Con el respaldo de un arco heterogéneo que incluye al PRO, radicales, provinciales y tres disidentes justicialistas, La Libertad Avanza despojó al peronismo de su lugar en la conducción de la Cámara alta. La elección de la jujeña Carolina Moisés como vicepresidenta del cuerpo desató la furia del bloque opositor mayoritario, que denunció un «atropello institucional» y anunció acciones judiciales. El episodio anticipa un año legislativo de alta tensión, con la mirada puesta en el ambicioso paquete de reformas que Javier Milei planea impulsar.
La maniobra desplegada por el oficialismo en el Senado dejó al descubierto una combinación de factores que van más allá de la mera disputa por cargos. Oportunismo político, desdén por las tradiciones parlamentarias y una fuerte carga de antihperonismo se conjugaron para darle forma a una nueva correlación de fuerzas en la Cámara alta. Con el objetivo explícito de erosionar y marginar al bloque Justicialista —el de mayor cantidad de bancas, con 25 integrantes—, La Libertad Avanza tejió una alianza transversal que incorporó no solo a sus socios habituales del PRO, la UCR y monobloques provinciales, sino también a tres legisladores de origen peronista que, envalentonados, decidieron cruzar el charco.
El resultado fue la consagración de Carolina Moisés, senadora por Jujuy de pasado justicialista, como vicepresidenta del Senado, un sitial que por tradición y representatividad numérica le correspondía al peronismo. De esta manera, el Partido Justicialista quedó excluido por completo de la mesa de conducción del cuerpo, un hecho que José Mayans, jefe de la bancada, calificó sin titubeos como «un atropello institucional». El legislador formoseño apuntó directamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien señaló como la artífice de una operación que, según su visión, vulnera tanto el reglamento interno de la Cámara como el espíritu de la Carta Magna. Fuentes del bloque peronista confirmaron a este medio que ya evalúan presentarse ante la justicia para impugnar una movida que consideran un golpe bajo a las reglas de convivencia democrática.
El entramado urdido por el libertarismo no solo trastoca el equilibrio interno del Senado, sino que sienta un precedente sombrío para el trabajo legislativo que se avecina. La señal es clara: la lógica del número impera por sobre el consenso y el respeto a las minorías. Envalentonado por este triunfo táctico, el presidente Javier Milei anticipó a su gabinete que el próximo domingo, durante la apertura de sesiones ordinarias, desplegará un ambicioso temario de proyectos que considera innegociables. Entre ellos, una nueva versión de la reforma laboral —que en su esencia apunta a desmantelar el entramado de protecciones legales forjado a lo largo de décadas—, una reforma política y electoral que incluye la eliminación de las PASO, y cambios sustanciales en los sistemas tributario y previsional. A esto se suma la intención de blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia que reestructuró la SIDE, así como avanzar en designaciones clave en el Poder Judicial, incluyendo jueces, el procurador general y nuevos miembros de la Corte Suprema.
«Eso está por verse», reflexionan en voz baja dos miembros del bloque Justicialista, conscientes de que el mapa actual es el resultado de las urnas de octubre, pero también de que la evolución de la economía y sus efectos en la ciudadanía pueden llegar a modificar drásticamente los vientos políticos. En ese compás de espera, la consigna interna es organizarse y resistir. Reconocen la estocada que significa perder un lugar en la conducción, pero también celebran como un pequeño triunfo la ratificación de Javier Fernández al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), un puesto que había despertado las apetencias del correntino Carlos «Camau» Espínola, a quien se le prometió un lugar para un hombre de su confianza pero que, al menos por ahora, quedó a la espera.
Dentro del peronismo, la defección de Moisés y los otros dos senadores que la acompañaron —el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza, todos ellos alineados con mandatarios provinciales de perfil dialoguista con la Casa Rosada— es leída con una mezcla de resignación y alivio. «Pone negro sobre blanco», aseguró un legislador del bloque a este diario, explicando que la desconfianza hacia ellos era un secreto a voces y que cualquier debate interno se veía contaminado por la sospecha de que las conversaciones terminaban filtradas en despachos oficiales.
La sesión del martes, que suele transcurrir con la previsibilidad de un trámite burocrático, se transformó en un campo de batalla. Mientras que la presidencia provisional quedó en manos del oficialista Bartolomé Abdala —un lugar natural por su posición en la línea sucesoria—, la vicepresidencia, que históricamente se reserva para la bancada opositora más numerosa, fue arrebatada al peronismo. Los otros dos cargos en la mesa directiva fueron para la radical Carolina Losada y la cordobesa Alejandra Vigo. La ruptura del acuerdo no escrito que obliga a respetar las proporciones políticas fue total.
Lejos de amainar la tormenta, Patricia Bullrich redobló la apuesta y salió al cruce de las críticas con un argumento que en el peronismo tildaron de falacia: sostuvo que no hay violación del reglamento porque Moisés es peronista, ignorando que la tradición parlamentaria asigna el cargo al bloque opositor en su conjunto, no a la identidad política individual de un legislador. Con ironía criolla, José Mayans recurrió al Martín Fierro para graficar la situación: «Árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. Esta maniobra ya nace torcida porque el lema es ‘Tengo número y hago lo que quiero'».
La ministra, fiel a su estilo, esperó a que la sesión concluyera para publicar en su cuenta de la red social X un irónico y provocador «Ups», sellando la burla hacia el peronismo.
El nuevo armado y el rol de los gobernadores
El ascenso de Carolina Moisés no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de una estrategia más profunda. En la jerga del Senado, a legisladores como ella se los solía llamar «sin techo» por carecer del respaldo de un gobernador de su mismo signo político en su provincia. Sin embargo, la jujeña encontró un padrino de peso en el salteño Gustavo Sáenz, un mandatario que ha ido distanciándose notoriamente del peronismo ortodoxo para acercarse a los designios de Milei. Desde su entorno se gestó el nuevo bloque bautizado «Convicción Federal», que integran Andrada (alineado con el gobernador catamarqueño Raúl Jalil) y Mendoza (cercana al tucumano Osvaldo Jaldo).
En un intento por despegarse del estigma de tránsfugas, Moisés salió a aclarar: «Reafirmo mi identidad peronista y mi compromiso con el debate democrático», aunque en un comunicado posterior el flamante grupo se encargó de desligarse del rumbo económico libertario y, de paso, apuntar contra Cristina Fernández de Kirchner como responsable de la crisis interna que atraviesa el movimiento justicialista. Un giro radical para quien no hace tanto posaba en fotos junto a la exmandataria.
Pero la jugada maestra fue revelada por la propia Bullrich al admitir que la elección de Moisés responde a un «ofrecimiento a los gobernadores para consolidar la mayoría de 47 senadores». De consolidarse ese número, el oficialismo quedaría a un solo voto de alcanzar los dos tercios de la Cámara, una mayoría calificada que le allanaría el camino para sancionar todas las leyes que Milei considera fundamentales para transformar —o, en palabras de sus críticos, desguazar— el andamiaje legal argentino.
A este complejo mosaico se suma el nacimiento de otro interbloque dentro del universo afín al Gobierno: «Impulso País». La nueva coalición reúne a los tres senadores del PRO (Enrique Goerling, Andrea Cristina y María Victoria Huala), a Alejandra Vigo, a Edith Terenzi, a Beatriz Ávila y, otra vez, a «Camau» Espínola, quien se perfila como su titular. Este espacio se presenta con un barniz de «visión federal y productiva», intentando marcar una sutil distancia del férreo control libertario. Tal vez por eso, Bullrich, precavida, admitió que este conglomerado no será monolítico y que en algunos proyectos podrían surgir «visiones diferentes». Una declaración que también podría leerse como un intento de bajar el perfil luego de que versiones periodísticas señalaran que su alto voltaje protagónico habría despertado el malhumor de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, algo que, en los pasillos de la Casa Rosada, nadie recomienda provocar.
