En un encuentro que el ministro Luis Caputo calificó como «excelente», los industriales dieron el visto bueno al nuevo Fondo de Asistencia Laboral que desfinancia a la Anses. Mientras la actividad fabril se desploma, las patronales celebran el subsidio estatal para pagar despidos.
En la cumbre del poder empresario y la administración libertaria no hubo espacio para las discrepancias. El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, recibió este viernes a los máximos referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) en un cónclave donde la agenda estuvo monopolizada por los pormenores de la reforma laboral que recientemente obtuvo media sanción en el Senado. Lejos de cualquier tirantez, el encuentro sirvió para aceitar los engranajes de una relación que promete ser fructífera para el sector patronal, aunque letal para los derechos de los trabajadores.
Según trascendió de la reunión, Caputo compartió un diálogo «cálido y productivo» con Martín Rappallini, titular de la entidad fabril, junto a Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. El funcionario no escatimó elogios hacia la cúpula fabril y destacó la «enorme sintonía» existente, subrayando el compromiso de seguir articulando políticas en conjunto. La conversación giró en torno a los ejes centrales de la modernización laboral, con especial énfasis en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las herramientas para abaratar el despido y el novedoso régimen que establece una contribución patronal de apenas el dos por ciento durante el próximo cuatrienio.
Sin embargo, la postal de armonía contrasta de manera brutal con el paisaje que se observa en el interior de las fábricas. Mientras el gobierno y los jerarcas de la UIA brindan por las nuevas reglas de juego, los números de la actividad industrial dibujan un horizonte sombrío. El Indec reveló esta semana que la utilización de la capacidad instalada en el sector manufacturero se hundió hasta el 53,8 por ciento, el registro más alarmante de los últimos veintiún meses. Lejos de ser una preocupación central en la cumbre de este viernes, la sangría de puestos de trabajo –cerca de 192.300 empleos privados perdidos desde el inicio de la gestión libertaria– fue apenas un susurro en el comunicado oficial de la UIA, que se limitó a mencionar un «contexto de caída del empleo» sin profundizar en la hecatombe que azota principalmente a la construcción y la industria manufacturera.
El corazón del negocio: un fondo que subsidia el despido con plata de la seguridad social
Entre los puntos abordados, el Fondo de Asistencia Laboral emergió como la joya de la corona. Este mecanismo, que implica una mutación histórica en la concepción del derecho laboral argentino, funciona como una alcancía colectiva manejada por las propias empresas para afrontar las indemnizaciones por despidos. La tramoya es tan sencilla como perversa: las compañías aportarán un porcentaje de su masa salarial que, en lugar de ir a engrosar las arcas del Sistema de Seguridad Social, se desvía hacia este fondo. De esta manera, el costo de despedir trabajadores registrados ya no recae sobre el empleador, sino que se socializa, trasladándose al conjunto de la sociedad que verá cómo se desfinancia la Anses.
La letra chica del proyecto establece alícuotas diferenciadas: las grandes corporaciones destinarán entre el uno y el uno y medio por ciento de sus salarios, mientras que las pymes y mipymes aportarán una cifra que oscila entre el dos y medio y el tres por ciento. Lo que a simple vista podría parecer un alivio para las pequeñas empresas, esconde una bomba de tiempo fiscal. Según proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Estado dejará de percibir anualmente una cifra cercana a los 2.600 millones de dólares que antes engrosaban el sistema previsional.
Para dimensionar el impacto, los cálculos preliminares indican que el FAL recaudaría mensualmente alrededor de 147 mil millones de pesos. Este dineral, que equivaldría a financiar una jubilación mínima anual para la totalidad de los pasivos argentinos, en lugar de garantizar ingresos dignos para la vejez, se destinará a engrasar la máquina de la rotación laboral. La lógica indemnizatoria, que hasta ahora cumplía una doble función –resarcir al trabajador despedido y disuadir al empleador de tomar decisiones arbitrarias– queda completamente desactivada. Al estar el despido «prepagado» con recursos públicos, el empresario ya no enfrentará el costo real de prescindir de su personal, lo que abre las puertas a una cultura de la rotación como mecanismo de ajuste rápido ante las fluctuaciones del mercado.
El festín financiero y los reclamos de los industriales
Pero el banquete no termina ahí. La monumental masa de dinero que acumulará el FAL será administrada por entidades financieras registradas en la Comisión Nacional de Valores. Estas firmas tendrán la potestad de invertir los fondos en distintos instrumentos, cobrando comisiones de administración que rondan entre el uno y el dos y medio por ciento anual, sin contar posibles spreads respecto a la evolución inflacionaria. Así, lo que comenzó como un subsidio al despido se convierte también en un negocio multimillonario para el sector financiero.
Lejos de conformarse con estos beneficios, los representantes fabriles aprovecharon la audiencia con Caputo para estirar el brazo un poco más. En su documento posterior al cónclave, la UIA reclamó una rebaja impositiva integral que incluya a provincias y municipios, y propuso la posibilidad de utilizar las contribuciones patronales para cancelar deudas de IVA, con el objetivo de incentivar la formalización en sectores intensivos en mano de obra. Además, insistieron en la necesidad de impulsar las exportaciones mediante la eliminación de los derechos de exportación en rubros pendientes y el aumento de los reintegros, particularmente en Manufacturas de Origen Industrial y alimentos.
En un intento por descomprimir la crisis que azota a la construcción, se analizaron estímulos para reactivar la compra de insumos a través de la devolución del IVA en consumos realizados con tarjeta de crédito y débito. Sin embargo, ninguna de estas medidas paliativas logra ocultar la realidad de fondo: mientras la cúpula empresaria celebra el blindaje legal y financiero obtenido, las fábricas siguen apagando sus máquinas y miles de trabajadores engrosan las filas de los despedidos, en un contexto donde el Estado, lejos de proteger a los más vulnerables, decide subsidiar a quienes toman la decisión de excluirlos del sistema productivo.
