En una movilización que sacudió los cimientos del conurbano, fuerzas de seguridad dispersaron con gases y bastones a los manifestantes que buscaban bloquear el puente Pueyrredón. La medida oficial, que deja a 900 mil beneficiarios sin su subsidio mensual, desató una ola de cortes y protestas en todo el territorio nacional, exponiendo la crudeza de un modelo que, según los referentes sociales, busca desarticular el tejido organizativo de los sectores más postergados.
La crispación social se adueñó ayer de las calles argentinas en una de las jornadas de protesta más álgidas desde la asunción del nuevo gobierno. El detonante fue la confirmación del cese definitivo del programa estatal «Volver al Trabajo», una decisión ejecutiva que dejará sin efecto, a partir del próximo 5 de agosto, el ingreso mensual de 78 mil pesos que percibían cerca de un millón de trabajadores de la economía popular. La medida, ejecutada a través del ministerio de Capital Humano tras un revés judicial, transformó la bronca contenida en una movilización federal que tuvo su epicentro crítico en la estación Avellaneda, donde la respuesta represiva del Estado marcó el tono del conflicto.
Desde las primeras horas del día, las organizaciones sociales convocaron a un acampe masivo frente a la terminal ferroviaria del sur del Gran Buenos Aires. Lo que comenzó como una protesta estática mutó rápidamente en un intento de interrupción del tránsito hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando columnas de manifestantes intentaron ascender al puente Pueyrredón. Sin embargo, el operativo de seguridad diseñado por el ministerio de Seguridad, que desplegó efectivos de la Prefectura Naval y la Policía Federal, lo impidió de manera contundente. Los agentes, apostados en el acceso a la calzada, no dudaron en utilizar la fuerza física y química para contener el avance. El aire se tornó irrespirable con el lanzamiento de proyectiles de gas lacrimógeno, mientras los palos se mezclaban con los gritos y el estruendo de las cubiertas incendiadas que los piqueteros habían arrojado sobre el pavimento como símbolo de resistencia.
Pese a la violencia del operativo oficial, que incluyó cargas directas contra la vanguardia de la columna, el ímpetu de los concurrentes no decayó. Tras los forcejeos iniciales, los manifestantes replegaron su posición pero mantuvieron firme el control territorial, logrando cortar durante más de dos horas las cuatro manos de la avenida Hipólito Yrigoyen. Fue en ese contexto de tensión contenida que el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, arengó a la multitud desde un improvisado escenario. «Vamos a llegar hasta la Corte Suprema si es necesario», sentenció, al tiempo que anunciaba la apelación del fallo adverso que allanó el camino para la suspensión de los pagos. La consigna resonó entre los presentes, muchos de los cuales observaban con incredulidad la inminente pérdida de su único sustento formal.
La crudeza del momento quedó retratada en el testimonio de Norma Morales, dirigente nacional de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la UTEP. Residente del barrio Danubio Azul, en Avellaneda, la referenta describió el ambiente de conmoción que reina en su comunidad. «La gente no termina de creer que esto va a suceder. Hay una negación colectiva: piensan que es una amenaza más, que el 5 de agosto el dinero estará ahí. Pero el golpe será demoledor cuando vean las cuentas vacías», confesó a este diario. Morales, quien para sortear la crisis combina cuatro oficios distintos (una cooperativa textil, lavacopas los fines de semana, venta de comidas típicas y comercialización de indumentaria por redes sociales), representa el espejo de un universo de supervivencia donde el trabajo informal se erige como la única salida.
El descontento no se circunscribió al cordón industrial del sur. La réplica de la protesta se sintió en distintos puntos cardinales del país. En la intersección de Rivadavia y la avenida General Paz, el exreferente de la UTEP, Esteban Castro, encabezó una oración con una imagen de la virgen de Luján en alto, denunciando la intención del Ejecutivo de profundizar el hambre en los sectores más vulnerables. Más al sur, en Mar del Plata, los manifestantes sobre la Ruta 2 instalaron una olla popular para alimentar a doscientas personas, como anticipo de la emergencia alimentaria que se avecina. En todos los casos, el reclamo fue unánime: la restitución de un programa que, durante la gestión anterior, funcionó como un amortiguador ante la precariedad laboral crónica.
Los analistas políticos señalan que el conflicto trasciende lo meramente económico. Para dirigentes como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, el Ejecutivo persigue un objetivo de fondo que va más allá del ahorro fiscal. «El gobierno aspira a desarticular las estructuras de representación obrera. Al cancelar este salario complementario, no solo perjudica a los beneficiarios directos, sino que golpea a los comedores comunitarios y seca el consumo en los barrios populares. Buscan que los trabajadores estén aislados, sin capacidad de resistencia, para que los salarios se abaraten sin que nadie proteste», argumentó Belliboni, quien resultó afectado por los gases al encarar a un jefe del operativo policial. Su relato del intercambio es revelador: mientras el dirigente reclamaba por el derecho a la manifestación, el oficial respondió esgrimiendo su propio «derecho a reprimir».
La jornada, sin embargo, estuvo marcada por un halo de violencia controlada que, pese a la tensión, no dejó heridos de gravedad ni detenciones. Las fuerzas de seguridad, aunque agresivas en el uso de los elementos disuasivos, se limitaron a contener el avance sin efectuar aprehensiones. La columna de Avellaneda se mantuvo firme hasta pasado el mediodía, horario en que la protesta piquetera se fusionó con la movilización convocada por las centrales obreras tradicionales y los jubilados, amplificando el espectro del descontento social.
Laura Cibelli, del Movimiento de Trabajadores y Excluidos (MTE), fue tajante al calificar el accionar gubernamental como un ataque a la democracia misma. «La represión de hoy demuestra que la protesta social está vedada. No se puede hablar de una democracia real cuando se criminaliza la necesidad y se persigue a quienes piden por un plato de comida. Es una crueldad mayúscula quitarles el salario a 900 mil personas, sabiendo que eso derivará en el cierre de cientos de comedores que ya no reciben ni siquiera el envío de alimentos por parte del Estado», lamentó.
Mientras el sol caía sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, la incertidumbre se instalaba como el único horizonte cierto para los trabajadores informales. El próximo 5 de agosto se perfila como una fecha de inflexión, donde la falta del depósito mensual no solo dejará en evidencia la fragilidad de las economías domésticas, sino que pondrá a prueba la capacidad de respuesta de un movimiento social que, pese a los gases y los palos, amenaza con no claudicar en su lucha por la supervivencia. La apelación a la Corte Suprema y la promesa de nuevas medidas de fuerza auguran un escenario de conflictividad creciente, en un país donde la recesión y el ajuste golpean con mayor virulencia a los que menos tienen.
