Mientras el Senado argentino da media sanción a una reforma que flexibiliza el mercado de trabajo y precariza el empleo, su par mexicano aprobó por unanimidad reducir paulatinamente la jornada semanal. La iniciativa, enviada por Claudia Sheinbaum, beneficiará a más de 13 millones de personas.
En una jornada que expuso dos visiones antagónicas sobre el mundo del trabajo en la región, el Senado mexicano dio un paso histórico al convalidar por unanimidad —121 sufragios afirmativos, ninguno en contra— la modificación constitucional que comprime progresivamente el horario laboral de 48 a 40 horas semanales. El acontecimiento parlamentario coincidió, paradójicamente, con la votación en la cámara alta argentina de un paquete de medidas que erosiona conquistas históricas de los asalariados, abarata las indemnizaciones y profundiza la precariedad ocupacional en el país sudamericano.
El dictamen avalado en lo general y en los artículos no reservados —aquellos exentos de controversia y aprobados sin enmiendas ni deliberación complementaria— establece un cronograma de aplicación escalonada que otorga a las empresas y a la fuerza laboral un período de transición hacia el nuevo esquema. De acuerdo con el texto aprobado, el año 2026 funcionará como instancia de adaptación, mientras que la merma efectiva de la jornada comenzará en 2027 con una reducción de dos horas anuales hasta alcanzar las cuarenta semanales en enero de 2030.
La iniciativa, impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum durante el pasado mes de diciembre, reforma el Apartado A del Artículo 123 constitucional y encontrará su última estación legislativa en la Cámara de Diputados, instancia que definirá su sanción definitiva. El proyecto no solo comprime el tiempo frente a las tareas, sino que además blinda explícitamente el poder adquisitivo de los trabajadores: establece de manera categórica que la contracción horaria no podrá traducirse en disminuciones salariales, recortes de prestaciones ni detrimento alguno de las remuneraciones. Paralelamente, introduce una veda absoluta para que los menores de edad realicen horas extraordinarias.
BENEFICIOS Y CUESTIONAMIENTOS EN EL PLENO
Aproximadamente 13,5 millones de personas asalariadas resultarán alcanzadas por esta transformación normativa, en un país donde más de la mitad de la población ocupada —cerca del 55 por ciento— se desenvuelve en los márgenes de la informalidad. Esta arista no pasó inadvertida durante el encendido intercambio parlamentario, que enfrentó a los bloques oficialistas con las bancadas opositoras en una disputa donde las coincidencias de fondo no lograron ocultar las discrepancias sobre los plazos.
El senador Marko Cortés, perteneciente al Partido Acción Nacional, calificó la medida como “un acto de justicia, pero de justicia a medias”. El legislador blanquiazul subrayó la paradoja de que una reforma celebrada como histórica excluya a la mayoría de los trabajadores mexicanos, aquellos que precisamente desarrollan sus actividades al margen de la formalidad. “Esta enmienda a más de la mitad de la población trabajadora de México no les reportará provecho alguno”, enfatizó desde la tribuna.
El cuestionamiento central del panista apuntó directamente al escalonamiento temporal: “¿Por qué postergar hasta 2030 lo que podría comenzar hoy mismo? Entendemos que hubo acuerdos con el sector patronal, que se negoció esta gradualidad. Pero entonces ténganle la franqueza a los asalariados de decirles que esta reforma de las cuarenta horas recién verá la luz completa dentro de seis años, que quienes tienen la mayoría parlamentaria podrían implementarla desde 2026 y sin embargo están negando ese derecho”.
DOS RUMBOS CONTRAPUESTOS
Mientras el Palacio de San Lázaro procesa la que promete ser una transformación sustantiva en las condiciones de trabajo en México, en Buenos Aires el escenario dibuja una silueta invertida. La media sanción obtenida por el oficialismo argentino en el Senado apunta en dirección opuesta: desregulación del mercado ocupacional, facilitación de los distractos laborales y empobrecimiento relativo de los ingresos mediante la desarticulación de mecanismos protectores.
El contraste no es meramente procedimental. México apuesta por ensanchar derechos en un contexto de precarización global; Argentina, en cambio, acelera una contracción de conquistas que diversos sectores califican como un retroceso de varias décadas. Las dos naciones, espejos invertidos, ofrecen una postal nítida de las tensiones que atraviesa el mundo del trabajo en América Latina.
La reforma mexicana no ha estado exenta de resistencias ni de negociaciones subterráneas con los conglomerados empresariales, que lograron extender los tiempos de implementación originalmente previstos. Sin embargo, el respaldo unánime en lo general refleja un consenso político inusual en los tiempos que corren: 121 legisladores de todos los signos partidarios coincidieron en que reducir la jornada sin menguar el salario constituye un imperativo de justicia social.
La iniciativa, ahora en manos de los diputados, deberá sortear su última instancia deliberativa antes de convertirse en letra constitucional. Quienes la impulsan confían en que el respaldo unánime del Senado allane el camino en San Lázaro. Quienes la critican desde la izquierda exigen inmediatez; desde la derecha, advertían sobre los costos para la productividad. Entre ambas posiciones, el dictamen avanza con paso lento pero firme hacia su consagración normativa. Resta saber si cuando las cuarenta horas sean finalmente una realidad, los trabajadores informales —mayoría absoluta en el país— seguirán esperando su propia justicia.
