A pesar de las advertencias de los sectores más críticos y de una abrumadora desconfianza hacia la palabra oficial, la mayoría de los gremios docentes sellaron un pacto salarial que la oposición tilda de «parodia». La estrategia judicial impulsada por la comunidad educativa quedó en un compás de espera tras la intervención del Procurador del Tesoro, sumiendo al reclamo por el financiamiento en un limbo legal.
La tensión que se respiraba en el ambiente gremial universitario desde el miércoles pasado no era infundada. La desconfianza hacia un Poder Ejecutivo con un historial marcado por el incumplimiento de sus compromisos y una reconocida renuencia a ceder en sus posturas generaba un profundo escepticismo entre las bases docentes. Sin embargo, en un giro que tomó por sorpresa a los observadores más atentos, la balanza de la votación se inclinó finalmente a favor de la aceptación de una propuesta salarial que, en términos numéricos, no alcanza siquiera la mitad del porcentaje estipulado por la Ley de Financiamiento Universitario.
El desenlace de esta negociación dejó un reguero de interrogantes y un malestar que amenaza con profundizar la fractura interna del movimiento sindical. En las últimas horas, el recurso de amparo judicial que la comunidad educativa había presentado ante la Corte Suprema de Justicia con la esperanza de obligar al Ejecutivo a cumplir con la normativa vigente quedó prácticamente desactivado. La estrategia legal, que se vislumbraba como el último bastión para garantizar los recursos necesarios para las casas de altos estudios, se topó con un muro procesal que generó un profundo desaliento entre los impulsores de la medida.
“Resultaba previsible que existiera alguna artimaña de por medio, ya que hasta veinticuatro horas antes de la firma de la paritaria no se había elaborado ni siquiera un esbozo de documento”, expresó con indignación el secretario general de FEDUBA (Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires), Pablo Perazzi, en una entrevista concedida a Radio 750. Sus palabras reflejaban el sentir de aquellos que veían en la demora y la opacidad del proceso una clara señal de que el oficialismo no estaba dispuesto a sentarse a dialogar de buena fe.
La oferta gubernamental, considerada magra por todos los sectores, consistió en un incremento de apenas un 21,3 por ciento, que será percibido recién con los haberes de mayo pero abonado en el mes de julio, sumado a un adicional del 3 por ciento sobre el salario de septiembre, cuyo cobro se efectivizará en octubre. Esta cifra resulta irrisoria si se la compara con el 54 por ciento de aumento que la ley de financiamiento establecía como necesario para recomponer los salarios docentes. “Este proceso tuvo escaso contenido negociador y, en rigor, constituye una parodia de lo que debería ser una paritaria”, sentenció el dirigente sindical, calificando duramente el desenlace.
La postura de FEDUBA fue siempre contraria a la rúbrica del acuerdo. El sindicato argumentaba que, a la luz de las experiencias previas en otras negociaciones con el actual gobierno, la comunidad educativa no podía depositar su confianza en las promesas oficiales. Esta posición fue respaldada de manera contundente por más del 80 por ciento de los afiliados, quienes a través de una consulta previa manifestaron su rechazo a aceptar un ofrecimiento tan exiguo. Los docentes consideraban que, tras haber protagonizado cuatro multitudinarias marchas federales que marcaron un hito en la historia reciente, innumerables clases públicas en las calles, cortes simbólicos de tránsito y una oleada de solidaridad sin precedentes con la educación superior, el gobierno era quien debía realizar las concesiones y no al revés.
“Llegamos a una firma donde el acuerdo estaba prácticamente sellado de antemano. Esta negociación se venía cocinando durante veinte días. El gobierno simplemente dijo: ‘Hay esta cantidad de dinero, si les parece bien, la aceptan, y si no, también’. No hubo intercambio ni discusión alguna”, cuestionó Perazzi, quien añadió con tono grave: “No podemos darle un respaldo político a esto”. La crítica apuntaba a desnudar la falta de voluntad real del Ejecutivo para abordar el conflicto de fondo, reduciendo la problemática universitaria a una mera cuestión presupuestaria cerrada.
No obstante, la postura mayoritaria entre los gremios nucleados en la Confederación de Docentes Universitarios (CONADU) fue la de aceptar el incremento y, como contrapartida, levantar las medidas de fuerza que se venían desarrollando para abrir así una nueva etapa de diálogo. Esta decisión, sin embargo, no fue unánime. Los sindicatos que integran la CONADU Histórica manifestaron su disconformidad y anunciaron que continuarán con el plan de lucha durante la presente semana, profundizando la grieta en el seno del sindicalismo docente.
El impacto del acuerdo trascendió el ámbito estrictamente salarial para instalarse en el terreno judicial. De manera casi inmediata a la firma del acta, el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, incorporó el documento suscripto el miércoles a la acción judicial que el Ejecutivo había presentado para frenar el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Este movimiento estratégico del gobierno provocó un terremoto procesal que dejó en vilo la resolución del conflicto.
“Esta maniobra implica que la cuestión del amparo ingresa en una especie de zona gris, porque la Corte Suprema toma nota de que las partes han iniciado un proceso de negociación y, además, en el acta paritaria no se hace ninguna mención explícita a la Ley de Financiamiento Universitario”, detalló Perazzi. El dirigente explicó que, ante este nuevo escenario, el máximo tribunal podría abstenerse de fallar sobre el fondo de la cuestión, dilatando la resolución de manera indefinida. “Esta es una señal pésima para la educación superior y para todos aquellos que confiaron en la justicia como garante de la ley”, concluyó, dejando entrever que la lucha por el presupuesto universitario recién comienza, ahora en un escenario aún más incierto y complejo.
