Con la aprobación de la reforma laboral en el Senado, la media sanción a la baja de imputabilidad en Diputados y el respaldo al acuerdo Mercosur-Unión Europea, el gobierno de Javier Milei exhibe un poderío legislativo inédito que contrasta con la fragmentación opositora y la parálisis del justicialismo.
La administración libertaria acaba de culminar su semana más gloriosa en el terreno parlamentario desde aquel vertiginoso desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada en diciembre de 2023. Ni siquiera cuando logró imponer la célebre Ley Bases el oficialismo había conseguido avanzar en iniciativas de semejante calibre político con la celeridad, la comodidad numérica y el respaldo transversal que exhibió durante estos días en ambas cámaras del Congreso nacional.
Con la obtención de la media sanción en el Senado para la reforma laboral, el visto bueno en Diputados para reducir la edad de imputabilidad de los menores y la convalidación del entendimiento comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la fuerza gobernante no solamente afianza la percepción de una emergente hegemonía política, sino que expone sin pudor la aguda descomposición que atraviesa el peronismo —y la oposición en su conjunto—, una debacle que parece no encontrar horizonte de resolución.
Lo acontecido en la Cámara alta se erige, dentro de este panorama, como una fotografía elocuente de estos nuevos tiempos: con una votación holgada, el oficialismo consiguió convertir en ley una normativa que incorpora profundas desregulaciones y flexibilizaciones en el universo laboral, avanzando decididamente sobre numerosas protecciones históricas que la legislación argentina reconocía a los trabajadores desde los albores del primer peronismo.
Aquello que resultó esquivo para administraciones como las de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa o Mauricio Macri, Milei lo materializó no solamente con amplitud sino con el respaldo de legisladores alineados con un puñado de mandatarios provinciales de estirpe peronista, y frente a la insólita estampa de una Plaza del Congreso que, pese a algunos disturbios aislados, permaneció prácticamente desierta ante una movilización exigua donde la Confederación General del Trabajo tuvo una participación meramente testimonial.
Sin restar mérito a la comodidad que reflejó el marcador de la votación, resulta justo señalar que el oficialismo desplegó una estrategia renovada que supo combinar la intransigencia en aquellos puntos que juzgaba medulares con generosas dosis de adaptabilidad y pragmatismo en otros aspectos susceptibles de ensanchar la base de sustentación parlamentaria. Una conducta que no solamente se manifestó en la decisión de retirar la disminución del gravamen a las Ganancias que generaba resistencias entre los gobernadores, sino también en la incorporación de modificaciones destinadas a atender los planteos de otros sectores empresariales (como la actividad bancaria) e inclusive de las propias organizaciones sindicales, a quienes se les resguardó buena parte de sus tradicionales fuentes de financiamiento.
Si en el Senado la representación justicialista apareció marginada aunque consiguió preservar la endeble cohesión de los bloques que se reconocen explícitamente dentro del espacio (una situación que, dicho sea de paso, podría modificarse la semana entrante ante una eventual fractura protagonizada por el segmento «Convicción Federal»), en la Cámara de Diputados la dispersión y el fraccionamiento se impusieron como regla dominante. Mientras en la votación genérica del proyecto sobre disminución de la edad de imputabilidad el peronismo consiguió sostener cierto alineamiento, en la votación específica de esta iniciativa y, con mayor nitidez aún, en la convalidación del pacto Mercosur-Unión Europea, las divergencias y las grietas resultaron imposibles de disimular.
Lo cierto es que, aun frente a una gestión gubernamental que progresa sin tropiezos en el parlamento y proyecta una imagen de gobernabilidad que no logró exhibir durante la fase inicial de su mandato, ni siquiera la sanción de uno de los cimientos de la tan promocionada etapa de «transformaciones estructurales» parece bastante para conjurar ciertos espectros que alimentan la prudencia o inclusive la desconfianza de los capitales foráneos que, después de dos ejercicios de una administración abiertamente favorable al mercado, propensa a la apertura y la desregulación, todavía vacilan a la hora de materializar las inversiones de envergadura que podrían impulsar un despegue de la actividad económica.
En la certeza de que la modificación laboral, más allá de la retórica oficial, no incentivará la generación de puestos de trabajo, el año 2026 se presenta complejo en lo concerniente al plan de estabilización. Sin señales de que el entramado productivo pueda recomponerse en aquellos rubros que impactan directamente en el poder adquisitivo, el oficialismo parece aferrarse a la percepción de estabilidad que genera un contexto de tranquilidad cambiaria y relativo equilibrio financiero y macroeconómico (con la permanente inquietud que provoca la inflación, acentuada tras el bochornoso episodio de la suspensión del nuevo índice de precios).
De este modo, resulta complejo imaginar que con la estrategia impulsada por el ministro de Economía, que persiste en utilizar el tipo de cambio deprimido como mecanismo de contención inflacionaria, articulado con tasas de interés elevadas, tarifas públicas dolarizadas, remuneraciones congeladas y un recorte adicional para sostener el equilibrio de las cuentas públicas frente a la merma recaudatoria, pueda favorecerse la revitalización del tejido empresarial. Un andamiaje que si bien podrá —aunque con dificultades crecientes— contener la escalada de precios, y estimular el circuito especulativo del «carry trade» que facilite la acumulación de las divisas comprometidas, terminará por sacrificar cualquier posibilidad de crecimiento sostenido.
En ausencia de expansión económica en el horizonte inmediato, comienzan a hacerse visibles de manera inexorable algunas consecuencias derivadas del debilitamiento del andamiaje productivo, fenómeno que se traduce en la desaparición de compañías y la destrucción de empleos registrados que, al menos por ahora, no se reflejan en las estadísticas de desocupación gracias a que una porción sustancial de los nuevos desempleados migra hacia la economía sumergida. Una realidad de precarización ocupacional que, por supuesto, la normativa recientemente aprobada en el Senado no viene en modo alguno a regularizar.
