Mientras el Gobierno y un sector de los rectores celebran la apertura de una mesa de diálogo que destrabó fondos para salarios, becas y hospitales, una facción del arco gremial denuncia haber cedido ante una «extorsión» que podría sepultar definitivamente la Ley de Financiamiento en los estrados de la Corte Suprema. El acuerdo, que implica un incremento del 21,33% en junio y una partida millonaria para centros de salud, deja al descubierto la profunda grieta que atraviesa al sistema universitario, donde el 85% de los docentes percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza.
El reciente entendimiento alcanzado entre los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los representantes de los gremios docentes y el Poder Ejecutivo ha generado un cisma de magnitudes considerables en el seno de la comunidad educativa superior. Lo que para unos representa un respiro necesario en medio de una crisis económica asfixiante, para otros no es más que una maniobra política que otorga al oficialismo el oxígeno que necesitaba para desactivar un conflicto de creciente efervescencia social. Este acuerdo, que tuvo como escenario principal la mesa de negociación paritaria, incluye un incremento salarial del 21,33% a partir del mes de junio, un adicional del 3% programado para octubre, la promesa de una nueva revisión en septiembre, junto con una significativa actualización del 50% en las becas estudiantiles y un desembolso de 50 mil millones de pesos destinados a los hospitales universitarios. Sin embargo, la letra pequeña y las implicancias políticas del documento han desatado un intenso debate que promete mantener la tensión en las aulas y los pasillos de las casas de altos estudios durante las próximas semanas.
En la vereda de los optimistas, se destaca la urgencia de brindar un alivio inmediato a los trabajadores de la educación, cuyos haberes han sido severamente erosionados por el proceso inflacionario. Fuentes cercanas a la negociación subrayan que la apertura al diálogo por parte del Ejecutivo constituye una novedad bienvenida después de meses de un hermetismo que llevó al sistema educativo a una situación límite. Para estos sectores, el incremento salarial, aunque dista de cubrir la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023, representa una inyección de liquidez fundamental para que miles de familias puedan sortear el fin de mes con menor endeudamiento. Asimismo, se valora positivamente el desbloqueo de los fondos para los centros asistenciales dependientes de las universidades, los cuales se encontraban al borde del colapso, con sus directores advirtiendo que solo podrían sostener la atención de más de 700 mil pacientes anuales por escasos 45 días más. Este sector argumenta que la impresionante movilización ciudadana y el respaldo popular a la educación pública, laica y gratuita fueron determinantes para torcer la voluntad de un gobierno reacio a conceder aumentos, demostrando así la fortaleza del reclamo colectivo.
Por otro lado, la facción crítica del acuerdo, nucleada en gremios como la Conadu Histórica y la Asociación Gremial Docente de la UBA, alza la voz con una contundente denuncia: lo que se ha rubricado no es un triunfo, sino una claudicación ante lo que califican como una burda extorsión gubernamental. Para ellos, el verdadero núcleo del conflicto reside en la Ley de Financiamiento Universitario, doblemente ratificada por el Congreso Nacional y sistemáticamente incumplida por el Poder Ejecutivo. Al aceptar una oferta que se ubica en cerca de la mitad del incremento que estipula dicha ley (calculado en aproximadamente un 53% para empatar con la inflación de diciembre de 2023), los rectores habrían proporcionado a la Corte Suprema de Justicia los argumentos perfectos para postergar ad aeternum una decisión que debería ser perentoria. La estrategia, según esta visión, es clara: al desactivar el argumento de la «urgencia» y el «peligro en la demora» mediante este alivio paliativo, el Gobierno y el máximo tribunal se toman el tiempo necesario para archivar el reclamo central. Incluso se susurra en los pasillos gremiales que la repentina apertura de la «billetera» oficial no es más que el resultado de la presión ejercida por los Supremos, en un intento por alinear la agenda del Ejecutivo, mientras que en otras temáticas acuciantes como la discapacidad, la administración nacional mantiene un hermetismo absoluto.
Más allá de las posturas encontradas, existe un punto de convergencia: el acuerdo es considerado por todos los actores como insuficiente y, ante todo, como un punto de partida o un mero paliativo, no como el destino final de la lucha. La meta irrenunciable sigue siendo el cumplimiento cabal e irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario. No obstante, el desafío inmediato para la dirigencia gremial y los claustros radica en definir cómo continuar la batalla. La disyuntiva entre mantener un plan de lucha que podría incluir medidas de fuerza prolongadas, o aceptar esta tregua temporal para rearmar la estrategia, ha generado un cisma operativo. Mientras que la Conadu (mayoritaria) decidió levantar las medidas de fuerza y enfocar sus baterías en sostener el proceso judicial, los sectores más duros han ratificado una semana completa de paro, demostrando que la bronca y la desconfianza hacia el oficialismo y hacia la propia dirigencia que firmó el acta están lejos de disiparse.
En el análisis pormenorizado del contenido salarial, surgen matices que profundizan la desigualdad dentro del propio sistema. El incremento bruto significa que una dedicación exclusiva pasará a percibir 1 millón y medio de pesos, mientras que una dedicación semiexclusiva rondará los 750 mil y la simple los 375 mil. Sin embargo, un sector significativo del profesorado, aquel que posee doble dependencia con el Conicet, observará con amargura que este aumento prácticamente no se verá reflejado en sus recibos de sueldo. La mecánica de la doble dependencia funciona como un sumidero que absorbe la mejora salarial: si el Conicet cubría la diferencia entre el sueldo universitario y el de investigador, al elevarse el primero, la diferencia se reduce y el componente que pagaba el organismo científico desaparece. Este fenómeno afecta con crudeza a los científicos y científicas con más de una década de formación académica, que ven cómo su esfuerzo y dedicación no se traducen en una mejora tangible, quedando condenados a un techo salarial que los margina de cualquier recomposición real.
Finalmente, el escenario post-acuerdo se presenta complejo y lleno de incertidumbres. Las familias, estudiantes y docentes de los colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Salta, Rosario, Córdoba y La Plata ya han lanzado una campaña de firmas dirigida a la Corte Suprema, exigiendo que se expida en forma urgente a favor de la ley. El expediente judicial se convierte así en el campo de batalla definitivo. Para los gremios firmantes, la lucha no ha cesado, sino que se ha replegado al ámbito legal y se prepara para la discusión paritaria de septiembre. Para los detractores del acuerdo, el daño ya está hecho: se ha regalado un triunfo político al gobierno, se ha desactivado la efervescencia social que sostenía el reclamo y se ha permitido que la Corte Suprema tenga la sartén por el mango, pudiendo dilatar una resolución que, en el escenario más pesimista, podría terminar sepultando las aspiraciones de recuperación salarial de toda una comunidad. Lo que está en juego no es solo el bolsillo de los trabajadores, sino el futuro mismo del principio de universidad pública, gratuita y de calidad, que hoy se debate entre la urgencia del presente y la estrategia a largo plazo.
