En una sesión maratónica, el oficialismo logró imponer su iniciativa con 149 apoyos contra 100 rechazos. La iniciativa modifica el régimen penal juvenil y ahora deberá ser debatida en el Senado. La oposición advierte que la norma terminará judicializada y cuestiona la falta de presupuesto para su implementación.
La Cámara de Diputados dio un paso determinante en la reorganización del sistema de justicia para menores al otorgar media sanción al proyecto que reforma el régimen penal juvenil, estableciendo en 14 años la edad mínima para que los adolescentes puedan ser imputados penalmente. La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza consiguió sortear el escrutinio parlamentario gracias al respaldo de sus socios habituales y la adhesión de sectores de Provincias Unidas, en una votación que evidenció la fragilidad de los acuerdos y la profundidad de las diferencias políticas en torno a la materia.
La propicia oficial cosechó 149 voluntades a favor del texto en términos generales, mientras que cien legisladores estamparon su voto en contra. El bloque libertario repitió la estrategia de sostenerse en la colaboración de espacios afines como el PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo, a los que se añadieron diversas expresiones provinciales. Sin embargo, el arco opositor se mostró fragmentado pero contundente en su rechazo.
El peronismo anticipa una batalla judicial
La bancada de Unión por la Patria desembarcó en el recinto con dos dictámenes alternativos, uno encabezado por Victoria Tolosa Paz y otro por Ramiro Gutiérrez, aunque ninguna de estas propuestas logró torcer el rumbo de la discusión. Voceros del espacio peronista anticiparon que el texto sancionado por la Cámara baja tiene los días contados en los estrados judiciales, al considerar que presenta vicios de forma y fondo que habilitarán su impugnación. “Esto se va a judicializar”, sentenciaron desde las filas del principal bloque opositor.
Acompañaron la postura negativa el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la fuerza Elijo Catamarca y los diputados Jorge “Gato” Fernández y Natalia De la Sota, quienes sumaron sus voces a las críticas que señalaban la ausencia de una mirada integral sobre la problemática juvenil.
La renuncia a los 13 años como moneda de cambio
El oficialismo llegó al recinto con la convicción de instalar la imputabilidad a los 13 años, pero la realidad parlamentaria lo obligó a transitar el camino de la moderación. La diputada Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría y titular de la comisión de Legislación Penal, reconoció que la negociación con los bloques aliados derivó en el establecimiento de los 14 años como piso etario. “El consenso del Congreso ha determinado esta edad”, justificó la legisladora cordobesa, quien además celebró que las diferencias se diriman en el ámbito legislativo y no en las calles: “No compartiremos quizás el espíritu último del proyecto, pero valoro que las discrepancias conceptuales, ideológicas o metodológicas respecto de cómo encarar la inseguridad se resuelvan con votos y no con piedras”.
El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, salió al cruce de los argumentos oficialistas al subrayar que la iniciativa gubernamental desatiende por completo las dimensiones educativa, social y preventiva del fenómeno delictivo en la adolescencia. “No plantean ninguna acción en el terreno de lo educativo, de la inclusión, de la promoción de derechos, del abordaje de las familias, de los clubes, ni de cómo integramos a la comunidad en un tema que debería preocuparnos a todos”, enfatizó el santafesino.
El dilema del financiamiento
El interbloque Provincias Unidas, tercera fuerza en cantidad de integrantes, si bien no manifestó reparos con la edad de imputabilidad acordada, puso el foco en una omisión que consideran sustancial: la falta de especificación de las partidas presupuestarias destinadas a instrumentar el nuevo régimen. Desde ese espacio intentaron incorporar un artículo que obligara al Ministerio de Justicia a transferir fondos a los distritos, pero la propuesta fue desestimada por La Libertad Avanza, que se negó a introducir modificaciones en ese sentido.
Otro de los puntos que generó controversia y obligó al oficialismo a ceder fue la redacción original respecto del lugar de alojamiento para los menores privados de su libertad. El bloque liderado por Gisela Scaglia consiguió eliminar del dictamen de mayoría la previsión que habilitaba el encierro en “una sección separada de un establecimiento penitenciario”, un cambio que los aliados consideraron imprescindible para no desvirtuar el espíritu de un régimen especializado.
Los alcances de la nueva normativa
El texto que obtuvo media sanción crea un andamiaje jurídico específico para adolescentes de 14 a 18 años que resulten imputados por delitos tipificados en el Código Penal o en leyes penales especiales vigentes o futuras. Las sanciones previstas oscilan entre los tres y los diez años de privación de la libertad, aunque el abanico de posibilidades incluye alternativas como amonestaciones, prestación de servicios comunitarios o monitoreo electrónico.
En materia de encierro, la norma contempla tres modalidades diferenciadas: la privación de la libertad en el domicilio, el internamiento en institutos abiertos o la detención en establecimientos especializados. Para hacer viable esta estructura, el proyecto estipula una asignación superior a los veintitrés mil millones de pesos, de los cuales tres mil millones serían transferidos por el Ministerio de Justicia y los veinte mil millones restantes provendrían de la Defensoría General de la Nación. Además, se autoriza a las provincias a suscribir convenios con el objetivo de “dar cumplimiento al presente régimen”, una cláusula que muchos gobernadores interpretan como una traslación de responsabilidades sin los recursos correspondientes.
El expediente, ahora en manos del Senado, enfrentará un derrotero incierto en la Cámara alta, donde las mayorías son más estrechas y las voces críticas, tanto por omisión como por exceso, prometen reabrir un debate que la sociedad sigue con atención y que los especialistas observan con escepticismo.
