En las últimas horas, el bloque gobernante introdujo cambios sustanciales al proyecto que comenzará a debatirse este jueves en la Cámara alta. Los guiños a los mandatarios provinciales, las nuevas condiciones para las licencias por enfermedad y la inclusión de un artículo sobre las fuerzas de seguridad marcan el pulso de una negociación contra reloj.
En una movida de tablero que tomó por sorpresa a propios y ajenos, el oficialismo resolvió plasmar una serie de modificaciones de último instante en el texto de la Reforma Laboral 2026, en un claro intento por destrabar las resistencias que el proyecto enfrenta en el Senado. Las enmiendas, dadas a conocer en la jornada del miércoles, reconfiguran aspectos centrales de la iniciativa y evidencian las complejas costuras de un pacto que el Gobierno necesita cerrar con urgencia.
Fuentes parlamentarias de estrecho vínculo con la Casa Rosada confirmaron que los cambios responden, en gran medida, al reclamo explícito de un puñado de gobernadores cuyo respaldo resulta determinante para la sanción de la norma. Sin ese apoyo, el oficialismo carece de los votos necesarios para imponer su proyecto en la Cámara alta.
El guiño impositivo que descomprime la tensión con las provincias
Uno de los virajes más significativos se produjo en el capítulo destinado al Impuesto a las Ganancias. Contra lo que se había anunciado en versiones preliminares, el Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás con la reducción del tributo para el sector empresarial. La rectificación llegó tras una andanada de advertencias provenientes de los mandatarios provinciales, quienes observaban con preocupación cómo se desfinanciaban sus arcas al tratarse de un gravamen de carácter coparticipable.
La decisión de mantener intacta la alícuota representa un gesto de alta ingeniería política en un contexto donde el diálogo entre Nación y provincias atraviesa horas decisivas. El tributo continuará, por lo tanto, nutriendo el caudal de recursos que se distribuye entre los distritos, tal como lo establece el régimen de coparticipación federal. La medida, lejos de ser meramente técnica, funcionó como un mensaje nítido hacia los gobernadores: sin su acompañamiento, la reforma se desvanece.
Licencias por enfermedad: precisiones que encienden la controversia
El apartado vinculado a las licencias por enfermedad laboral también sufrió mutaciones de calado, y se convirtió en uno de los núcleos más álgidos del debate público. El texto ahora establece que quienes sufran dolencias o accidentes desvinculados de sus tareas habituales —esto es, que se produzcan por fuera del ámbito laboral— percibirán la mitad de su remuneración durante los primeros tres meses, en caso de no poseer personas bajo su responsabilidad. Para aquellos trabajadores que acrediten tener familiares a cargo, el período se extiende a seis meses, siempre bajo idéntico porcentaje.
El espíritu de la norma, según se desprende de los fundamentos esgrimidos por sus impulsores, apunta a distinguir con nitidez entre aquellas incapacidades que derivan de actividades voluntarias consideradas riesgosas y aquellas que no. Para este segundo grupo, el esquema prevé una cobertura salarial del 75 por ciento, conservando los mismos plazos.
Otra arista que despertó encendidos cruces en los pasillos del Congreso fue la precisión incorporada respecto de las recidivas de patologías crónicas. El articulado establece que no serán tratadas como contingencias diferenciadas a menos que entre una manifestación y otra hayan transcurrido, al menos, dos años. La aclaración apunta a evitar la reiteración de licencias por una misma dolencia subyacente, aunque especialistas en derecho laboral advierten que la redacción podría abrir futuros contenciosos.
Fuerzas de seguridad: la letra escrita en medio de los acuartelamientos
La coyuntura crítica que se vive en Santa Fe y Rosario, con episodios de acuartelamiento por parte de efectivos de fuerzas de seguridad, se coló de lleno en la redacción final. El proyecto incorpora un párrafo específico destinado a sellar, con jerarquía de ley, la imposibilidad de reducir los niveles operativos habituales. En concreto, se fija que las fuerzas deberán garantizar en toda circunstancia la totalidad de la prestación del servicio, vedando cualquier tipo de medida que implique una merma en la cobertura.
Se trata de una respuesta normativa a un fenómeno que, en los últimos meses, ganó visibilidad y encendió alarmas tanto en el ámbito político como en la ciudadanía. La inclusión de este apartado no solo procura desactivar futuras protestas gremiales de similar naturaleza, sino que también busca transmitir una señal de firmeza desde el Poder Legislativo hacia las corporaciones sindicales del sector.
Fondos de Asistencia Laboral: aportes escalonados según el tamaño de la empresa
En el plano de la estructura de financiamiento gremial, los cambios también sacuden el tablero. Se determinó la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) mediante una contribución mensual de cumplimiento obligatorio. El esquema es progresivo: las grandes compañías destinarán el uno por ciento de las remuneraciones que sirven de base para los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas aportarán un dos coma cinco por ciento.
El diseño exhibe una intencionalidad clara de aliviar la presión sobre los segmentos productivos de menor facturación, aunque consultores impositivos consultados advierten que la diferencia de alícuotas podría generar distorsiones competitivas si no se definen con precisión los criterios de clasificación empresarial.
Postergación de aportes patronales hasta 2028
Otro de los giros que acaparó la atención fue la postergación del régimen de aportes a cámaras empresarias y asociaciones sindicales. La plena vigencia del nuevo sistema recién regirá a partir del primero de enero de 2028, lo que implica un compás de espera de casi dos años desde la eventual sanción de la ley. Durante ese período, los desembolsos destinados a entidades del empresariado no excederán el cero coma cinco por ciento de las remuneraciones, en tanto que aquellos dirigidos a los gremios quedarán topeados en el dos por ciento.
La cláusula fue leída por diversos analistas como una concesión a los sectores sindicales más reticentes, aunque también responde a la necesidad de ordenar gradualmente un sistema signado por la dispersión normativa y la falta de homogeneidad en los criterios de recaudación.
Salud privada y obras sociales: contribuciones obligatorias que se consolidan
El segmento destinado a obras sociales y empresas de medicina prepaga también experimentó precisiones. Se instituyó una contribución a exclusivo cargo del empleador del cinco o seis por ciento de la remuneración percibida por los trabajadores en relación de dependencia. La variación porcentual, según pudo saberse, dependerá de la negociación colectiva de cada actividad y del tipo de cobertura que se acuerde.
Este apartado no generó mayores roces durante la negociación parlamentaria, aunque fuentes del sector de la salud privada manifestaron su inquietud por la rigidez de la fórmula y su potencial impacto en los costos laborales de las compañías más pequeñas.
El adiós a los estatutos especiales: fin de una era para el periodismo
La reforma incluye, además, una disposición de profundo calado simbólico y material. Se resolvió la derogación, a partir de 2027, de un conjunto de estatutos profesionales que hasta aquí regulaban actividades específicas con regímenes diferenciales. Entre las normas que caerán se encuentra la Ley 12.908, conocida como Estatuto del Periodista Profesional, una pieza legislativa sancionada en la década del cuarenta que consagraba derechos particulares para los trabajadores de prensa.
La noticia sacudió a los sindicatos del sector, que anticipan una batalla en defensa de las condiciones históricamente conquistadas. Los voceros del oficialismo, en cambio, insistieron en que la medida busca unificar el entramado normativo y eliminar privilegios sectoriales en pos de un mercado laboral más homogéneo.
Un texto en permanente construcción
A pocas horas del inicio del debate en el recinto, el mapa de apoyos continúa presentando zonas de sombra. El oficialismo confía en que los retoques de último momento inclinen la balanza a su favor, aunque la oposición ya anticipó que impugnará varios de los artículos más controvertidos. El destino de la Reforma Laboral 2026, una de las apuestas centrales de la agenda legislativa del Gobierno, se definirá en una pulseada cuyo desenlace aún permanece incierto.
Mientras tanto, en los despachos parlamentarios, los equipos técnicos ultiman detalles de un texto que ya no es el mismo que ingresó a la Cámara baja, ni siquiera el que se conoció hasta el martes por la noche. La letra de la ley, una vez más, se escribe al compás de la negociación política.
