En medio de la toma del edificio del fuero y un paro de actividades, el delegado general Cristian Carro denunció que la iniciativa oficialista para transferir competencias a la Ciudad de Buenos Aires encubre un objetivo de desregulación profunda, comparable con un retroceso al siglo XIX en materia de contratación.
En una escalada de tensión que mantiene en vilo al ámbito judicial porteño, la ocupación de la sede del fuero laboral y la medida de fuerza dispuesta por los trabajadores del sector no constituyen episodios aislados de reclamo sectorial, sino la punta de un iceberg de un debate estructural de hondas raíces. El conflicto, que ha tomado estado público con características dramáticas, encuentra su génesis en el discurrir de una disputa de larga data: el traspaso de competencias desde la Nación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, como correlato, la incertidumbre que pesa sobre el destino de la Justicia Nacional del Trabajo.
Desde el epicentro de la medida, Cristian Carro, delegado general del fuero laboral, ofreció una contundente explicación de los motivos que llevaron a sus representados a esta instancia de protesta. En diálogo con Radio 750, el dirigente sindical graficó la pulseada como una resistencia frontal a lo que calificó como un «absurdo» institucional. «Estamos combatiendo contra esta sinrazón que implica desmantelar la Justicia Nacional del Trabajo, un anhelo que ciertos arcos políticos vienen acariciando desde hace años», manifestó con vehemencia.
Carro profundizó su análisis al desentrañar los mecanismos del debate, el cual se sustenta en la reforma constitucional de 1994 y en la eterna discusión acerca de la autonomía judicial de la Capital Federal. En el centro de la polémica se encuentra la encrucijada sobre si el distrito porteño debe erigir un fuero laboral propio o si, por el contrario, procede la transferencia de la estructura nacional existente. «Es en ese caldo de cultivo donde germinan otros conflictos», advirtió, «cuya finalidad última es devastar el entramado protectorio que ampara a las y los trabajadores, una embestida que marcha en paralelo con los lineamientos de la nueva reforma laboral que se pretende imponer».
El delegado estableció un vínculo directo entre esta pulseada institucional y el espíritu del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, esa cláusula que consagra la protección del trabajo en sus múltiples manifestaciones. Con una precisión histórica, Carro recordó los orígenes de ese precepto constitucional: «No es una bandera partidaria del peronismo, sino que data de la época de la Revolución Libertadora, y en sus líneas queda explicitado que el trabajo, sea cual fuere su forma, gozará del amparo de las leyes». Acto seguido, contrastó ese espíritu con las políticas del gobierno actual. «Lo que propone la gestión de Milei es desamparar el salario, y el horizonte último, inscripto en esa cosmovisión filosófica, es instaurar la libre contratación sin cortapisas, que no es otra cosa que un retroceso a las condiciones del siglo XIX», aseveró sin titubeos.
El dirigente judicial pintó un panorama de ofensiva política multifacética. Según su perspectiva, el Poder Ejecutivo se muestra envalentonado por el escenario político y está desplegando una pesada artillería de modificaciones en los planos institucional y jurídico. No obstante, subrayó que, en este frente específico, tales embestidas «colisionan de frente con los preceptos constitucionales».
Uno de los ejes más salientes de su alegato giró en torno a la reforma laboral y la tergiversación del sentido de la indemnización por despido. Carro se detuvo a corregir lo que considera un «error conceptual» ampliamente difundido. «Se piensa erróneamente que la indemnización es un simple resarcimiento económico que percibe el empleado en función de su antigüedad, un dinero para afrontar el desempleo. Y no es así. La esencia de esa figura jurídica es funcionar como una valla disuasoria, su objetivo medular es que el despido no ocurra», explicó con pedagogía gremial.
A pesar del clima de confrontación y de un horizonte que se vislumbra complejo, el delegado general se permitió cerrar su intervención con una nota de esperanza militante. «No me siento derrotado ni mucho menos, porque deposito una fe inquebrantable en la capacidad de reacción de la sociedad. En esta pulseada habrá momentos donde toque replegarse, pero estoy convencido de que recuperaremos la iniciativa política y lograremos encauzar las cosas por donde corresponde», concluyó, dejando abierta la perspectiva de una lucha que promete continuar en las calles y en los estrados judiciales.
