos el informe sostiene que la litigiosidad en materia laboral resulta baja en términos comparativos con la masa de trabajadores activos en el país. Lejos de verificarse una judicialización desmedida lo que predomina, según la evidencia aportada, es la inobservancia sistemática de las obligaciones legales por parte del sector empleador. En esa inteligencia la provincia formula una advertencia de consecuencias paradójicas: una reforma orientada a reducir sanciones y debilitar controles no hará sino estimular mayores incumplimientos y, contradictoriamente con el propósito declarado, generará más conflictividad y mayor recurrencia a los estrados judiciales.
El documento será remitido en las próximas horas a los despachos de los senadores y senadoras nacionales con representación bonaerense así como a legisladores de otras jurisdicciones con quienes la administración provincial mantiene vínculos institucionales. La estrategia desplegada desde La Plata combina así la intervención en el debate parlamentario con la construcción de un relato destinado a instalar en la opinión pública una mirada de conjunto sobre las verdaderas implicancias del proyecto oficial. A esa operación simbólica contribuye también la apelación a la memoria histórica que el gobierno de Kicillof considera no como un ejercicio conmemorativo inerte sino como herramienta de comprensión del presente y de orientación de la acción política.
