A través de la Resolución 174/2026, el Ministerio de Economía oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende la explotación de más de 3.500 kilómetros de rutas en regiones clave del país.
En una nueva maniobra orientada a transferir al sector privado la administración de las principales arterias del país, el Ministerio de Economía dio luz verde al proceso licitatorio correspondiente a la tercera fase del plan de concesión vial. La decisión se formalizó mediante la resolución 174/2026, publicada en las últimas horas en el Boletín Oficial, apenas siete días después de que el ministro del área anunciara la continuidad del cronograma de apertura al capital privado, en lo que denominó como la fase “B” de la Etapa II.
La iniciativa, que se enmarca dentro del proceso de desprendimiento estatal de Corredores Viales Sociedad Anónima, busca entregar en concesión un conjunto de tramos neurálgicos de la red troncal. El objetivo es que empresas nacionales o extranjeras se hagan cargo no solo de la construcción y ensanche de calzadas, sino también de la operación, gestión, refacción, mantenimiento y ampliación de los caminos. A ello se suma la responsabilidad de garantizar servicios asistenciales y de auxilio para los conductores que transiten por esas jurisdicciones.
El paquete de rutas que ahora sale a licitación abarca zonas de alto tránsito y relevancia productiva. Entre las regiones incluidas se encuentran Cuyo, el Centro Norte, el Noroeste, el Noreste, el Litoral, el área chaqueño-santafesina, la región Centro y el corredor Mesopotámico. Se trata, en todos los casos, de trazados que conectan polos agroindustriales, puertos de exportación y centros urbanos de relevancia.
De acuerdo con los fundamentos de la medida, fue la Secretaría de Transporte, dependiente del ministerio conductor de las políticas económicas, la encargada de delinear la propuesta de segmentos viales a ser concesionados. El organismo también tuvo a su cargo la inspección minuciosa del estado actual de la calzada y los caminos, así como la confección de los pliegos de condiciones y los contratos que regirán la relación entre el Estado y los futuros adjudicatarios.
Entre las vías que forman parte de esta nueva etapa de concesión se destacan algunas de las más emblemáticas y transitadas del país. Los oferentes deberán presentar sus propuestas para gestionar porciones de la Ruta Nacional 7, que une Buenos Aires con la frontera con Chile; la Ruta 9, eje del corredor Buenos Aires-Rosario-Córdoba; la Ruta 11, que recorre el litoral; la Ruta 12, fundamental para la conexión mesopotámica; la Ruta 16, que atraviesa el Chaco; la Ruta 18, la Ruta 19 y la Ruta 34, una de las principales vías de comunicación del norte argentino.
El listado se completa con la Ruta 66, la Ruta 105, la traza 1V-66, y las autovías A-012 y A-016. La diversidad de los caminos involucrados refleja la magnitud del proceso licitatorio, que pretende abarcar desde accesos a metrópolis hasta corredores internacionales de intercambio comercial.
Con esta convocatoria, la cartera que conduce Luis Caputo busca consolidar un esquema en el que el sector privado asuma la inversión y el mantenimiento de la infraestructura vial a cambio del cobro de peaje. La decisión se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal y recorte de subsidios, donde el Estado nacional pretende desligarse de los costos operativos de extensas porciones de la red caminera. La apertura de sobres y la posterior adjudicación marcarán el ritmo de una transferencia que, de concretarse, modificará profundamente el mapa de la gestión vial en la República Argentina.
