En una extensa deliberación en la histórica sede de Azopardo, el Consejo Directivo de la central obrera inclinó la balanza hacia un esquema de protestas sectoriales y temáticas, descartando por el momento la opción de una huelga general de 36 horas que algunos sectores impulsaban con vehemencia. La entidad sindical busca capitalizar el desgaste oficial pero admite incertidumbres sobre cómo canalizar el malestar social sin que la reacción popular se vuelva contra sus propias filas.
En el corazón de la ciudad de Buenos Aires, la Confederación General del Trabajo (CGT) escenificó esta tarde una reunión de su Consejo Directivo que, más allá de los formalismos gremiales, se convirtió en un termómetro de las tensiones internas y las estrategias futuras ante la administración de Javier Milei. Tras más de cuatro horas de deliberaciones en la sede sindical de la calle Azopardo, la central obrera selló un acuerdo de avanzada hacia un plan de reclamos, aunque sin estampar en el calendario una fecha precisa ni definir la morfología concreta que adoptarán las acciones. El cónclave, que convocó a una decena de líderes sindicales desde las catorce horas, derivó en un pronunciamiento que inclina la balanza hacia un esquema de medidas de fuerza sectoriales y sostenidas, en detrimento de la opción de un paro general de 36 horas que algunos de los presentes habían agitado en la arena pública durante las últimas semanas.
El encuentro se desarrolló en un clima de debate álgido, atravesado por las posiciones encontradas que reflejan la fragmentación del mapa gremial. Mientras un ala dura, encabezada por referentes como Luis Barrionuevo (gastronómicos), Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA), venía pregonando la necesidad de un estallido contundente con movilización a la Plaza de Mayo, otra corriente más pragmática, liderada en el discurso por Juan Carlos Schmidt (CATT), abogaba por un sistema de protestas «escalonado, sistemático y con coordinación comunicada» que produjera un desgaste progresivo sobre el gobierno. Finalmente, la mayoría de los consejeros se inclinó por esta segunda aproximación, dando luz verde a la construcción de un plan de acciones temáticas que, según confiaron fuentes internas, «confluirá en una gran medida de fuerza» en un horizonte todavía impreciso, pero que se empezará a edificar desde la semana entrante.
La deliberación, sin embargo, no estuvo exenta de asperezas. Uno de los momentos inaugurales de la sesión consistió en un detallado informe a cargo de Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, quien repasó los logros obtenidos en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un capítulo que sirvió como preámbulo técnico antes de adentrarse en el espinoso terreno local. Fue allí donde las diferencias se hicieron más palmaras. La ausencia de figuras emblemáticas como el gastronómico Barrionuevo y el referente de UTA, Calegari, quienes enviaron representantes pero no asistieron en persona, sumada a la falta del secretario general de Sanidad, Héctor Daer, quien se encontraba de viaje en Santa Cruz, dejó entrever la complejidad del armado interno. Aun así, la conducción de la reunión logró destrabar el nudo principal: la opción del paro general quedó, en palabras de un asistente, «muy verde», postergada para un análisis posterior que algunos ya anticipan hacia fines del año en curso.
El diagnóstico que atraviesa a la cúpula sindical es doblemente complejo. Por un lado, los dirigentes reconocen el evidente deterioro del nivel de vida de los trabajadores y el desgaste pronunciado en la imagen presidencial, pero, por el otro, admiten con crudeza sus propias limitaciones para capitalizar ese descontento y encauzarlo hacia una protesta masiva y efectiva. Un colaborador cegetista sintetizó la paradoja con crudeza: «Hay una idea de salir a volantear, de generar concientización en estaciones de transporte y universidades. El malestar tiene que salir de abajo para arriba. Podemos tomar medidas intermedias, por ejemplo, que los trenes circulen la mitad del camino y ralentizar la marcha, el problema es que se te vuelve en contra la gente. Putean al sindicalismo y no al gobierno». Este temor a la reacción popular, a que la ira ciudadana se vuelva un búmerang contra las propias organizaciones obreras, se erigió como uno de los principales escollos a la hora de diseñar la estrategia.
En ese marco, el plan acordado apunta a una suerte de pedagogía social previa, que incluya una mayor presencia mediática de la central y la designación de nuevos voceros capaces de abordar problemáticas actuales con un lenguaje que resuene en el ciudadano común. La idea es conectar con el «hombre de a pie» tomando banderas concretas, como el alarmante nivel de endeudamiento familiar, un flagelo que, según datos manejados en la reunión, afecta al veinte por ciento de la población. «Algo tenés que decirles a esos trabajadores», insistió un gremialista, subrayando la urgencia de ofrecer respuestas que vayan más allá de la consigna tradicional. La experiencia previa con la reforma laboral, que generó un inusitado eco en la opinión pública, sirve como espejo donde la CGT cree posible reflejarse para reconstruir su legitimidad.
Sin embargo, no todo es optimismo en el seno del sindicalismo. Las críticas también se dirigieron hacia el arco político opositor, en particular al peronismo, con el que los dirigentes admiten una falta total de articulación. «La interlocución de la actividad sindical con la política no existe, no hay articulación. Con la oposición no hay diálogo y con el gobierno no se puede hablar», resumió con frustración uno de los participantes, reflejando el aislamiento en el que se sienten inmersos. Esta orfandad de aliados institucionales contrasta con la necesidad de tejer alianzas que permitan sostener un plan de lucha prolongado. El desencanto se hizo palpable incluso en el retiro anticipado de algún consejero, que calificó el debate como «un papelón» y «un desastre» por la constante postergación de definiciones concretas.
Lo cierto es que, por ahora, la CGT se embarca en un camino de acción intermedia, que combinará medidas de protesta focalizadas en sectores estratégicos —como el transporte, la educación y los servicios públicos— con una campaña de concientización que busca preparar el terreno para una eventual convocatoria mayor. El objetivo último, según trascendió, es acumular fuerzas y desgastar al gobierno de manera sostenida, especialmente después del paréntesis que significará el Mundial de fútbol, para, eventualmente, desembocar en una medida de fuerza de gran envergadura que aún no tiene nombre ni fecha, pero que ya late en el horizonte sindical como la carta definitiva. Mientras tanto, la central obrera transita un delicado equilibrio entre la presión de sus bases, la demanda de acción de sus sectores más combativos y la prudencia que le impone un escenario social volátil, donde el descontento existe, pero su canalización sigue siendo un enigma sin resolver. La semana que viene, cuando comience a gestarse el plan de acción, se empezarán a escribir los primeros renglones de un conflicto que promete ser extenso y, quizás, decisivo para el devenir de la gestión libertaria.
