Especialistas en derecho del trabajo advierten que la iniciativa oficial, que ya cuenta con media sanción, contiene numerosos puntos controversiales que podrían ser declarados inconstitucionales. Gustavo Ciampa, reconocido letrado laboralista, analizó en diálogo con Radio 750 el escenario que se avecina y las estrategias judiciales que desplegarían tanto trabajadores como organizaciones gremiales.
Un clima de incertidumbre y expectativa recorre los pasillos del fuero laboral. La media sanción obtenida esta semana en el Senado por el proyecto de reforma laboral oficialista ha encendido las alarmas entre los especialistas en derecho del trabajo, quienes vislumbran un horizonte plagado de presentaciones judiciales si la iniciativa finalmente se convierte en ley.
El doctor Gustavo Ciampa, prestigioso abogado con dilatada trayectoria en la materia, compartió su análisis con la audiencia de Radio 750, delineando un panorama complejo para el Poder Judicial y, fundamentalmente, para los millones de trabajadores que podrían ver afectados sus derechos adquiridos. El letrado no titubeó al calificar el texto normativo como un extenso territorio vulnerable, caracterizándolo como enteramente regresivo en su conjunto.
La discusión sobre la constitucionalidad del instrumento legal constituye el núcleo del debate. Ciampa distinguió con precisión quirúrgica el tratamiento que los magistrados dispensaron al Decreto de Necesidad y Urgencia previamente cuestionado, respecto del abordaje que merecería una norma surgida del parlamento. En aquella oportunidad, recordó el entrevistado, la declaración de inconstitucionalidad no obedeció al corazón del articulado sino al vehículo elegido para su implementación, esto es, el propio decreto.
Esta distinción no es baladí. El especialista advirtió que una eventual embestida de la Confederación General del Trabajo contra la totalidad de la ley podría encontrarse con la renuencia de los jueces a emitir un pronunciamiento de inconstitucionalidad de carácter general y abstracto mediante una única acción colectiva. Los magistrados, especuló, podrían mostrarse reticentes a semejante intervención.
Sin embargo, esta posible cautela judicial de ningún modo implicaría un salvoconducto para la norma. Por el contrario, Ciampa vaticinó una auténtica explosión de procesos contenciosos, pues cada individuo sometido a las nuevas disposiciones se convertiría en potencial demandante. La litigiosidad, lejos de concentrarse en un único expediente, se atomizaría en miles de causas particulares.
El mecanismo sería casi automático. Aquel dependiente que reciba su despido bajo los parámetros indemnizatorios disminuidos que contempla el proyecto podría impugnar la aplicación de la novedosa tabla, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula respectiva para conservar el régimen resarcitorio actualmente vigente. Idéntica suerte correría el empleado sometido a jornadas extenuantes de doce horas sin la correspondiente retribución suplementaria, quien encontraría en el planteo de inconstitucionalidad la llave para reclamar lo adeudado.
El espectro de controversias no se circunscribe al vínculo individual. Las organizaciones sindicales también contarían con legitimación sustancial para acudir a los estrados. Cualquier agremiación que sea indebidamente rotulada como esencial, con la consiguiente restricción del derecho de huelga, se hallaría habilitada para incoar las acciones pertinentes.
El optimismo del letrado reside en la convicción de que la magistratura laboral, aquella que cotidianamente aborda conflictos concretos entre partes perfectamente identificadas, no dudará en descalificar los preceptos lesivos de la garantía constitucional de progresividad y de otros principios medulares del derecho del trabajo. Será en esos litigios particulares, cara a cara entre un trabajador y su empleador, donde la ley mostrará su fragilidad.
Distinto sería el panorama si la central obrera optara por promover una acción directa. En ese supuesto, el éxito dependería del coraje y la convicción del juez interviniente. Ciampa manifestó sus dudas acerca de que la totalidad de los magistrados se muestren a la altura de tamaña responsabilidad institucional.
En cuanto al ámbito temporal de aplicación, el entrevistado despejó cualquier hesitación: la norma, una vez promulgada, ostenta vocación de universalidad. Alcanzará sin distinción a los trabajadores incorporados con posterioridad a su vigencia y también a aquellos cuya relación laboral se hubiere iniciado con anterioridad. Sobre este extremo, el especialista se manifestó categórico, sin admitir resquicio para interpretaciones restrictivas.
Quizás uno de los aspectos más inquietantes del proyecto radica en la traslación al plano individual de materias que tradicionalmente constituían objeto de negociación colectiva. La iniciativa franquea la posibilidad de que empleador y dependiente acuerden bilateralmente determinadas condiciones que hasta ahora eran definidas en el seno de las comisiones paritarias. Ciampa graficó elocuentemente el peligro: bastaría un formulario recién impreso para que, al día siguiente de publicada la ley en el boletín oficial, el empleador invite a su personal a suscribir acuerdos habilitantes de jornadas extendidas.
El letrado concluyó su intervención con una precisión técnica de suma importancia. Aquellos vínculos laborales extinguidos con anterioridad a la promulgación permanecen inmunes a las disposiciones novedosas. Ninguna empresa podría argumentar válidamente que un despacho ocurrido la víspera debe liquidarse conforme a la indemnización reducida que establece el nuevo texto. La seguridad jurídica y el principio de irretroactividad de la ley más desfavorable operan como barreras infranqueables.
El derrotero judicial que describe Ciampa anticipa meses e incluso años de intensa actividad en los tribunales. Mientras tanto, los actores del mundo del trabajo observan con atención los próximos pasos en el parlamento y aguardan, no sin inquietud, la definición de un texto que promete reconfigurar el mapa de las relaciones laborales en el país.
