A 24 horas de la violenta dispersión de la manifestación contra la reforma laboral, crecen las sospechas sobre la existencia de un plan orquestado para deslegitimar la protesta social. Mientras la izquierda denuncia la presencia de agentes provocadores, sectores gremiales apuntan a una estrategia deliberada de las fuerzas de seguridad para permitir actos vandálicos y justificar así un desalojo masivo. La ministra Monteoliva presentó una denuncia sin pruebas contundentes y señaló a cuatro supuestos instigadores que ya salieron a desmentirla.
La postal que quedó grabada en la memoria colectiva tras la jornada de protesta en las inmediaciones del Palacio Legislativo dista mucho de ser unívoca. Mientras el Gobierno celebra la firmeza con la que se actuó para «preservar el orden público», en las filas de la oposición y en diversas organizaciones sociales se teje una trama mucho más compleja, donde la sospecha y la búsqueda de responsables se entrelazan con una pregunta incómoda: ¿hubo manos invisibles que encendieron la mecha del caos para luego apagar la voz de miles?
En el corazón de las agrupaciones de izquierda, la convicción es prácticamente unánime. La escena, registrada por decenas de lentes y transmitida en vivo a todo el país, resulta para ellos demasiado burda como para ser espontánea. La imagen de individuos con los rostros cubiertos confeccionando artefactos incendiarios a la vista de todos, sin el más mínimo recato, desafía toda lógica militante. «Nadie, absolutamente nadie, se sienta en el mármol de una plaza repleta de gente, de cámaras y de fotógrafos a armar una bomba molotov», argumentan con vehemencia desde los partidos del Frente de Izquierda. «Si un manifestante lleva una, la transporta ya preparada desde su lugar de origen. Aquí se montó una escenografía, un acto performático pensado para ser captado por las lentes y construir el relato de la violencia irracional».
Este sector traza un paralelismo inquietante con episodios del pasado reciente, como la quema del móvil de Cadena 3 durante las protestas contra la Ley Bases. En aquella ocasión, la impunidad con la que actuaron los responsables y la pasividad de las fuerzas presentes también despertaron las alarmas sobre la posible existencia de infiltrados. Para la izquierda, la mano del operador político se evidencia en la puesta en escena: un grupo reducido, casi teatral, ejecutando acciones de alta peligrosidad sin que el imponente dispositivo de seguridad apostado a pocos metros moviera un solo dedo para impedirlo. Durante largos minutos, mientras las veredas eran destruidas para obtener proyectiles y las bombas de fabricación casera comenzaban a volar, el camión hidrante permaneció inmóvil, apuntando hacia zonas despejadas, como un espectador más de la función.
Sin embargo, no todos los actores del arco opositor se abrazan a la teoría de la infiltración pura y simple. Ciertos dirigentes con peso en la estructura sindical peronista ensayan una hipótesis diferente, aunque su conclusión final converge en el mismo punto: la responsabilidad del Estado en el desenlace violento. Para estos gremialistas, resulta plausible que entre los alborotadores hubiera efectivamente militantes de extracción anarquista o de izquierda, personas con un prontuario de acciones directas. Pero lo crucial, el verdadero eje de la cuestión, no radica tanto en la identidad de los primeros agresores, sino en la actitud deliberadamente permisiva de las fuerzas de seguridad. «Es una estrategia de manual», explican con resignación. «Se identifica a un grupo pequeño, se le permite actuar, se le deja un margen de tiempo para que cause destrozos y genere las imágenes de violencia. Una vez que el daño está hecho y la opinión pública ya tiene el estímulo visual, entonces se lanza la maquinaria represiva, pero no contra esos cuatro o cinco, sino contra la totalidad de los manifestantes».
El objetivo final, en esta lectura, era tan claro como macabro: cambiar el encuadre. Evitar a toda costa que la fotografía de la jornada fuera la de una plaza Congreso colmada por un torrente humano, un crisol de clases trabajadoras, jubilados y estudiantes alzando su voz en contra de las reformas impulsadas por el oficialismo. En su lugar, la imagen que debía perpetuarse era la del conflicto, la del pequeño grupo de violentos enfrentándose a las fuerzas del orden, justificando así una respuesta desmesurada que terminó por vaciar el espacio público y criminalizar la protesta en su conjunto. La maniobra, de ser cierta, habría logrado su cometido: el debate público se desplazó de las razones de la marcha a las formas de la violencia.
En medio de este campo de interpretaciones encontradas, irrumpió con fuerza la figura de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Fiel al libreto de su predecesora, la funcionaria protagonizó un acto de alto voltaje mediático. Con una carpeta bajo el brazo y gestos adustos, compareció ante las cámaras para ponerle nombre y rostro a los culpables. Matías Enzo Roldán, Federico Alberto Mazzagalli, Denis Alejandro Figueredo y Patricio Hernán Castellán fueron los cuatro señalados ante la opinión pública como los artífices de la asonada violenta, aquellos que, en sus palabras, «quisieron desestabilizar al país». El show mediático, sin embargo, comenzó a mostrar sus costuras apenas unas horas después.
La primera fisura la abrió el propio Patricio Castellán. En una entrevista concedida a un canal de noticias, el hombre desmintió categóricamente la versión oficial. Con una remera de color bordó, muy distinta a la vestimenta oscura que lucían los individuos que fabricaban las molotov, Castellán aseguró haber participado de la marcha pero en una posición retrasada y sin protagonizar incidente alguno. «Me señalaron sin pruebas, solo por mi nombre», denunció, dejando flotando la sospecha de una lista armada apresuradamente para satisfacer la necesidad gubernamental de mostrar resultados.
La inconsistencia más grave, no obstante, surgió del análisis del propio expediente judicial. La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, un documento que debería contener los elementos de cargo contra los acusados, brilla por su vacío probatorio. En el apartado destinado a las evidencias, el texto es de una pobreza tal que resulta casi patético: apenas cinco renglones en los que se informa que la cartera que conduce Monteoliva «se encuentra en pleno proceso de análisis de los acontecimientos delictivos». Una confesión de parte que desnuda que, al menos por el momento, no existe ni una sola prueba que incrimine a los señalados. La carpeta que la ministra exhibió con tanta pompa era, al parecer, un atrezo más de la escenografía.
Mientras tanto, el corolario de la jornada repitió un libreto ya conocido. Las detenciones se realizaron en un radio que excedía con creces el foco del conflicto, atrapando a transeúntes y manifestantes pacíficos en calles aledañas, e incluso sobre la populosa Avenida 9 de Julio. Un cupo de aproximadamente treinta aprehendidos que, como suele ser costumbre en estos procedimientos, se fue reduciendo con el correr de las horas. Al cierre de esta edición, apenas cinco personas permanecían bajo custodia, algunas de ellas por posesión de marihuana para consumo personal, una falta menor que poco tiene que ver con los graves delitos que se les imputaban inicialmente.
En un último giro de tuerca, el Poder Ejecutivo decidió elevar la apuesta. La denuncia oficial contra los detenidos y los prófugos señalados por Monteoliva es un verdadero popurrí jurídico, donde se les acusa de medio Código Penal: desde atentado al orden constitucional y resistencia a la autoridad, hasta lesiones graves y daños con la intención de provocar terror. Una catarata de cargos de enorme gravedad que, sin embargo, chocan contra el muro de la realidad: en el capítulo de pruebas, la nada misma. La estrategia comunicacional del Gobierno parece haberse impuesto una vez más sobre la solidez de los hechos, en una pulseada donde la verdad judicial amenaza con convertirse en la principal víctima de una batalla librada, antes que nada, en el terreno de las imágenes y las percepciones.
