El instituto que dirige la esposa de Federico Sturzenegger obtuvo una adjudicación por $114 millones para enseñar inglés en el ISEN, pese a que el dominio del idioma es requisito excluyente para ingresar al organismo
En medio de la cruzada que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, promueve para, según sus propias palabras, «destruir el Estado desde adentro», un revelador episodio salió a la luz pública durante el fin de semana y puso en el centro de la escena a su entorno familiar más cercano. La Cancillería argentina formalizó un contrato por la nada despreciable suma de 114.044.133 pesos con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad cuya dirección ejecutiva recae en María Josefina Rouillet, cónyuge del mentado funcionario nacional.
La particularidad del caso no se agota en el vínculo marital, sino que adquiere ribetes llamativos cuando se examina el objeto del acuerdo: capacitar en lengua inglesa al personal del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). La ironía del asunto reside en que, tal como lo establece la propia normativa de ingreso a esa casa de estudios diplomáticos, poseer un dominio acreditado del idioma de Shakespeare constituye un requisito sine qua non para quienes aspiran a formar parte de la carrera. Los certificados exigidos —entre los que se cuentan el First Certificate of English, el Certificate in Advanced English, el TOEFL con determinados puntajes mínimos, el IELTS con 6.0 o los avales de la UBA— dan cuenta de un nivel de exigencia que difícilmente pueda satisfacer quien no cuente ya con conocimientos sólidos de la lengua.
La contratación, lejos de haberse dirimido en un proceso licitatorio abierto, se gestionó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad, un mecanismo que despertó suspicacias debido al parentesco entre la directora de la organización beneficiaria y un miembro destacado del gabinete nacional. Las autoridades intentaron sortear cualquier cuestionamiento activando el procedimiento de integridad contemplado en el Decreto 202/2017, instancia que involucró a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación. Pese a ello, y tras analizar la Declaración Jurada de Intereses, desde Cancillería reconocieron la existencia de un «vínculo positivo» entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro del Poder Ejecutivo.
La controversia se inscribe en un contexto más amplio que durante la semana pasada ya había colocado a Sturzenegger en el ojo del huracán, cuando salió en defensa de un capítulo de la reforma laboral que prevé la posibilidad de que los empleadores reduzcan hasta un cincuenta por ciento el salario de sus trabajadores durante períodos de enfermedad. Una postura que generó encendidos debates en diversos sectores de la sociedad.
El domingo por la tarde, cuando el escándalo ya recorría las redacciones periodísticas a partir de un despacho de la Agencia de Noticias NA, el canciller Pablo Quirno intentó apagar el incendio con explicaciones que, lejos de disipar las dudas, profundizaron ciertos interrogantes. El funcionario aseguró que el instituto liderado por Rouillet mantiene vínculos contractuales con el Estado de manera ininterrumpida desde 2018, época en que Mauricio Macri ocupaba la presidencia y Sturzenegger se desempeñaba como máxima autoridad del Banco Central. Agregó, además, que durante la gestión de Alberto Fernández también habrían percibido fondos públicos.
«No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario», enfatizó Quirno en declaraciones públicas, donde además tuvo palabras para este medio: «Página/12 escribió la nota que generó las dudas desde el título aunque leyendo la propia nota te das cuenta que ha sido todo manejado de manera correcta». La publicación aludida daba cuenta de la disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, tramitada bajo el expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y el procedimiento 26-0033-CDI25, documentos que pueden consultarse en el sistema COMPR.AR.
Un detalle que no pasó inadvertido para los observadores más atentos es la duración estipulada del acuerdo: nueve meses, con posibilidad de prórroga por un lapso equivalente. La elección de ese período, inferior a los doce meses, habría respondido a la intención de eludir posibles objeciones legales derivadas del parentesco entre la prestadora del servicio y un alto funcionario, según confiaron fuentes familiarizadas con los vericuetos administrativos.
La solicitud del servicio provino de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, enmarcándose en el Plan Estratégico de Capacitación (PEC) correspondiente al período 2025-2027. En los fundamentos del expediente se argumentó que la Asociación Argentina de Cultura Inglesa constituía el «único prestador capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio». Un razonamiento que generó perplejidad en el mercado de la enseñanza idiomática, dada la proliferación de instituciones con probada solvencia para impartir cursos de inglés tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el resto del país.
Al momento de la apertura de ofertas, según consta en la documentación, se presentó una única propuesta: la formulada por la entidad que lidera Rouillet, por el monto que finalmente resultó adjudicado. El esquema de pagos contempla la posibilidad de solicitar un anticipo que puede alcanzar hasta el cuarenta por ciento del total una vez perfeccionado el contrato, sujeto a facturación y contragarantía. El sesenta por ciento restante se desembolsará en dos etapas: un treinta por ciento contra la presentación de resultados de exámenes intermedios, y el último tramo una vez conocidas las calificaciones finales y el listado de aprobados al cierre del ciclo lectivo.
El Instituto del Servicio Exterior de la Nación, cabe señalar, se encuentra bajo conducción de diplomáticos de extensa trayectoria. Durante 2024 la responsabilidad recaía en Carlos Sersale, quien fuera embajador durante el gobierno macrista ante el Reino Unido. En esta ocasión, según trascendió de ámbitos cercanos a la Cancillería, la decisión contó con el beneplácito de Claudio Gutiérrez, por entonces Director General de Recursos Humanos, figura que semanas antes de su partida hacia Tailandia —donde desde diciembre pasado se desempeña como embajador— había suscripto ochenta y tres traslados diplomáticos en una medida que generó no pocas controversias y obligó al gobierno a revisar aquellas disposiciones.
La rúbrica final de la disposición correspondió a Cristina Dellepiane, actual Subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior, cuya carrera se entrelaza también con los entramados del poder: es cónyuge de Alan Claudio Beraud, embajador argentino en Uruguay designado por Javier Milei.
El episodio reaviva el debate sobre los mecanismos de contratación pública en un gobierno que pregona la libre competencia y las virtudes del mercado como ejes de su gestión, al tiempo que expone las complejidades que emergen cuando los vínculos personales y las responsabilidades institucionales se entrecruzan en la asignación de recursos del erario público.
