Pese al anuncio de un plus salarial y beneficios laborales, una facción de la Policía santafesina endurece su reclamo frente a la Jefatura de Ovidio Lagos. El Ministerio de Seguridad denuncia “acciones violentas” mientras los manifestantes hablan de “represión” y exigen un incremento que alcance a toda la fuerza. La Fiscalía ya investiga.
A 24 horas del inicio del conflicto, el clima frente al edificio de la Unidad Regional II continúa siendo de absoluta ebullición. Lo que comenzó el lunes por la noche como una concentración de agentes en reclamo de mejoras salariales y laborales derivó en un enfrentamiento con la cúpula policial, la posterior remoción de una veintena de efectivos y una investigación penal en curso. Lejos de amainar, la protesta se robusteció con el correr de las horas, y ya entrada la noche del martes los patrulleros permanecían apostados sobre la traza de Ovidio Lagos, con sus balizas destellantes como símbolo de una fuerza que, puertas adentro, se muestra profundamente fracturada.
La mecha del descontento había sido encendida días atrás, cuando la muerte del oficial Oscar “Chimi” Valdéz, ocurrida en el predio de la Jefatura de Rosario, dejó al descubierto las heridas que atraviesan a la institución. El suicidio del agente reavivó un debate largamente postergado sobre las condiciones en las cuales desarrollan su tarea los hombres y mujeres de la Policía provincial. En respuesta, la administración santafesina salió al frente con un paquete de medidas que contemplaba la creación de un suplemento no remunerativo para el personal abocado a tareas en la vía pública, además de asistencia en transporte, alojamiento y abordajes en salud mental. Sin embargo, la iniciativa dejó en el camino a sectores enteros del colectivo policial: jubilados, agentes en situación de disponibilidad y empleados administrativos quedaron al margen de los anuncios. Allí germinó la discordia.
Fue así que un conglomerado de uniformados decidió plantarse, en principio de forma pacífica, frente al ingreso de la Jefatura situada en Ovidio Lagos al 5200. La convocatoria, autoconvocada y sin una estructura orgánica clara, comenzó a ganar espesor cuando el jefe de la Policía provincial, Luis Maldonado, ordenó el desalojo del sector. Los manifestantes denuncian que la intervención fue violenta. “Una señora embarazada recibió gas pimienta en el rostro. Eso desató el conflicto y que los propios policías vinieran a defender a sus familiares”, relató en las primeras horas del martes Gabriel Sarla, abogado y vocero oficioso del colectivo en pie de lucha, quien además supo ser agente y candidatearse a la Intendencia de Rosario en las internas de Unidos en 2023.
El episodio, lejos de clausurar la protesta, la multiplicó. Al goteo de agentes que se plegaron al silencio de los patrulleros se sumaron compañeros solidarios. Los móviles estacionados, con sirenas modulando durante extensos períodos, oficiaron de banda sonora y postal del descontento. “El conflicto ha tomado una escala que no deseábamos. Veníamos realizando un reclamo pacífico hasta que ocurrió un hecho desafortunado: el señor Maldonado, en un momento de locura, decidió reprimir a los propios camaradas y sus familias”, agregó Sarla.
La tesis gubernamental
Desde temprano, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, buscó trazar un límite nítido entre el derecho a peticionar y lo que definió como actos de entorpecimiento ilegal. En conferencia de prensa desarrollada en la sede gubernamental de Rosario, confirmó la decisión de pasar a disponibilidad a 20 efectivos sindicados como promotores de las maniobras más gravosas. “Sobre un reclamo que consideramos legítimo se fueron montando determinados grupos que, a partir de intereses particulares y sectoriales, realizaron acciones violentas y antijurídicas”, sostuvo el funcionario.
El titular de la cartera de Seguridad fue más allá y vinculó a parte de los manifestantes con sectores desplazados de la fuerza, algunos de ellos salpicados por causas de corrupción de gravedad. “Detectamos gente allegada a espacios que fueron depurados de la Policía de Santa Fe, en ciertos casos vinculados a delitos graves cuyos responsables hoy están privados de la libertad. Utilizar a la institución para erosionar la política de seguridad que tanto trabajo insumió es cruzar un límite inaceptable”, enfatizó.
En paralelo, desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron la apertura de una pesquisa penal contra los agentes desplazados, ante la eventual configuración de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La cartera que conduce Cococcioni también sugirió que el abandono de los patrulleros durante horas pudo haber elevado los niveles de exposición al delito en la ciudad. “Que 20 móviles deserten de sus funciones en plena jornada incrementa objetivamente los factores de riesgo. Me atrevería a sostener que les cabría responsabilidad penal si se hubiera consumado un ilícito que pudo ser evitado”, indicó el ministro.
El diálogo que no prospera
En paralelo al endurecimiento del discurso oficial, se sucedieron contactos entre las partes que, sin embargo, no lograron cristalizar en una mesa efectiva de negociación. Durante la tarde, circuló con fuerza la versión de un posible encuentro en Gobernación. Los reclamantes aseguraron haber acudido al lugar, pero nunca fueron recibidos. “El ministro se hallaba ocupado y no pudo atendernos. Conversamos con su secretaria”, aclaró Sarla ante la requisitoria periodística.
Fuentes del Ministerio de Seguridad matizaron esa versión y señalaron que no existió una convocatoria formal, aunque admitieron que se mantuvo “un diálogo continuo” con distintos interlocutores para destrabar el conflicto. La desinteligencia recrudeció los ánimos y, cerca de las cinco de la tarde, los móviles volvieron a ocupar la calzada, sellando el paso sobre Ovidio Lagos.
Ya entrada la noche, Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información, ofreció una nueva exposición ante los medios. Su diagnóstico fue elocuente: “No tenemos una interlocución clara con los manifestantes. Resulta muy dificultoso avanzar cuando no existe una definición conceptual sobre qué es lo que se reclama, quién ejerce la vocería y en representación de quiénes habla”. Pese a la aspereza del diagnóstico, el funcionario garantizó que las vías de diálogo se mantenían expeditas y que la capacidad operativa de la fuerza se hallaba preservada para el resto de la jornada.
El nudo del reclamo
En las antípodas de la interpretación oficial, los agentes movilizados insisten en que la protesta no persigue fines corporativos ni obedece a agendas ocultas. Su vocero, Gabriel Sarla, puntualizó que el pedido original se anclaba en la necesidad de asistencia psicológica para el personal, necesidad que quedó brutalmente expuesta tras el fallecimiento del oficial Valdéz. Pero la detonación del conflicto, afirmó, sobrevino cuando el gobierno anunció un plus que segmenta a la fuerza. “Lo que se otorgó es un suplemento no remunerativo, se está abonando en negro. Lo que demandamos es un incremento salarial que alcance a la totalidad del colectivo policial, no solo a una fracción. La administración salió con un paquete de medidas pretendiendo apaciguar, pero en verdad lo que buscan es dividir a la Policía”, denunció.
La pulseada, que ya lleva más de un día de exposición pública, coloca al gobierno de Santa Fe ante uno de sus desafíos más incómodos desde que instaló la seguridad como uno de los pilares de su gestión. La notable reducción de homicidios en Rosario, esgrimida con frecuencia como un éxito de la política implementada, convive ahora con la imagen de decenas de patrulleros detenidos frente a la Jefatura, tripulados por agentes que exigen ser escuchados.
Al cierre de esta crónica, la noche rosarina continuaba siendo testigo del plantón policial. El reclamo, lejos de extinguirse, se proyecta hacia una nueva jornada de tensión incierta. Mientras tanto, la ciudad mira con perplejidad cómo quienes deben custodiar el orden público se convierten, por estas horas, en protagonistas de una puja sin desenlace aparente.
