En el marco del debate oral por el presunto pago de coimas para desviar la pesquisa del crimen del militante del Partido Obrero, salieron a la luz diálogos que exponen los vínculos prohibidos entre agentes de la ex SIDE, integrantes de tribunales y reconocidos letrados. El CELS solicitó penas ejemplares para los imputados y alertó sobre la resistencia corporativa a escarbar en las entrañas del sistema judicial.
En los pasillos del palacio de tribunales de Retiro, conocido como Comodoro Py, el rumor sobre la manipulación de los sorteos que definen el destino de las causas siempre fue un secreto a voces. Hubo un antecedente que encendió todas las alarmas: un misterioso desperfecto técnico cuando el expediente por la muerte del fiscal Alberto Nisman estaba por recaer en el juzgado de Sebastián Casanello, lo que obligó a un nuevo sorteo. Ese episodio dejó al descubierto la teoría que muchos susurraban: la capacidad de las agencias de inteligencia para operar en las sombras y torcer el rumbo de la justicia. Pero lo que hasta entonces eran conjeturas, hoy adquiere forma de prueba en una sala de audiencias.
El caso que ha destapado la cloaca de estas relaciones prohibidas es el del asesinato de Mariano Ferreyra, un joven de 23 años, militante del Partido Obrero, cuyo crimen conmocionó al país el 20 de octubre de 2010. Aquella tarde, una patota liderada por la Unión Ferroviaria, entonces bajo el mando de José Pedraza, acalló a balazos una protesta contra la precarización laboral. En un primer momento, la mirada de los pesquisas se posó sobre los ejecutores directos del ataque. Sin embargo, la fiscal Cristina Caamaño, con celeridad, puso el foco en la cúpula sindical y solicitó la indagatoria de Pedraza apenas unas semanas después, el 8 de noviembre de ese mismo año.
Ahora, en un juicio paralelo que investiga la existencia de sobornos destinados a desviar aquella investigación original, han emergido registros de audio que funcionan como una radiografía descarnada del entramado oscuro que conecta a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ciertos magistrados federales y los grandes estudios jurídicos de la city porteña. Estas conversaciones, ventiladas en el debate oral, revelan la naturalidad con la que se tejían acuerdos para incidir en el curso del expediente, protegiendo intereses que iban más allá de los acusados por el crimen.
Durante la última audiencia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa, elevó un contundente pedido de condena para los cuatro involucrados en esta trama de corrupción judicial. La organización de derechos humanos no solo apuntó a los acusados directos, sino que puso el grito en el cielo ante lo que consideran una férrea resistencia corporativa a profundizar la pesquisa cada vez que las pesquisas amenazan con desnudar las miserias del poder judicial. «Cuando se corren los velos y se muestran los hilos que mueven a los operadores de la justicia, aparece un muro de complicidades», sostuvieron los representantes del CELS ante el tribunal, subrayando la necesidad de no acotar el debate a los acusados individuales sino de entenderlo como un síntoma de una enfermedad sistémica.
El contenido de los audios, según trascendió, expone diálogos de una crudeza inusitada, donde se mencionan contactos directos entre agentes de la ex SIDE y referentes de la justicia federal para «acomodar» la situación procesal de ciertos imputados. También se desprende la participación de abogados de estudios de renombre que, lejos de limitarse a la defensa técnica, habrían operado como engranajes de una usina destinada a entorpecer el accionar de la fiscalía. Estas revelaciones reavivan el fantasma de la «mafia de los sorteos» y recolocan en el centro del debate la autonomía del poder judicial, evidenciando cómo los servicios de inteligencia habrían actuado como una agencia de influencias al servicio de causas concretas.
El desenlace de este juicio promete ser un parteaguas. Mientras los acusados esperan la sentencia, el expediente se ha convertido en un espejo incómodo para un sistema que, como denunció el CELS, prefiere mirar hacia otro lado cuando las pruebas apuntan a sus propias entrañas. La voz de Mariano Ferreyra, acallada aquella tarde de octubre, resuena ahora en cada diálogo desclasificado que prueba cómo el poder, cuando se confabula, puede intentar manipular hasta la mismísima balanza de la justicia.
