Tras sellar la modernización laboral, el Gobierno acelera en Diputados para sancionar dos proyectos clave: la baja de imputabilidad a 14 años y la ratificación del acuerdo Mercosur-UE. Expectativa por los votos y resistencias opositoras en una semana decisiva.
La Casa Rosada no concede respiro. Apenas consumada la extensa jornada en el Senado que dio luz verde a la ambiciosa reforma del estatuto del trabajo, el foco del poder ejecutivo se desplazó de inmediato hacia la Cámara baja. Con la convicción de encadenar otro espaldarazo legislativo, el oficialismo pisó el acelerador para obtener media sanción en dos frentes simultáneos de alta sensibilidad política y social: el flamante Régimen Penal Juvenil, que establece la punibilidad a partir de los 14 años en delitos graves, y la ratificación del polémico acuerdo comercial con el bloque europeo.
Ambas iniciativas sortearon ayer con holgura el filtro de los plenarios comisionados, donde confluyeron dictámenes mayoritarios apuntalados por una constelación de fuerzas aliadas. El espectro de apoyos, que va desde el PRO y la UCR hasta el MID, el interbloque Unidos y un puñado de expresiones provinciales —entre ellas Independencia, de Tucumán; Producción y Trabajo, de San Juan; e Innovación Federal, con representación salteña y misionera—, anticipa un clima de recinto favorable. Sin embargo, en las filas libertarias admiten con cautela que el tratamiento artículo por artículo podría deparar sorpresas.
El piso de imputabilidad en 14 años: pena máxima de 15 para crímenes graves
La iniciativa impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fija en catorce años la edad mínima para atribuir responsabilidad penal en causas vinculadas a homicidios, asaltos con violencia, ultrajes sexuales o privaciones ilegítimas de la libertad. El texto contempla una condena máxima de quince años de reclusión para estos supuestos, aunque introduce un abanico de sanciones sustitutivas cuando los ilícitos tengan prevista una pena inferior al decenio.
Entre esas medidas correccionales —que evitan el encierro— figuran la amonestación formal, la restricción de acercamiento a la víctima, la prestación de servicios comunitarios, la vigilancia electrónica, la reparación integral del perjuicio causado, la inhibición para conducir vehículos y la prohibición de asistir a ciertos espacios. Se prevé además la posibilidad de suspender el procedimiento a prueba e implementar instancias de mediación penal para transgresiones menores, siempre con la anuencia expresa de quien haya sufrido el daño y la comparecencia obligatoria de los intervinientes.
Un capítulo sustancial de la normativa ordena la creación de centros especializados de detención para adolescentes, donde el acceso a la instrucción formal, la asistencia sanitaria y los programas de deshabituación a sustancias queden garantizados. El personal a cargo deberá poseer formación específica en niñez y adolescencia, y queda tajantemente vedada cualquier forma de convivencia con población carcelaria adulta.
La víctima adquiere, por primera vez en este fuero, un lugar protagónico dentro del engranaje procesal. La legislación asegura su derecho a la información permanente, a ser oída en las audiencias, a contar con representación letrada gratuita, a percibir contención psicológica y a formar parte de las decisiones restaurativas cuando las circunstancias lo admitan.
El acuerdo con Europa: 4400 páginas sin margen para enmiendas
En la vereda parlamentaria opuesta, la ratificación del tratado birregional entre el Mercosur y la Unión Europea se dirimirá con un mecanismo binario. Los diputados deberán expedirse por el sí o por el no, sin posibilidad de alterar una coma del texto remitido por el Ejecutivo. Esta rigidez, lejos de inquietar al oficialismo, allana el trámite y acota la controversia.
Durante el debate conjunto de las comisiones de Mercosur y Relaciones Internacionales, apenas el Frente de Izquierda rubricó un rechazo formal, mientras que el peronismo optó por no estampar firma alguna. El resto de las bancadas acompañó la postura gubernamental.
El jefe de la bancada opositora Unión por la Patria, Germán Martínez, impugnó con dureza la celeridad del tratamiento. “Son más de cuatro mil fojas, cerca de un millar de disposiciones. ¿Alguien puede afirmar que examinó concienzudamente el convenio? ¿Resulta admisible dictaminar sobre la base de síntesis elaboradas por inteligencia artificial?”, interpeló. Martínez censuró además la ausencia del canciller Pablo Quirno en el recinto para despejar interrogantes y lamentó la exclusión de los sectores fabriles y agrarios de las rondas consultivas.
El exministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero escaló el tono de las críticas: “Este es el mismo texto que suscribió Macri y que hoy convalida Milei. Nada conserva del acuerdo que se perfiló hace dos décadas. Negociar con la UE es deseable, pero este es un pacto lesivo porque Macri y Bolsonaro, en 2019, cedieron sin condiciones”, arremetió.
La carrera regional por ser los primeros
En la vereda gubernamental, la urgencia obedece a una estrategia geoeconómica precisa. Argentina aspira a convertirse en la primera nación sudamericana en consumar la aprobación legislativa del instrumento, lo que le otorgaría una ventaja comparativa frente a sus socios del bloque regional. La dinámica comunitaria europea dividió el acuerdo en dos porciones: una política, hoy estancada por una impugnación judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea —cuyo dictamen podría dilatarse hasta veinticuatro meses—, y otra comercial, cuyas facultades ya fueron transferidas al Consejo Europeo.
Este órgano puede, desde ahora, negociar con los países que hayan internalizado el pacto aspectos operativos vinculados, por ejemplo, a la asignación de cupos cárnicos. De allí que la celeridad argentina busque posicionar al país en un escalón preferencial.
Brasil y Uruguay ya remitieron los documentos a sus respectivos Congresos. La Cámara brasileña despachó el proyecto y lo someterá a votación tras los festejos de carnaval, el 24 de febrero. La vecina república, en tanto, postergó su decisión hasta el 27 del mismo mes, a fin de receptar las inquietudes de las cadenas agroindustriales y manufactureras.
La semana que se abre encontrará, pues, al Congreso argentino en el centro de una doble pulseada: la que redefine los límites del derecho penal juvenil y la que inserta al país en una liga comercial de enormes proporciones. El oficialismo confía en cosechar dos victorias que, más allá de su tenor específico, terminarían de consolidar el momentum político que hoy parece sonreírle.
